Los ecuatorianos serán llamados de nuevo a las urnas para votar en una consulta popular promovida por el presidente Daniel Noboa, quien ya presentó las once preguntas que estarían en las papeletas y cuya mayoría se refieren al tema de seguridad.
Desde diversos ámbitos se han emitido opiniones sobre su utilidad, puesto que especialistas han dicho que varias de las propuestas se pueden hacer por ley o decreto, y que habrá problemas para superar el filtro de la Corte Constitucional. Incluso se habla de expectativas no cumplidas o que faltan cosas.
En el caso de nuestros columnistas, esto es lo que opinan:
Roberto Aspiazu, analista
Como conjunto las once preguntas presentadas para la consulta popular están por debajo de las expectativas, con la vara muy alta tratándose de un procedimiento excepcional.
De su lectura se desprende que el votante común estará de acuerdo con su contenido. Pero queda la impresión de que la mayoría de los temas planteados podrían ser objeto de una mera reforma legal.
No se incluyó la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como del Consejo Nacional de la Judicatura, que al haber sido instrumento de protervos intereses, incluida la narcopolítica en este último caso, deben ser objeto de una sanción moral ejemplarizadora.
Tampoco pone freno a la disfuncionalidad de los jueces de pacotilla que, a cuenta de garantizar derechos constitucionales, incluso fuera de su jurisdicción, se permiten otorgar a discreción habeas corpus y medidas cautelares en favor de corruptos y narcotraficantes.
El problema de una consulta es que tiene un carácter disruptivo dentro de la escena política.
Las preguntas pueden parecer un tanto simplonas, aunque en tal menú hay una lectura de oportunidad. Después de una campaña corta se repetirá otra que le permitirá al presidente Daniel Noboa tener una importante presencia a nivel nacional. Una suerte de preludio de la siguiente que tendrá lugar hacia la segunda mitad del año.
Tal es el cálculo del joven mandatario para acrecentar su capital político, con una maniobra distractiva que sirve para paliar debilidades intrínsecas a su Gobierno, como el exceso de juventud y la falta de dinero, pese a que la maniobra está fallando.
Katia Murrieta, analista
Ni son todas las que están ni están todas las que son. Pero aportan a luchar contra la inseguridad, y la respuesta sería sí a todas, si bien es indispensable adoptar medidas de choque, inmediatas, de mano dura, tal como lo ha hecho Bukele.
Involucrar a las Fuerzas Armadas para que ayuden a imponer el orden, cuando no tenemos problemas limítrofes, es necesario (preguntas 1 y 2). El contenido de la 3 ya está normado.
La auditoría a las declaraciones patrimoniales de los judiciales será un saludo a la bandera mientras haya testaferrismo. Lo que se debe hacer es proteger al ciudadano y ocultar su identidad cuando denuncie los hechos delictivos que cometen dichos servidores.
Uno de los graves problemas que generan inseguridad y violencia está en la corrupción enquistada en la fuerza pública, Fiscalía y Función Judicial, sin que esto signifique que abarque a todos. Los procesos son lentos y las medidas legales débiles, de las cuales se aprovechan los abogados para evitar la encarcelación de los delincuentes. Debe establecerse cadena perpetua para los execrables delitos enumerados en la pregunta 4.
Respecto de los extranjeros, debemos imponer severas medidas de control inmigratorio.
En lo que concierne a los juegos de azar, cada uno es dueño de sus actos. Permitir el funcionamiento de casinos, etc., contribuiría a receptar turismo, para generar empleo, aunque hubiera sido deseable también que se elimine la prohibición constitucional del trabajo por horas.
Alfonso Oramas Gross, analista y abogado
Sin perjuicio de la discusión respecto de que la mayoría de las preguntas formuladas en la consulta popular no requieren ser planteadas en las urnas y que incluso podrían ser tramitadas como simples reformas legales, resulta claro que el Gobierno busca que trascienda el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta estatal al crimen organizado, incluyendo también ciertas reformas de carácter legal, sin mencionar temas trascendentes tales como no considerar las posibilidades de respuesta por parte de la sociedad civil para enfrentar a la criminalidad, especialmente si se toma en cuenta que ejemplos de otros países demuestran que en la medida en que más comprometida está la ciudadanía en la lucha contra la violencia, resultan más efectivas las estrategias en contra de males como el narcotráfico. Por otra parte, la consulta no hace mención tampoco a la necesaria cooperación que debe existir entre los niveles gubernamentales, la fuerza pública y los operadores de justicia, coordinación que resulta absolutamente necesaria para implementar un programa coherente de lucha contra la criminalidad.
