Si la fiscal general, Diana Salazar, no se hubiera retirado de la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se pretendió que participe el exlegislador correísta Ronny Aleaga, el pasado lunes 13 de mayo, a ella le habría tocado separarse del caso Metástasis por mantener contacto con uno de los procesados fuera de las audiencias, como lo indica la legislación penal.

Así lo explicó la funcionaria la noche del pasado martes 14 en una entrevista con CNN en Español, en el espacio que conduce Fernando del Rincón.

El pasado 13, la fiscal asistió a una comparecencia en la Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre, para hablar de los casos León de Troya y La Madrina. Ella informó -a la mitad de la reunión- que Aleaga se conectaría, lo que molestó a Salazar, quien abandonó la sala, y con ella se fueron otros cinco legisladores de esa comisión.

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Ella calificó de “emboscada” lo ocurrido en la Asamblea Nacional, y dijo que no se iba a prestar para ese show montado por el correísmo.

En CNN, Diana Salazar dijo que está investigando la actuación de Aguirre, quien habría incurrido al menos en dos delitos: fraude procesal y obstrucción de la justicia.

“Al conocer el paradero de un prófugo (y no denunciarlo) incurre en el delito de fraude pocesal, que consta en el segundo inciso del artículo 287 de nuestra legislación (penal). En un aspecto más amplio (podría ser), obstruccion de la justicia porque estamos siendo víctimas de un ataque sistemático con el único fin de impedir la acción libre de la fiscal, por lo menos en este caso... Lo que sí tienen que explicar los prófugos de la justicia son sus vínculos con el narcotraficante ya fallecido Leandro Norero”, indicó.

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Agregó: “Si la fiscal general no hubiese tenido ese tipo de reacción (salir de la sala), y que tuvo que pensar en ese momento, caía en la emboscada y el día de mañana tenía que separarme de la causa porque ya se mantuvo ese contacto con el procesado fuera de una audiencia como lo establece la legislación. Hacia eso van, a buscar la impunidad porque a eso han estado acostumbrados”.

La fiscal explicó que la sesión de la Comisión de Fiscalización era presencial, no existía un link de conexión. Por ello, “ahora mismo le vamos a pedir a la presidenta de la comisión que indique quién hizo esa conexión, qué contacto tuvieron, porque además (nos contactaron) al correo electrónico con mucha insistencia, el fin de semana, porque querían asegurarse de que asista la fiscal general para presenciar este show. Nosotros no no prestamos para eso, nosotros hablamos en las audiencias con los jueces y los abogados de los prófugos de la justicia”, explicó.

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También indicó que esto tenía como propósito causar más controversia en el juicio político en su contra que está por tratarse en la Asamblea. Justamente el movimiento Revolución Ciudadana presentó este 14 de mayo un nuevo pedido de interpelación por otras causales.

En el primer pedido de juicio, ya calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), se la señala por haber incumplido sus funciones al supuestamente haber actuado sesgadamente en trece casos. Ella advirtió que la Asamblea tiene atribuciones de control político, no en lo procesal, “y las 13 causales son de casos...”.

En el segundo pedido, que aún no ha sido aceptado por el CAL, se la acusa “de no haber sido efectivos en la lucha contra al lavado de activos cuando el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) ha emitido informe que dice que sí lo somos. Y me acusan de no haber actuado en un caso del 2016 cuando yo aún no era fiscal general... El fiscal era Galo Chiriboga que primero fue embajador de España (en el gobierno de Correa) y luego vino a cumplir las órdenes de su jefe”, reclamó. (I)