El grupo ambientalista YASunidos acusa al Gobierno de Daniel Noboa de no acatar el mandado de la consulta popular de 2023, que por mayoría de votos dispuso detener la producción petrolera del bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), que está ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní.

La organización exige a la Corte Constitucional (CC) actuar frente a lo que se considera un incumplimiento del mandato popular. Que se sancione a las autoridades responsables y se ordene la suspensión inmediata de toda actividad petrolera en el bloque 43.

A través de un comunicado difundido este martes, 29 de julio, YASunidos señaló que “el Estado ha inventado excusas, trámites, comités e informes para dilatar lo que debía ser una acción inmediata”.

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Y añade que “la inacción no es un error: es una estrategia deliberada de desobediencia institucional frente a la soberanía popular”.

La consulta popular que definió el cierre del ITT se realizó el 20 de agosto de 2023. En ella, YASunidos preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo. Se obtuvo el 58,91 % de los votos afirmativos.

La sentencia de la Corte Constitucional, que autorizó la realización de la consulta popular, dio el plazo “no mayor a un año” desde la notificación de resultados de la consulta para cumplir con el retiro ordenado y progresivo de la actividad petrolera en el ITT. Los resultados fueron proclamados el 31 de agosto de 2023 por el Consejo Nacional Electoral.

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‘Para desmantelar la infraestructura del ITT necesito hacer una consulta previa, pero la Corte Constitucional lo tiene prohibido’, dice la ministra del Ambiente, Inés Manzano

Con ese contexto, YASunidos afirma que entre los incumplimientos “más graves” por parte del Gobierno están los siguientes:

  • No se ha suspendido la explotación petrolera.
  • No se han revocado las licencias ambientales ni iniciado el retiro de infraestructura.
  • No se han protegido los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).

Además, se recrimina que el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular fue creado de manera tardía por parte del Gobierno, y que “no ha hecho nada concreto”. Que solo se ha reunido dos veces, sin dar ningún resultado.

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YASunidos insiste en que el incumplimiento vulnera los derechos de la naturaleza, los pueblos indígenas y la democracia.

“Es una burla a la decisión soberana del pueblo y una desobediencia abierta a lo dispuesto por la Corte constitucional”, señala el comunicado en el que, además, se reprocha la decisión gubernamental de fusionar el Ministerio del Ambiente con el de Energía, así como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con la cartera de Gobierno.

Petroecuador cerró el primer pozo petrolero del bloque 43 el 28 de agosto de 2024.

El cronograma que el Gobierno presentó a la Corte Constitucional consiste en abandonar 246 pozos del ITT en un periodo de cinco años y cinco meses, que terminará en diciembre de 2029.

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Además, se contemplan otras actividades hasta el año 2034 que completarían el cierre, desmantelamiento y abandono del bloque petrolero. El cierre anticipado significaría un costo de $ 1.345 millones.

Según información de Petroecuador, en el año 2024 se cerraron 20 pozos. Y para 2025 se tiene planificado el abandono definitivo de otros 48 pozos. (I)