Giovanni Carrión Cevallos, analista
La consulta popular ofrecida por el presidente Daniel Noboa, en los términos planteados, aporta de forma parcial a la solución de un problema tan complejo como el de la inseguridad que afecta al Ecuador y que lo coloca, al cerrar el año 2023, como el país más violento de América Latina, al tener una tasa cercana a 43 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Si bien las preguntas remitidas a la Corte Constitucional se enfocan en fortalecer el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen; el endurecimiento de las penas en delitos como terrorismo y delincuencia organizada; la evaluación de los servidores de la Función Judicial; agilizar la transferencia de dominio a favor del Estado de bienes de origen ilícito; así como controlar la migración no deseada; no se conoce –por parte del Gobierno nacional– de la implementación de un plan de seguridad integral que permita articular acciones de control por parte de la fuerza pública (monopolio de la violencia legítima), asignación de recursos, mejoramiento de los centros de rehabilitación, política social para lidiar con la violencia de carácter estructural y cooperación internacional para combatir un problema de carácter trasnacional. En esto último, hubiese sido deseable que se insista con una pregunta sobre la figura de la extradición.
Por último, el plantear el funcionamiento de casinos y salas de juego, antes que estimular a la economía, serían fuente de peligrosas adicciones para la población.
Nelsa Curbelo, analista de temas sociales y de paz
Llamar a una consulta popular supone movilizar a los ciudadanos en temas que le importan y lo convocan. Es una oportunidad extraordinaria para encontrar causas y motivos para la participación no solo con criterios para tener en cuenta, sino como mandato de leyes que respeten esa decisión. Pero en realidad nos piden una opinión que la Asamblea convertirá en leyes cuando a bien tenga y con el texto que ellos aprueben… En las actuales circunstancias de deterioro de todas las instituciones del Estado, de la filtración sistemática del narcotráfico en casi todas las esferas del acontecer nacional, esperaba preguntas que nos reúnan como un puño en un proyecto común
En rasgos generales encuentro que es una consulta de reacción, no de propuesta, orientada a la represión más que a la innovación para enfrentar y resolver la crisis de seguridad, económica, de salubridad que padece el país. No pone al país de pie, lo amuralla, lo retrae aún más en el miedo.
Hay preguntas con respuestas obvias, las que tienen que ver con el involucramiento de las FF. AA. en la lucha contra la delincuencia, que las armas utilizadas en delitos sean destinadas a la Policía o las FF. AA., de evaluación de jueces (¿quién evaluará?). La pregunta realmente sorprendente tiene que ver con restablecer los casinos como una oportunidad para generar empleo y nuevas actividades económicas, cuando todos conocemos el peligro fundamentado de que sea una actividad más para lavado de activos y la infiltración narco.
Gustavo Cortez Galecio, analista y periodista
La calle 6 de Marzo en Guayaquil es, a fines de año, el mejor termómetro político, social y de entretenimiento. Allí se puede leer quién es quién en esos ámbitos. El reciente 31 de diciembre pasé por ella detenidamente y pude notar la abundancia de muñecos de cartón con la imagen del presidente Daniel Noboa, en buena lid, con similar postura que la de su campaña, sin segundos mensajes, lo que significa que su popularidad, a poco más de un mes de gobierno, se mantiene, y no empujó a los artesanos de “años viejos” a caricaturizarlo, como sí hicieron con su antecesor, escaso, pero presente aún en el lugar.
Digo esto porque me ayuda a entender el apuro de Noboa en plantear la consulta popular que propuso en campaña: hágalo cuando goce de popularidad, señala el manual de la gobernabilidad. No cuando su liderazgo esté en declive, porque entonces pierde hasta la pregunta más obvia, como le ocurrió a Guillermo Lasso en el anterior ejercicio de consulta.
Once preguntas ha planteado el presidente. Todas, menos una, enfocadas en problemáticas nacionales con la inseguridad a la cabeza. En tales planteamientos, que pudieron ser proyectos de ley enviados directamente a la Asamblea (igual tendrán que ir hacia allá), entiendo que lo que busca es que lleguen a la legislatura con el peso del respaldo popular, y así evitar que el hígado y los intereses de quienes conforman con él una mayoría hasta ahora cumplidora trastoquen su visión de cambio en la represión al delito.
Raúl Hidalgo Zambrano, analista y conocedor de temas de seguridad
P1. Prevenir es un objetivo alcanzable, necesita de un sistema de inteligencia enfocado sobre las organizaciones criminales trasnacionales (OCT) y un cambio en la doctrina militar a policial. Erradicar es un objetivo absoluto, utópico, sinónimo de eliminar o exterminar. ¿Habrá decisión política? Objetivos alcanzables serían neutralizar o reducir.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado definirá cuáles son las OCT, enemigas; las zonas débiles; las acciones militares y su fiscalización en cumplimiento de los DD. HH. Son reservadas, sinónimo de secreto o confidencial. ¡Una guerra inmiscuye a todos!
P2. Es redundante, pues existe la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios; su reglamento y resoluciones ministeriales. Con o sin decreto se están ejecutando las operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos (Camex), en cualquier lugar. Los infractores son juzgados de acuerdo con el COIP.
P3. El arresto domiciliario para los militares procesados es una meta incierta. Podría incluirse el arresto en repartos militares y el retorno de la corte de justicia militar, con peritos militares.
