Las universidades autodenominadas como centros de paz, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente durante las jornadas de protestas que duraron once días en el país, afirmó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, durante su comparecencia en la comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

El Ministro de Defensa reveló que en toda la protesta actuaron 35 mil manifestantes entre sublevados, bandas criminales y grupos violentos cuya estrategia estaba destinada al derrocamiento del gobierno, a la inestabilidad política y a la finalización del Estado democrático, con adiestramiento y financiamiento, donde muchos casos dirigían la toma de instalaciones como ocurrió en el caso de las plantaciones de petróleo que se paralizaron y ocasionaron pérdidas de más de $1.5 millones. 

El ministro de Defensa,Oswaldo Jarrín,ante la Comisión de Relaciones Internacionales afirma que en las protestas de octubre las universidades se convirtieron en centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente. @eluniversocom pic.twitter.com/L8CTf5M1yB

El funcionario aclaró que no se puede discriminar, pero sí que hubo un gran conglomerado de manifestantes, de bandas y de grupos que habían alterado el orden y pasado de una violencia que escaló a niveles que nunca el país había estimado. 

Precisó que las acciones de protestas registraron estratégicas bien establecidas y preplanificadas, porque no es solo la exaltación de una manifestación pacífica o de resistencia, sino que pasa a convertirse en un motín, en actos de grave violencia. 

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Explicó que en las manifestaciones se registró el uso de cócteles morotov que no solo se usaban con combustible y mechas, sino que agregaban sustancias adherentes como aceites químicos para que se peguen a la superficie. Indicó que se usaron papas con clavos, palos, lanzas, pirotecnia, armas defensivas como escudos que estaban hechos no solo de madera, sino que con suficiente anticipación confeccionaron esos metálicos de tal manera que pueda ser resistente a cualquier tipo de operación.

También se utilizaron cascos y máscaras no solo de gas, sino improvisadas que les daba protección para el uso de los químicos y gases; así como bidones y baldes; es decir, una serie de instrumentos preparados y planificados para utilizarlos de forma ofensiva, dijo Jarrín. 

El ministro en su informe a la comisión legislativa indicó que se trató de una organización perfecta que no es improvisada, que no es asunto de una muchedumbre o de una agitación social, sino de una planificación perfectamente establecida que incluía manuales de operación, para saber cómo se emplea las armas, esto significa una organización de tipo militar, porque tienen escudos, protección, pirotecnia y saben cuando atacan y tienen órganos de dirección que están dirigidos desde otro sector e incluso con la operación de medios de comunicación. 

Precisó que a los manifestantes jamás les faltó logística, y “que el exceso de alimentación y vestuario que absurdamente se recopiló en los denominados centros de apoyo o áreas de paz, que eran las universidades, se tenía que utilizar y luego de ello quemar para que no quede evidencia de la logística que tenían en exceso.

Jarrín junto a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dieron su versión respecto a la actuación de los uniformados durante la protestas que se registraron en todo el país tras la decisión del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles.

Que la fuerza pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) estaba destinada a cumplir sus funciones en una actitud defensiva y que jamás pasó a una ofensiva. Dijo que la misión de protección de los uniformados también se orientó a apoyar a las instituciones públicas para evitar caos y desabastecimiento.

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Romo manifestó que la Policía no uso armas para repeler a los manifestantes, y que hubo ocho muertos, y uno de ellos está en investigación en la Fiscalía porque la muerte fue provocada por una herida de arma de fogueo, similares a las que entregó una comunidad indígena de Imbabura, que habría sido dadas como parte de la protesta. 

También comentó que las manifestaciones violentas registradas en Quito, especialmente, pretendían la impunidad, porque en esos días eran las audiencias en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, acusado por hechos de corrupción; así como la audiencia sobre el caso sobornos 2012-2016.

Indicó que las instituciones, el poder constituido estaba bajo ataque, y que ese poder constituido estuvo del lado de la democracia; pero “creo que sí había una intencionalidad política de generar caos en el país, y que habían pocas coincidencias, porque en los días del caos eran también los días de audiencia de casación de Jorge Glas, y los días de audiencia de formulación de cargos en los casos de sobornos”.

En la comparecencia, la ministra de Gobierno pidió dar lectura del comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se afirma que las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de dictadura bolivariana y cubana que busca reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y democratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover el conflicto político social. 

Frente a ello, dijo que al gobierno le obliga a mejorar los sistemas de inteligencia, pero que confía en que el trabajo de la Policía y FFAA será minucioso en este campo. Que en el intercambio de información con otros países, obligará a mejorar la información sobre lo que sucede afuera y al interior del país. Además indicó que hay varias investigaciones en marcha. (I)