Para que el Gobierno no venda el Banco del Pacífico y en cambio sea entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como parte de pago de la deuda que el Estado mantiene con la institución, se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley.

La propuesta denominada Ley Orgánica para Fortalecer la Seguridad Social mediante la dación en pago de las acciones del Banco del Pacífico contiene solo tres artículos y dos disposiciones, y la entregó oficialmente el jueves 9 de junio de 2022 el asambleísta Pabel Muñoz a nombre de la Bancada Unión por la Esperanza (UNES).

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El Pacífico es una entidad privada que pertenece a la Corporación Financiera Nacional (CFN) y está en un proceso para la venta que espera concretarse este mismo año.

En rechazo a esa venta y para evitarla, la bancada correísta de UNES propone en este proyecto de ley que el Estado, a través del ente rector de las finanzas públicas, realice el pago parcial de las obligaciones de la deuda que mantiene con el IESS entregando en dación de pago la totalidad de las acciones en el Banco del Pacífico S. A. que posee la entidad financiera pública titular de las mismas (la CFN).

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“La valoración de las acciones se efectuará sobre la base de los valores patrimoniales registrados en los estados financieros suscritos por el representante legal del Banco del Pacífico al mes inmediato anterior a la fecha en que se realice la dación en pago, el IESS registrará el valor recibido por medio de esta dación en pago y lo descontará del saldo de deuda que mantiene el Estado ecuatoriano con la institución, según sus estados financieros”, indica el artículo 2 de la propuesta.

Y da un plazo de treinta días para que se firme el convenio de dación de pago.

Además dispone que se elimine la disposición general vigésima cuarta del Código Orgánico Monetario y Financiero, agregada en el 2021 por la reforma a dicho código en la ley denominada para la Defensa de la Dolarización. Esa disposición es la que indica que las instituciones financieras públicas que tienen acciones en las instituciones financieras privadas pueden venderlas.

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Los motivos expuestos en el proyecto son que bajo la administración del Estado, el Banco del Pacífico creció hasta 20 veces en su dimensión y en sus operaciones, se ubicó en el segundo lugar del sistema financiero y llegó a dejar utilidades anuales de hasta $ 100 millones. Y que en el gobierno de Guillermo Lasso, “baja ostensiblemente sus utilidades, inicia un proceso de reingeniería y pretende ser vendido en medio de este proceso, hecho que pudiera disminuir sustancialmente su valor de mercado”.

Sin embargo, un día antes de la presentación de este proyecto de ley, el presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, Iván Andrade, explicaba las cifras e incluso se refería a que las utilidades del banco hayan podido servir para que la CFN entregue créditos millonarios que ahora tienen problemas de cobro.

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En un conversatorio en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), el miércoles pasado, Andrade indicó que al cierre del 2007 el Banco del Pacífico tuvo una utilidad neta de $ 59,5 millones, y a través del tiempo tuvo utilidades de $ 45 millones, $ 34 millones. “Pero si en esa época teníamos resultado de $ 59,5 millones con un total de activos de $ 1.464 millones, el banco tiene ahora activos por $ 7.050 millones (...). Fuimos de $ 1.464 millones en activos a $ 7.039 millones al cierre de abril del 2022. Y fuimos de un resultado neto de $ 59,5 millones, en el mejor de los años dicen que dio $ 100 millones y ahora para mayo en una buena administración ya está en $ 43 millones. Si yo sumo algunos de los resultados a través de los años podría también concluir que aquello que fue el resultado del Banco del Pacífico sirvió para darse la vuelta, sacándole al banco como tal y poniéndole en la CFN y presando a quienes ahora no quieren pagar. Entonces las utilidades, supuestamente el valor, el VPP del Pacífico lo que sirvió fue para que se den créditos millonarios a quienes no pagan, ese no es el rol, es un banco privado, el dinero es de los depositantes, son más de 2 millones de depositantes”.

Además indicó que la venta del banco tiene como objetivo reinvertir en programas y proyectos sociales.

El proyecto de ley que busca impedir ese proceso deberá ser calificado y tramitado por la Asamblea que actualmente atraviesa lo que el Ejecutivo considera “un limbo” por el cambio de mando.

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