En Ecuador había 406.666 jubilados hasta julio pasado, con los pensionistas la suma llega a 502.596 (que incluye a todos los que reciben una pensión como las viudas y los menores de 18 años, tras la muerte del jubilado que aportó). 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  destinó  $ 320,4 millones  en julio último para cubrir sus mensualidades, pero hay quienes  reciben también lo correspondiente a la jubilación patronal.  A esta tienen derecho los afiliados  del sector privado y los del sector público que ocupan  cargos que no son de libre remoción. 

La jubilación patronal es la pensión vitalicia que reciben trabajadores que por 25 años o más presten sus servicios de manera continua en una misma compañía. El valor puede ser mensual o en un solo monto, según el acuerdo al que se llegue con el patrono. Esto es aparte de la pensión jubilar del  IESS. 

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Quienes  hayan  cumplido entre  20 y 25  años de servicio en una misma empresa tendrán derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, según el art. 188 del Código  del Trabajo. 

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció esta semana la eliminación de la jubilación patronal para los nuevos trabajadores que se contraten  a partir de la vigencia de la reforma laboral planteada. 

Esta se reemplaza por un aporte, que debe cubrir el empleador y que corresponde al  2% de la remuneración mensual del empleado, a un fondo que elija el trabajador. El fin es que retire el monto con los intereses ganados tras 25 años de labores sin necesidad de que deba laborar en la misma empresa para acogerse al  beneficio. 

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Luis Moyano, presidente de la empresa Mafrico, está de acuerdo con la eliminación  tomando en cuenta que los empleadores ya aportan  por la jubilación de sus empleados. “Pagar un sueldo de por vida a personas que ya no trabajan en la empresa es una carga muy pesada,  para eso se contrata un seguro”. 

Esto, acota, “frena la contratación de uno o dos trabajadores nuevos porque hay que cubrir los sueldos de los que ya no están”, indica. 

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Sin embargo, Henry Llanes, dirigente de los jubilados, rechaza la propuesta y asegura que los derechos laborales son intangibles y siempre deben ser progresivos, “no  regresivos como lo propone el régimen”. 

“Para hacer el cambio hay  que reformar  el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Son reformas parche que generan   distorsión y al final el trabajador será perjudicado, el régimen debe respetar los derechos establecidos”, dice. (I)