El 17 de marzo de este año monseñor Juan Carlos Bravo Gonzaga, prelado doméstico de Su Santidad, adulto mayor de 85 años, conocido por sus acciones pastorales e impulsador del desarrollo rural de prósperas campiñas de las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, brindando acompañamiento para que técnicos agrícolas derramen semillas de cambio mientras él proclamaba el Evangelio, fue víctima de un extraño secuestro por obra de una antigua feligrés, desde la clínica del IESS de Milagro, horas antes de que un miembro de la comunidad de sacerdotes oblatos debía retirarlo ya recuperado y reintegrarlo a la sede misionera del cantón Simón Bolívar. (https://www.eluniverso.com/2002/09/01/0001/12/6BCD4031B91E42A78F7791C52FB11A82.html/).

Luego los raptores concurren al Registro Civil de La Libertad, obtienen una nueva cédula del prelado, lo hacen comparecer ante un notario y con su sola huella digital, porque su limitada movilidad física y reacción mental le impedían firmar, dejan sin efecto el poder suscrito años atrás, fundamento para que los misioneros oblatos asuman el cuidado del dolido monseñor, su alimentación, provisión de medicamentos especializados y atención total. En retribución, continuarían la obra educativa, redentora y cristiana cumplida por el ejemplar mitrado con gran sacrificio y óptimos resultados desde hace seis décadas.

Se denunció a la Fiscalía el secuestro y extorsión porque los autores del delito exigieron para devolverlo que se participe del 50 % de los modestos ingresos de la unidad educativa que regentaba. La jurisdicción de Milagro asume la investigación con lentitud asombrosa, llegando al colmo de hacer comparecer en vilo al ofendido, pretendiendo desdibujar la figura delictiva. Es una gravísima violación a los derechos de un ciudadano merecedor de respeto por su avanzada edad, su resquebrajada salud, su jerarquía espiritual ejercida con brillantez y sin mácula, sin observar sus antecedentes de servicio comunitario que hicieron posible el funcionamiento de una entidad educativa fundada hace 55 años en la que se formaron cientos de jóvenes ahora profesionales, especialmente de origen campesino, a los que prodigó bondad, conocimientos y orientación técnica.

Es inaceptable que los mandos judiciales permitan el largo cautiverio de un ser humano desmejorado en sus facultades mentales, demostración palpable del ambiente de inseguridad que ha contaminado el agro. Se deben indagar las causas de la inacción pública, que el Consejo de la Judicatura analice la conducta del notario y fiscal que han intervenido en este condenable suceso, devolviendo en algo la credibilidad perdida en una función en franca decadencia, agrandada en las zonas rurales, huérfanas de justicia.

Monseñor Bravo ha permanecido confinado en un pestilente tugurio de Chanduy, sin atención médica, desaseo total, a todo frío y calor, en una habitación incómoda, sin higiénicos interno, convertido en un guiñapo humano, ante el silencio y pasividad incomprensibles de superiores religiosos, autoridades civiles y educativas, incapaces de intervenir haciendo honor a la solidaridad y sentido humanitario que siempre han difundido. ¡Si esto ocurre con un líder cristiano y social, qué pasará con un humilde campesino! (O)