Son 75 personas las que se inscribieron en el concurso público para la designación del fiscal general del Estado. El periodo de la gestión será de seis años.
En Ecuador la Fiscalía dirige, de oficio o por petición o denuncia de una parte, la investigación de delitos, incluyendo la parte preprocesal, de acuerdo con lo que manda la Constitución en el artículo 195.
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El concurso público, organizado por una comisión ciudadana, arrancó la fase de admisibilidad. En información publicada por este Diario se registra que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene a su cargo supervisar el proceso de selección que hará la comisión, la cual tendrá un “periodo fijo” de cuatro meses, con la posibilidad de dos meses de gracia, para presentar su informe final con el nombre del nuevo fiscal de la nación que reemplazará a Diana Salazar, cuyo periodo acabó en abril de 2025.
Los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección no tienen una responsabilidad menor con el país en la tarea que han recibido. El papel del CPCCS también es clave, más allá de los cuestionamientos políticos que se han hecho.
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Con dos nuevos comisionados, arranca la revisión de los 75 postulantes a la Fiscalía
Los requisitos para asumir la función de fiscal general del Estado constan también en la Constitución, artículo 196: ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa. Además de haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
A la medianoche del martes pasado se terminaron las inscripciones. Ahora compete a la comisión continuar el proceso, respetando los reglamentos y actuando con rigor y transparencia para aportar con el mejor elemento para una tarea primordial en momentos en que Ecuador tiene abierta una guerra contra la delincuencia organizada y la corrupción. La paz del país también depende de la justicia y el fin de la impunidad. (O)