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En Ecuador 1′384.859 habitantes recibieron un bono del Gobierno en febrero pasado; son 35,52 % más de los que lo obtuvieron en julio del 2020

El Fondo Monetario Internacional pidió aumentar la cobertura de bonos y pensiones del 30% al 80% de los que ganan menos.

El acceso a una vivienda digna es uno de los parámetros medidos para considerar si los miembros de una familia son pobres o no. Foto: Ronald Cedeño

Cada vez más personas requieren asistencia estatal para completar sus ingresos y sobrevivir cada mes. Un total de 1′384.859 habitantes recibió un bono o una pensión del Gobierno central en febrero pasado, 35,52% más que los que obtuvieron lo mismo en julio del 2020 (1′021.858), en pleno confinamiento debido a la pandemia del COVID-19.

La inversión mensual para cubrir estos bonos y pensiones alcanzó el mes pasado los $ 92,4 millones, superior a los $ 77,2 destinados durante julio del 2020. La tendencia indicaba una disminución mínima del número de beneficiarios desde el 2017 hasta antes de la pandemia. El aumento se da desde abril del año pasado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que se extienda esta bonificación para cubrir al 80% de la población que está en los dos deciles de ingresos más pobres, dice Joaquín González-Alemán, representante de Unicef en Ecuador.

El especialista asegura que el sistema de los bonos de desarrollo humano es solo una de las intervenciones de la política pública para reducir la desigualdad social. “Una gran parte de los préstamos del FMI han financiado estas transferencias a las personas más pobres”.

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También hay que invertir en los servicios sociales y facilitar el acceso de las personas. “Es una cuestión de qué inversión social se quiere hacer y cómo se hace para poder sacar a las personas de la pobreza”, asegura.

Una inversión del 2,4 % del Producto Interno Bruto del país, unos $2.600 millones, dice González-Alemán, podría mitigar el impacto de la pandemia. La idea es activar un sistema de protección social completo y esencial para atender a las familias consideradas pobres.

“El acceso a las vacunas, a una mejor nutrición, la apertura de los centros de desarrollo infantil, todo eso no se improvisa; entonces, una inversión social mayor va a redundar en una menor desigualdad”, agrega.

Es equiparar las oportunidades entre las familias que menos y más tienen. Las primeras se abstienen de ciertos servicios sociales o de una alimentación adecuada, ya que tienen ingresos limitados; en cambio, las otras familias sí puedan cubrirlos. Entonces, la intervención estatal es necesaria para cerrar estas brechas sociales.

José Gabriel Castillo, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, asegura que la desigualdad social se da en distintos ámbitos.

Por ejemplo, una de las cifras más preocupantes, añade, es la de desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

“Mientras el nivel promedio nacional asciende al 23%, provincias como Santa Elena, Pastaza, Bolívar, Chimborazo y Morona Santiago tienen niveles superiores al 35% de los niños en estas condiciones. Estos niveles son particularmente persistentes en la población indígena, en que la desnutrición crónica afecta a 4 de cada 10 niños menores de 5 años. Los menores niveles de desnutrición se registran en la población blanca (18,4%) y —curiosamente— en la afroecuatoriana (16%)”, dice Castillo.

Las cifras se basan en la última encuesta al respecto, realizada en el 2018.

También hay diferencias entre el campo y las ciudades. “La desigualdad económica entre los hogares del sector urbano y el rural mantiene su brecha; la pobreza rural (por ingresos) supera el 40% al 2020, mientras que la pobreza urbana se mantiene alrededor del 20%”, señala Castillo. (I)

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