La Unión Nacional de Educadores (UNE) emitió un boletín de prensa, este sábado, 19 de febrero, informando que miembros de la Policía Nacional ingresaron “sin explicación”, cerca de las 12:00, a su edificio llamado Casa del Maestro, ubicado en las calles Javier de Ascázubi y 9 de Octubre, en el centro norte de Quito.
Según el comunicado, en las instalaciones se desarrollaba una reunión entre dirigentes del magisterio de varias provincias, quienes analizaban los informes emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la equiparación salarial de los maestros.
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El exvicepresidente y miembro de la UNE Jorge Escala señaló que también se encontraban representantes del Gobierno en la reunión. Sin embargo, enfatizó que los policías estuvieron dentro y fuera del edificio “sin autorización de la autoridad competente”.
Solicitó que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, responda sobre las razones del operativo realizado. “Estamos frente a un gobierno que pretende amedrentar a sus dirigentes frente a las acciones que se preparan para exigir que se aplique la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y la equiparación salarial del magisterio”, añadió Escala.
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El representante de la UNE no descartó la posibilidad de ingresar una denuncia formal en Fiscalía, aunque aseveró que la institución debería actuar de oficio.
“Todas estas acciones por parte del Gobierno son en vano, porque no cesaremos en realizar jornadas importantes de lucha y movilización para que se respeten nuestros pedidos”, expresó.
En el texto remitido por la UNE, su presidenta, Isabel Vargas, denunció que los policías, al ser cuestionados, respondieron que “fueron enviados para brindar protección”.
Carta enviada a Carondelet
El pasado 17 de febrero, la UNE compartió en sus redes sociales una carta enviada al presidente Guillermo Lasso. El texto sostiene que un informe firmado por el ministro de Finanzas, Simón Cueva, sobre la propuesta de alza salarial a los docentes del Sistema Nacional de Educación estaría desobedeciendo una sentencia de la Corte Constitucional.
Esto, después de que el organismo máximo en materia judicial declaró la constitucionalidad de la Ley Reformatoria a la LOEI.
“La resolución, en su fondo, ubica a la educación como un derecho fundamental (…) El informe de Finanzas determina que el impacto presupuestario para cumplir con las categorías escalonarías es de $ 2.175 millones. Esa cifra no corresponde a la realidad”, señala el texto.
El informe continúa y agrega que lo que demandan sería aproximadamente $ 560 millones y que el Observatorio del Gasto Público colige que el impacto sería cercano a los $ 340 millones.
Finalmente, sostiene que dicho informe presentaría cifras manipuladas para “evadir la responsabilidad” y pone en las manos del mandatario el evitar que los docentes salgan a movilizaciones. (I)