Varias deudas y pedidos de recursos abruman estos días al Ministerio de Economía y Finanzas. El pago de un bono de $ 200 ofrecido para febrero a 325.787 servidores públicos que han trabajado en la primera línea contra el COVID-19, y que asciende a $ 65,1 millones; así como el pago del bono de desempleo, que se debía pagar entre febrero y marzo y que representa unos $ 286 millones… Una deuda pendiente a Petroecuador ($ 248,8 millones) por débitos no programados, reclamos de pagos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ($ 1.000 millones), son parte de los pendientes por resolver que tiene este Ministerio, antes del término del mandato gubernamental. En total suman $ 1.640 millones.

Fue el presidente de la República, Lenín Moreno, quien junto con los ministros de Economía, Gobierno, Educación, Defensa y Salud, ofreció el 5 de febrero pasado el pago de $ 200 a servidores públicos. En su Twitter dijo: “¡Reconocemos la labor de las personas que más de cerca batallaron en pandemia! En febrero entregaremos un bono de compensación por $ 200 para 325.787 servidores públicos en las áreas de salud, docencia, policía, personal de las FF. AA. y agentes de la Comisión de Tránsito”.

Sin embargo, esto no ha sucedido. En WhatsApp circulan mensajes sobre un supuesto malestar de varios servidores públicos debido a la demora. Al ser consultado el Ministerio de Economía al respecto, se informó que esa Cartera de Estado cuenta con los dineros para dicho pago, sin embargo existen algunos trámites que aún deben cumplirse. Entre ellos estarían la expedición del decreto ejecutivo correspondiente y posiblemente un acuerdo ministerial que provenga de la Cartera de Trabajo, para permitir el pago de este bono o compensación a servidores públicos.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, dijo que efectivamente al momento no existe una base legal para dicho pago, pero que se espera que el Gobierno a través de un decreto o el Ministerio del Trabajo, con un acuerdo, viabilicen de manera ágil dicho pago.

Es que de acuerdo con la disposición general quinta de la Ley Orgánica del Sector Público está prohibido en las instituciones, organismos y entidades previstas en el Artículo 3, en las empresas públicas y en las sociedades mercantiles en las que el Estado o sus instituciones tengan mayoría accionaria, por cualquier mecanismo, modo o circunstancia, la creación o establecimiento de asignaciones complementarias, compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales, en general cualquier tipo de erogación adicional a lo previsto en este cuerpo legal, sea esta en dinero o en especie.

Sobre el bono de desempleo también está pendiente la expedición del decreto correspondiente, informó el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, aseguró tener los recursos disponibles.

En cambio, sobre la deuda a Petroecuador, que el directorio de la empresa petrolera dispuso tratar de cobrar al gerente Gonzalo Maldonado, el Ministerio ha dicho que está buscando los fondos y un posible cronograma de pago.

Entre tanto, el reclamo mayor corresponde a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) que amenaza con una movilización permanente desde la próxima semana. El ministro de Economía, Mauricio Pozo, ha ofrecido tener al día las cuentas con estos sectores hasta abril. Sin embargo, hay un desacuerdo en las cifras cuya diferencia es de más de $ 700 millones.

El Gobierno sí ha pagado de manera puntual los bonos de protección familiar (tercera fase) diseñados para ayudar a los más vulnerables, los cuales ascienden a $ 120 y que benefician a 238.000 familias. Aún falta el pago del bono de protección de la cuarta fase que debe implementarse en marzo. (I)