Aun cuando resulte una utopía, hay que seguir soñando e impulsando un gran acuerdo nacional, contrariamente a lo que piensa la mayoría de la clase política y las autoridades de instituciones que contribuyen abierta y descaradamente, por acción u omisión, a la consecución de la impunidad. Socapan la mala actuación de jueces y funcionarios, pero persiguen a jueces probos con acciones ilegales. Hacen el juego a la corrupción, que ha deteriorado la imagen del órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, con vocales cuestionados y procesados penalmente.
Es la hora de abogar y luchar por la consecución de un pacto ético, que promueva la paz y la unidad de la gente buena, que es la gran mayoría, en pro de bienes superiores. Constituir un verdadero frente nacional contra la inseguridad, la corrupción y la violencia. Lograr la paz y el desarrollo y sobreponerse a las intenciones de tomarse el poder para consagrar la impunidad, con la ayuda de malos funcionarios que están plenamente identificados, e imponer venganza con contundencia como han amenazado públicamente. ¿Puede el país salir así, con revanchas, odios, violencia y vendetta, como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente?
El país va a definir en octubre próximo su destino político para una administración de transición de un año y medio y el funcionamiento de la Asamblea por igual periodo, luego de estas elecciones extraordinarias, tiempo en el cual no se podrán solucionar todos los problemas actuales pero sí, ojalá, sentar las bases para recuperar la senda de la seguridad y el desarrollo.
No deberían asumir posiciones y ambiciones de poder, personales o de grupo, cuando a eso se suman problemas mayores, como la presencia del fenómeno de El Niño. La incertidumbre gira alrededor si será leve, moderado o fuerte, pero su impacto será ineludible.
Hay problemas urgentes y prioritarios por enfrentar: los altos niveles de violencia e inseguridad, las angustias económicas y sociales, las demandas de fuentes de empleo, la pobreza, el impulso a las actividades agropecuarias, los correctivos imperiosos al sistema del seguro social, que es insostenible si no se introducen cambios.
A esto se suma el deterioro de las finanzas públicas, el déficit fiscal, las grandes distorsiones de mantener subsidios irracionales a los combustibles, que solo benefician a los que más tienen, pero sus correctivos resultan inviables porque dirigentes irresponsables impiden su eliminación con posiciones politiqueras que tienen bloqueado al país. No dejan solucionar los problemas ni tampoco proponen alternativas concretas y viables.
Se aprueba en consulta popular la reducción de la producción petrolera y consecuentemente la disminución de ingresos fiscales en medio de la escasez de recursos, pero no se presentan alternativas para compensarlos. Lo grave es que se lo haya hecho con la anuencia de la Corte Constitucional, sin la obligatoria consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades de esa región, como establece el art. 57 de la Constitución, y se les impone desde el resto del país. La norma obliga a la obtención del consentimiento de las comunidades. (O)