La Fiscalía enlista sus más de 500 elementos de convicción en caso Sobornos

Pericias informáticas a archivos y correos, informes técnicos de audio y video, materialización de información, memorandos de instituciones públicas, análisis financieros, versiones de proveedores y procesados, oficios de la Presidencia de la República, informes de la UAFE, peritajes de contratos de obras públicas...

Esas fueron entre otras las fuentes de los 231 elementos de convicción que presentó hasta la tarde del martes la fiscal general, Diana Salazar, dentro del caso Sobornos, el cual investiga el delito de cohecho. Fiscalía anunció tener 587 elementos de convicción para pedir que se llame a juicio a 22 personas.

Salazar insistió que en este caso se ha identificado la existencia de una “estructura criminal”, conformada por funcionarios y empresarios o personas, que tenían como objeto la entrega de dinero en efectivo o mediante el cruce de factura a cambio de ser beneficiarios de contratos en la obra pública.

A Salazar le tomó casi una hora describir el elemento de convicción número 27, el cual hablaba del informe técnico pericial que se realizó al contenido del archivo Verde Final, que era uno de los 27 generales que involucraban a todos los procesados en la causa.

Sobre este elemento, uno a uno Salazar mencionó los datos que eran parte de archivos como Victoria Andrade I, II, entre otros, en los que se identificaban proveedores, montos, formas de pago...

También se presentó un informe técnico informático realizado a dos correos que involucrarían al expresidente Rafael Correa y a su secretario Jurídico Alexis Mera.

Fiscalía señaló que en un correo del 15 de marzo de 2017 del usuario Owen Larse que pertenecería a Mera, según certificación de la Presidencia, se indicaba que el caso “Odebrecht está demorado porque están pidiendo algo similar a lo que firmaron en Brasil, es decir, comprometerlos a un acuerdo civil, que el Estado no inicie acciones ni civiles ni penales contra ningún funcionario de Odebrecht y que se levante de inmediato cualquier embargo o medida cautelar contra la empresa”.

Además, se aseguraba que se pedían nuevos contratos a cambio de que la constructora no devele los nombres de los funcionarios cohechados.

Para Salazar, “esa era la pretensión que se manejaba desde la Presidencia de la República: ofrecer todo eso a Odebrecht a cambio de que no se develen los nombres de los involucrados en esa trama criminal”. Mera aseguró que lo que ellos pidieron a Odebrecht es que den a conocer todos los nombres.

Los análisis financieros alcanzaron a los gastos de los procesados y las empresas investigadas. Además de análisis comparativos entre los registros del archivo Verde Final e información recibida por el SRI.

Salazar explicó que una pericia al archivo Verde Final evidenció transacciones comerciales por $6 793 088 con las doce personas jurídicas de las cuales están siendo procesadas sus representantes legales.

Se presentó un oficio de la secretaría de la Presidencia certificando que ahí no ha existido ningún Fondo de Solidaridad o fondo de ayuda humanitaria entre 2012 y 2016, como lo dijo Correa. Y que del 2012 al 2015 no existió autorización para arrendar la oficina en el edificio Concorde, ocupada por Pamela Martínez.

La audiencia se reinstalará el viernes y Fiscalía seguirá con sus elementos de convicción. Inmediatamente intervendrá la Procuraduría y luego los abogados de los procesados. (I)