El Consejo de la Judicatura (CJ) pidió a la Corte Constitucional (CC) que resuelva tres acciones constitucionales presentadas en 2020 para que haya, según sus voceros, un “mejoramiento del servicio de justicia”.

Un primer pedido se relaciona con una acción pública de inconstitucionalidad para que los notarios sean nombrados por la Judicatura, mediante concurso público previo, como requisito para una posible reelección después de haber concluido su periodo de seis años.

Un segundo planteamiento se refiere a un supuesto incumplimiento del Ministerio de Finanzas en la entrega de los recursos suficientes para cubrir las necesidades del servicio judicial. Esto, argumentó la CJ, porque ha habido continuos recortes presupuestarios.

El tercero se refiere a una acción de interpretación constitucional en relación con que el ingreso de valores provenientes de los servicios judiciales no vayan al presupuesto general del Estado, sino al de la Judicatura. Se estima que por esos servicios se generan unos $ 70 millones.

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Detalles y alcances de una posible desaparición del Consejo de la Judicatura generan expectativas entre operadores del sistema de justicia ecuatorian

El presidente Guillermo Lasso dejó entrever —en días pasados— que se plantearía una nueva arquitectura institucional del sistema de justicia en la que podría desaparecer el Consejo de la Judicatura (CJ), órgano de administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Según la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, una reforma constitucional es lo que cabe cuando se habla de instituciones consagradas en la Constitución, como la Judicatura; pero no es la única vía: están, por ejemplo, las acciones que presentaron hace dos años con el objetivo de un mejoramiento judicial.

“Venimos a pedir celeridad para estas acciones que son fundamentales para la Función Judicial”, dijo Maldonado en una visita hecha a la Corte Constitucional este jueves, para “hacer notar”, acotó, las acciones que han emprendido.

Consejo de la Judicatura dice que una eventual reforma a la Función Judicial debe tener como objetivo ‘asegurar la permanencia de las instituciones’

Santiago Peñaherrera, director general de la Judicatura, indicó que en conjunto con varios organismos se presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para crear las unidades especializadas en corrupción y crimen organizado, propuesta aprobada en la Asamblea; pero que —agregó— se ha planteado una acción de inconstitucionalidad, lo que fue cuestionado por la CJ.