Aún vivimos una de las peores crisis de nuestra historia. Los factores que se encuentran en el escenario de esta situación son de todo tipo: políticos, culturales, económicos, educativos, jurídicos y en la base de todo ese universo de razones está una débil ética ciudadana que nos impide vernos como corresponsables en la construcción de una adecuada convivencia social. El problema de fondo, entonces, sería el de una moralidad cívica deficiente en la práctica, pero sí enarbolada por todos, como si existiesen personas o agrupaciones ajenas a la construcción social y, en consecuencia, a nuestra realidad como pueblo.
La corrupción política, el aprovechamiento de cada circunstancia para buscar el beneficio personal y no el colectivo, el menosprecio de los que son diferentes por razones de proveniencia social o económica, los bajos niveles en la educación pública y privada tanto en aspectos cognitivos de las diferentes profesiones, como actitudinales para la vida en comunidad y en su relación con el medioambiente, así como otras características nacionales, produjeron en los últimos tiempos la eclosión del caos por el predominio de la delincuencia proveniente de sujetos lumpen-marginales y de los de cuello blanco, ya sean empresarios, políticos o burócratas.
El narcotráfico nacional directamente relacionado con grupos extranjeros llegó a convertirse en una suerte de poder independiente del estatal. Aún hoy es noticia diaria el dominio que durante muchos años esas bandas tuvieron sobre las prisiones convertidas en hoteles-fortalezas de los delincuentes, que desde la comodidad del control de esas estructuras estatales mandaban, prohibían o permitían, cual Estado paralelo, las acciones criminales que se cometían dentro y fuera de esos predios.
Las acciones del Gobierno actual son eficientes. Antes no se las tomaron pese a que la situación era similar. El mérito de enfrentar al delito y a todas sus ramificaciones merece el reconocimiento de la sociedad, porque los asesinatos han disminuido radicalmente, las denuncias por la acción de los “vacunadores” son mucho menores. El trabajo de las fuerzas gubernamentales encargadas de la seguridad ha sido y es decisivo en esta arremetida en contra de la delincuencia que recién comienza y debe prolongarse en el tiempo hasta conseguir mejores niveles que permitan la reactivación de la vida social en sus diferentes ámbitos.
Lo que sucede políticamente en la Asamblea Nacional también es mejor que lo que acontecía antes. Pese a que ellos, los asambleístas, son un fiel reflejo de la débil cultura cívica que nos caracteriza como pueblo, ahora se respiran ahí nuevos y mejores aires. Se aprueban leyes, acuerdos y se debaten temas de interés nacional. Lo que ahí pasa, ¿podría ser mejor? Sin duda. Nosotros también, como ciudadanos, lo deberíamos ser.
Estamos mejor, pero aún muy lejos de lo que podríamos alcanzar pese a que tenemos todo lo que hace falta para hacerlo, con excepción del sentido cívico y de la praxis de una correcta conducta social que debería estar identificada con la búsqueda permanente del imperio de la ley y con claros comportamientos de responsabilidad ciudadana. (O)
