La violencia en el Ecuador, que se traduce en una mezcla de asesinatos tipo sicariato, extorsión, secuestro, atentados y chantaje (vacunas), con mensajes transmitidos por redes sociales de los grupos acusados de ser los responsables de la violencia (incluyen corridos y panfletos con amenazas a periodistas, dirigentes y la población en su conjunto), constituye solo un eslabón de lo que abarca el crimen organizado.

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Por casi tres décadas el debate público del país respecto a la criminalidad transnacional se ha enfocado particularmente en el narcotráfico. Razones hay muchísimas. Mencionemos algunas rápidamente: geográficamente estamos ubicados entre Colombia y Perú, los dos productores mundiales de cocaína; un país dolarizado, lo que le hace más atractivo para el lavado de dinero; con poco desarrollo social y oportunidades, lo que permite captar interesados en participar en las actividades ilícitas como una alternativa; institucionalidad débil, mucha facilidad para corromper a funcionarios de diferente nivel, incluyendo la fuerza pública; impunidad, dado que la justicia no es eficaz en su trabajo; fuerte trayectoria populista, que ayuda a que no se atiendan ni se cumplan promesas para mantener cautivos a sus simpatizantes, especialmente en las zonas donde no hay presencia estatal… Y pudiéramos completar todo este artículo con razones.

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Sin embargo, la complejidad del resto de actividades que son parte del crimen organizado es mayor y tan o más poderosa que el tráfico de estupefacientes. A actividades como la trata de personas (incluye menores de edad), que en algunos casos son para el comercio ilegal de órganos, en otros para la prostitución y unos más para la explotación laboral, hay que añadir el tráfico de especies silvestres (animales, explotación de madera), el tráfico de armas y la minería ilegal. Y esto también existe en el Ecuador.

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El caso de los niños de Canoa –a propósito de la película Sound of freedom– no solo muestra la crueldad humana, el desamparo en el que se encuentran los más vulnerables, quienes deberían estar protegidos siempre. Sus familiares los sometieron a esa tortura, los denigraron en su condición humana, los marcaron en el alma por el resto de sus vidas, por unos cuantos dólares. El hambre, la ignorancia, la pobreza, la irresponsabilidad son muy malos consejeros y las consecuencias aún están por verse.

Según el último informe de la ONUDC, las víctimas de trata son mujeres (42 %), hombres (23 %), niñas (18 %) y niños (17 %) y las cifras entre a quienes someten a trabajo forzoso y explotación sexual es casi la misma: 38,8 % y 38,7 %, respectivamente. Y, en los últimos cinco años, la detección de víctimas de trata con fines de explotación mixta (10,3 %) y con fines delictivos (10,2 %), incrementó. El Departamento de Estado de EE. UU. estima que son 27,6 millones las víctimas de este delito en el mundo.

En términos monetarios, en 2016, se estableció que ese negocio movía alrededor de 32 billones de dólares; de ellos, 1,3 billones se generaban en América Latina, según la UN.GIFT (ONU contra trata de personas).

En una próxima entrega hablaremos de los otros delitos que son parte del crimen transnacional que también se cometen en el país. (O)