Thomas Hobbes imaginó al Leviatán como una criatura descomunal hecha de cuerpos humanos: el Estado en su forma más cruda, esa entidad a la que los ciudadanos entregan parte de su libertad para no despedazarse unos a otros en la intemperie. Era una figura temible, sí, pero al menos visible. Tenía corona, leyes, cárceles, impuestos, una gramática reconocible del poder.

El Leviatán de nuestro tiempo es más discreto. No siempre grita, no siempre desfila, no siempre lleva uniforme. A veces llega como contrato, software de “misión crítica”, plataforma que promete eficiencia mientras reorganiza la forma en que el Estado ve, decide y actúa.

El manifiesto de Palantir importa porque no disimula lo que durante años se dijo en voz baja. La empresa —pieza clave en el cruce entre tecnología, defensa, inteligencia y seguridad— ya no habla como proveedor neutral, sino como parte de una arquitectura donde Silicon Valley deja de ser actor externo para integrarse en el corazón del poder estatal. Su tesis es inquietante: la tecnología debe dejar sus trivialidades y ponerse al servicio del poder duro.

Durante años, la industria tecnológica cultivó una estética casi adolescente, una mezcla de rebeldía y promesa, donde el mundo podía cambiarse desde un garaje con suficiente código y café. Ese relato tenía una dirección: escapar del Estado, desbordarlo, hacerlo irrelevante. Hoy ocurre lo contrario. No se trata de huir del Leviatán, sino de rediseñarlo desde dentro.

Ahí está la mutación. El soberano ya no es únicamente el Gobierno elegido, con sus rituales democráticos y sus límites visibles. Es una constelación menos transparente, donde se cruzan agencias públicas, contratistas tecnológicos, inteligencia artificial, bases de datos y seguridad nacional. El poder no desaparece: se reconfigura.

Y conviene mirar bien esa reconfiguración. Quien organiza los datos organiza la realidad operativa del poder. Quien decide qué es amenaza, riesgo, anomalía o señal relevante no solo describe el mundo: lo ordena, lo jerarquiza, lo gobierna.

No hablamos de innovación inocente. Cuando una empresa diseña herramientas para defensa, migración, salud pública o inteligencia, vende los ojos del Estado. Y también sus filtros.

El argumento que sostiene esta transformación parte de una evidencia incómoda: los adversarios de las democracias no esperan permiso para desarrollar tecnologías de vigilancia, propaganda e inteligencia artificial. Frente a eso, la tentación es acelerar, integrar, anticipar, construir sin demasiadas dudas.

Pero ahí empieza el problema. Porque esa lógica, que parece pragmática, convierte toda deliberación en obstáculo, toda regulación en freno, toda pregunta ética en ingenuidad. La política se reduce a urgencias, y la urgencia es el mejor argumento del poder cuando quiere expandirse sin controles.

El riesgo no es la tecnología. El riesgo es una democracia que empieza a delegar su sistema nervioso en estructuras que no controla del todo, que no comprende del todo y que, muchas veces, no puede auditar. Cuando eso ocurre, el control ciudadano no desaparece de golpe, pero se vuelve difuso, tardío, casi simbólico.

Para cuando la discusión pública se activa, la arquitectura ya está funcionando.

No se trata de rechazar la tecnología ni de refugiarse en una nostalgia inútil. Las democracias necesitan herramientas, capacidades, defensa. Pero necesitan algo más difícil: límites, transparencia, supervisión real, capacidad de decir no.

Hobbes pensó en un Leviatán que garantizaba orden a cambio de obediencia. El nuestro ofrece seguridad a cambio de datos, vigilancia y delegación tecnológica.

Antes la pregunta era quién gobierna.

Hoy, quizá, la pregunta más urgente sea otra: quién escribe el código con el que se gobierna. (O)