La desigualdad es, en sí misma, un concepto difuso. Se habla de desigualdad social cuando el trato que recibe, los beneficios y oportunidades a las que accede una persona dependen de su posición social, económica, ideológica, etc. Es común encapsular la desigualdad social en el concepto de desigualdad económica exclusivamente, sin embargo, se trata de un concepto que aborda otros ámbitos que no se limitan al acceso a recursos económicos, sino que dependen de una dinámica social, histórica, tradiciones, roles, y que generan como consecuencia un trato diferenciado a los individuos.

Las desigualdades sociales en el Ecuador son muy marcadas. Tanto por la persistencia de instituciones sociales que reproducen estas desigualdades, como el machismo en el mercado laboral, como por los factores que amplifican diferencias que se circunscriben al ámbito cultural y étnico, en el círculo vicioso de la pobreza.

Por ejemplo, la población indígena y afroecuatoriana tiene niveles de pobreza muy superiores a la población mestiza o blanca, 43% versus 14-17%, respectivamente, si se observa la incidencia de la pobreza en los jefes de hogar (Enemdu, 2019). De la misma forma se pueden observar desigualdades por género; los niveles de pobreza de las mujeres son superiores a los de los hombres, fundamentalmente por los roles sociales que asumen en el hogar en el cuidado de los hijos o de los adultos mayores.

Si lo vemos por el lado de los ingresos, la pobreza nacional se ha incrementado a partir del 2017, que alcanzó el 21,5%, a algo más del 30% (INEC, 2020). A la par, la desigualdad económica entre los hogares del sector urbano y el rural mantiene su brecha; la pobreza rural supera el 40% al 2020, mientras que la pobreza urbana se mantiene alrededor del 20%.

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Las oportunidades de la población para el ascenso y movilidad social dependen fundamentalmente del acceso al sistema educativo. La desigualdad social también se pone de manifiesto en el acceso a la educación formal, agravándose en la educación superior. Mientras en el quintil (20%) más pobre de la población por ingresos, alrededor del 7% no accede a ningún tipo de formación, esto solo sucede en el 1,7% de la población del quintil más rico (Cepal). Asimismo, mientras solamente el 6% de la población más pobre accede a educación superior (técnica o universitaria), en el quintil más rico esto sucede en el 45% de la población.

En cuanto al acceso a recursos productivos, los niveles de concentración son evidentes. La concentración de la tierra, según el Censo Nacional Agropecuario del 2000 (INEC), es particularmente fuerte en provincias como Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Azuay, mientras la menor concentración se observa en las provincias orientales. De la misma forma, el 75,4% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) abarca el 11,82% de la superficie de tierra, es decir, son mayoritariamente propiedades productivas de entre 1 y 10 hectáreas. Entre 10 y 50 hectáreas se ubican el 18% de las UPA y abarcan el 27,4% de la superficie productiva. Y las propiedades de más de 50 hectáreas abarcan el 60,7% de la tierra.

La reducción de las brechas sociales requiere de un proceso sostenido, comprometido, de construcción de acuerdos en función de mayor equidad.

La equidad no suele ser un tema que forme parte de las agendas políticas, particularmente nacionales, mientras que en las provincias hay muchos que la promueven, fundamentalmente por la consciencia de los efectos que genera un desarrollo bipolar en el país, alrededor de las grandes urbes de Quito y Guayaquil.

Trabajar en función de reducir estas brechas y promover condiciones de equidad requiere de la revisión de la política pública que mantiene o reproduce estas inequidades. Por ejemplo, la asignación presupuestaria en los gobiernos autónomos descentralizados continúa siendo mayoritariamente en función de la población y de las necesidades básicas insatisfechas. Si bien esto reconoce una dinámica natural del proceso de urbanización, también contribuye a reproducir la inequidad que se genera en las condiciones de infraestructura a nivel provincial.

Algo similar sucede con el acceso a la educación. Mientras la oferta universitaria se encuentra estancada por la falta de recursos, particularmente en el sistema público, la gratuidad absoluta en el acceso al sistema ha contribuido muy poco a modificar la composición de los estudiantes en las instituciones universitarias, y, por el contrario, involucra un gasto equivalente del esfuerzo fiscal en estudiantes con posibilidades económicas y aquellos que no las tienen. Esto reproduce un esquema ineficiente e inequitativo.

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Una de las características particulares de esta crisis sanitaria y económica, distinta a todas las anteriores, es su nivel de profundización en las condiciones de desigualdad. Desde el punto de vista laboral, el teletrabajo se ha planteado como una alternativa válida que, sin embargo, no es susceptible de implementación en todos los sectores económicos por igual, beneficiando a los sectores formales con población mejor formada y de tareas vinculadas a la administración y servicios; mientras que, en sectores de bajo capital humano y baja remuneración, como el obrero, manufacturero y construcción, esta modalidad no es una alternativa. Las medidas de restricción operativa han afectado más al trabajador de menor remuneración y estabilidad económica.

Mientras, la virtualidad ha puesto de manifiesto la desigualdad en el acceso a herramientas de comunicación digital, Internet y relacionados. Al 2019, solamente el 41% de la población tenía acceso a una computadora, 23,3% a una computadora en el hogar y 45,5% a servicio de Internet. Sin embargo, la brecha entre los sectores urbanos y rurales es muy marcada. Excepto en el acceso a un equipo de cómputo general, en donde la brecha es de 1,6 a uno a favor del sector urbano, en las otras dos mediciones esta diferencia es más del doble. Las consecuencias en términos de la pérdida de capital humano en el largo plazo, derivadas de estas desigualdades, dejan un horizonte sombrío si no hay una política clara de mejora en la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en los sectores más desfavorecidos.

Finalmente, el aspecto más evidente en la profundización de las desigualdades se relaciona con los servicios de salud. Mientras hogares con mayores ingresos y sistemas de seguro privado pueden optar por diversos servicios médicos para la atención de las consecuencias de la pandemia, los hogares más pobres o bien no tienen cobertura, o bien tienen como única alternativa al sistema público de salud y el IESS.

En estas condiciones la mayor demanda se concentra en el sistema público que ha colapsado en múltiples ocasiones a pesar de los grandes esfuerzos. El saldo de muertos tiene como consecuencia no solamente la pérdida de un ser humano, sino su rezago en aquellos hogares en donde estas pérdidas significan la pérdida del sustento familiar. Las consecuencias en términos de la sustitución de roles, incluyendo los niños y jóvenes, para la generación de ingresos en el hogar, constituye un efecto de corto, mediano y largo plazo. Unicef (2020) calcula que 2,9 millones de niñas, niños y adolescentes vivirán en condiciones de pobreza, y el deterioro de la pobreza por ingresos se manifiesta sobre todo en los hogares más pobres, mientras que la clase media hacia arriba mantiene relativamente sus condiciones de vida.

Geográficamente la desigualdad se manifiesta sobre todo en las diferencias entre el campo y la ciudad. Bien por el lado de ingresos, como por otros índices multidimensionales, el sector rural es históricamente en donde se asientan la mayoría de los problemas sociales analizados. Dicho esto, si analizamos la pobreza por provincias, es fácil evidenciar que son las provincias de la Sierra centro y el Oriente (solo Esmeraldas entra en esta descripción) aquellas que registran peores niveles, situación que se reproduce también en términos de las condiciones del mercado laboral (empleo pleno, subempleo y desempleo), acceso a red pública de agua y hacinamiento. (O)