Indicios de responsabilidad penal determinó la Contraloría General del Estado en el contrato de adquisición de los 7000 kits alimenticios que realizó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para las personas afectadas por la pandemia del coronavirus COVID-19. El informe fue remitido a la Fiscalía.

Según el organismo de control, los funcionarios (cuyos nombres no se mencionan) que participaron en el proceso de contratación "solicitaron y recibieron por e-mail dos proformas sin especificar los precios unitarios de los productos".

El proveedor al que se le adjudicó (StoreCamacho) actualizó su Registro Único de Contribuyentes (RUC) cambiando su actividad económica "el mismo día" que presentó su oferta, es decir, el 21 de marzo del 2020. "El contrato se suscribió el 1 de abril de 2020, sin evidencia documental de la evaluación de la capacidad técnica, legal y económica de dicho proveedor para la ejecución de la adquisición y posterior entrega de los kits de alimentación", se señala en un comunicado oficial remitido la noche del lunes.

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Se cuestiona que antes de la contratación no se hizo un análisis de la oferta que se presentó ni se hizo comparaciones con otras existentes en el mercado.

El contrato suscrito a través del mecanismo de emergencia que se permite durante el estado de excepción, ascendió a $ 1' 182 428,80, pero de acuerdo con el análisis del equipo auditor de la Contraloría debió ser de $706 790 por dos razones: "Una diferencia de $389 620 que se da entre el valor unitario de cada kit contratado $ 150, 82, y el costo de mercado de $ 95.16". A lo que se suma que el contratista añadió el valor del IVA a todos los productos de cada kit. Sin embargo, solo 8 de los 18 ítems graban IVA, lo que aumentó un valor de $ 86 049,60.

Estas variaciones aumentaron el valor del kit en "más de $ 475 638,80 que representan un 40,23% más en relación al valor total que debió haber tenido el contrato, los cuales no cuentan con los debidos documentos de respaldo".

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Se detalla que los precios tienen diferencias de hasta $7,70, porque, por ejemplo, el proveedor cotizó el saco de 10 kilos de arroz grado 2 en $13,86 mientras que en el mercado cuesta $7,99, una diferencia de $5,87. En la carne de res hay un incremento injustificado de $6,43, en el atún de $4,80, en la pasta tipo tallarín de $5,28. Los auditores también reportaron que el guardatodo que fue adquirido por $16,18, cuesta $8,48.

La adquisición se realizó durante la gestión de Alexandra Ocles, quien renunció a su cargo el lunes, después de que se denunciaran irregularidades en este contrato.

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Ella compareció la noche de este lunes ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para explicar cómo se llevó a cabo este proceso y ahí aseguró que el contrato fue "bien hecho y jamás se actuó fuera de la ley".

"Este es un contrato no ejecutado, toda esta polémica se armó a partir de una información... este es un proceso que está bien hecho. Nunca le he metido la mano al bolsillo de la gente ¡Nunca! Vivo de mi trabajo en los lugares en los que he cumplido la función pública, nunca he tenido problemas de ningún tipo, y esta vez no va a ser la excepción. No estoy acostumbrada a robar, no tengo razón alguna, siempre viví de mi trabajo, no necesito meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, no necesito estar en la política para usufructuar", expresó Ocles a los parlamentarios. (I)