Según información del BCE del 15 de abril de 2025, en 2024 el PIB del Ecuador registró un decrecimiento de 2 % porque el consumo de los hogares disminuyó en 1,3 %, el gasto de gobierno se contrajo en 1,2 % y la formación bruta de capital fijo bajó en un 3,8 %.
Entre los factores que provocaron el decrecimiento –más allá de las pérdidas por los cortes de energía por el estiaje– se señala la inseguridad, que, entendemos, el gobierno intenta combatir a través del proyecto de ley en cuyos antecedentes se dice: “La proliferación del secuestro y la extorsión como mecanismos recurrentes para el financiamiento criminal y la imposición de órdenes coercitivas evidencia una afectación directa a derechos fundamentales, especialmente la libertad personal, la integridad, y la seguridad jurídica y económica de la población”, con lo cual concordamos.
Pero hay dos factores más que, a nuestro juicio, son extremadamente importantes considerar y que asfixian la economía nacional: la inflexibilidad laboral y la corrupción generalizada en el sector público, que constituyen un pesado fardo, difícil de arrastrar, contra el que debemos luchar.
El obsoleto Código del Trabajo data de 1938, con algunos parches y remiendos que han desdibujado el concepto primario y aportado un desequilibrio en las relaciones laborales. Tanto en el sector privado como en el público hay muy buenos colaboradores. Pero existe también un gran número que boga en sentido contrario.
Por otra parte, no entendemos la razón de la mezquina oposición al empleo por horas. Los derechos y las remuneraciones de los enrolados no van a disminuir si se elimina la prohibición mal insertada en la vigente Constitución, pero sí facilitaría la contratación de aquellos dispuestos a laborar en esas condiciones, porque gozarían de seguridad social y más beneficios laborales. En Ecuador, según cifras del INEC de marzo pasado, la población en edad de trabajar fue de 13,4 millones de personas, la económicamente activa fue de 8,7 millones y la económicamente inactiva fue de 4,6 millones de individuos que no aportan, menos tienen seguridad social. No existe equidad en este sentido y se afecta la economía, ya que ambos sectores, el empresariado y los desempleados, no pueden tener una relación laboral legítima y estable.
El sector público, lamentablemente, está corroído por la corrupción. No son todos, desde luego, pero la gran mayoría de los trámites requieren de la coima para avanzar y llegar a su culminación. Sin “aceite” poco o nada rueda y el pobre ciudadano no tiene a quién quejarse con efectividad. Y cada uno de aquellos que tienen que ver con estos procesos, según el negocio de que se trate, va pidiendo cantidades de dinero que, muchas veces, son inalcanzables. Esto desalienta la inversión y es el motivo principal por el que no crecemos. No hablemos del soborno y los sobreprecios.
A este respecto, coincidimos con la propuesta del Ec. Carlos Julio Emanuele, constante en su libro Ecuador, crecimiento y desarrollo con libertad económica, por la cual para combatir la corrupción debe crearse una comisión internacional con apoyo de la ONU y de fiscales independientes. ¿Por qué no lo hacemos? Nunca es tarde para empezar. (O)