P6. Parte de la P2.
P7. Las armas incautadas deben destruirse, el karma negativo queda. Además, si pasan a las fuerzas de seguridad tendrían que implementar una logística diferente.
P10. ¿Por qué no consultar sobre la ciudadanía universal?
Una política pública contribuye a la seguridad, pero no debe ser redundante, desligada, confusa, reservada o con objetivos utópicos. No se consulta lo principal, ¿cuál es el cambio en la Constitución de la misión y roles de las FF. AA.?
Juan Morales Ordóñez, abogado
Evidentemente (aporta), pues posiciona en el más alto nivel de la vida democrática del país, una consulta popular, el tema de mayor preocupación para la ciudadanía ecuatoriana, que es la inseguridad en la que vivimos y que cada vez más forma parte de una mortífera situación que hasta la podemos llegar a considerar como normal, cuando en realidad es una aberración que no puede ser tolerada y debe ser erradicada.
La iniciativa del Ejecutivo forma parte del escenario nacional en el cual son protagonistas los criminales de cuello blanco, quizá los peores; y, también los demás, los brutales y sanguinarios, unidos los unos a los otros por vínculos delincuenciales. También están presentes instituciones del Estado severamente cuestionadas, en especial las relacionadas con la administración de justicia; y nosotros, los ciudadanos comunes, inermes en la desolación de la corrupción. Internacionalmente, el mundo nos mira expectante y atento a cambios sustanciales que permitan fortalecer los vínculos de la sociedad global con el Ecuador.
Las siete primeras preguntas, de las once de la consulta, están dedicadas a diversos aspectos relacionados con el rol de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en el combate al delito y a la corrupción, así como al incremento de las penas en determinados delitos que ahora son tan cotidianos que corremos el riesgo de acomodarnos al terror y al abuso.
Me parece que los efectos de la consulta, de ser aprobada, serán positivos. Quizá se constituya en un elemento más, en este caso muy importante, para el indispensable cambio cultural que los tiempos de decadencia moral rampante nos exigen a los ecuatorianos como pueblo.
Miguel Hernández Terán, constitucionalista
Como comentario general debo expresar que la consulta debió abordar, esencialmente, transformaciones institucionales.
Nadie discute que la seguridad pública es competencia estatal. Para viabilizarla, el ordenamiento jurídico establece instituciones y órganos con competencia para ello. La Policía Nacional ocupa un papel estelar en este ámbito. Las Fuerzas Armadas, en cuanto a la seguridad interna, están condicionadas a los decretos de emergencia. La primera pregunta de la consulta está orientada a que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional. ¿Solo se quiere que inicien tales acciones?, ¿o se quiere que cumplan ese trabajo de forma permanente?, ¿querrá el pueblo que se limiten a iniciar ese trabajo?, y si esas acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales se tornan permanentes, ¿no se está alterando el rol constitucional de las Fuerzas Armadas?
Si la respuesta del pueblo a la pregunta es positiva basta el trabajo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, según la explicación del anexo. Me parece, entonces, que la pregunta plantea una directriz por parte del pueblo. La pregunta, con todo respeto, no contiene valor agregado.
La segunda pregunta nos plantea un control permanente de armas en el camino a los centros de rehabilitación social. En la fundamentación se precisa que “no busca reformas constitucionales o legales, sino que se encuentra enfocada en adoptar medidas específicas”. En seguridad, la consulta nos quedó debiendo.
Gilda Macías Carmigniani, analista
El presidente Noboa cumplió su promesa de realizar la consulta popular y envió once preguntas a la Corte Constitucional el 2 de enero, la cual calificará su constitucionalidad en 20 días.
Las preguntas incluyen prevención/erradicación de acciones criminales; control de armas en ingreso a centros penitenciarios; incremento de penas por terrorismo, tráfico de drogas/armas, asesinato, lavado de activos; cumplimiento total de pena por terrorismo, secuestro, testaferrismo; evaluación/auditoría a servidores judiciales; Estado titular de bienes ilícitos; reformas para inadmisión y deportación de extranjeros; funcionamiento de casinos, casas de apuestas.
Los anexos de las preguntas 3, 4, 5, 6 y 7 implican reformas al COIP; la 8, al Consejo de la Judicatura y Contraloría General; la 9, a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio; la 10, a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Algunas normativas ya existen o son revisadas en la Asamblea.
La propuesta en conjunto no sigue un hilo conductor claro. Si gana el sí, ¿disminuirá el índice delictivo que nos ubica dentro de los diez países más violentos del mundo (40 asesinatos por cada 100.000 habitantes)? ¿Está el sistema carcelario listo para recibir a más PPL? ¿Es el endurecimiento de penas la mejor vía para evitar los delitos? ¿Son los casinos y salas de apuestas un buen lugar para el empleo de jóvenes? ¿Por qué no se incluyó la eliminación del CJ y el CPCCS? ¿Se justifica el gasto de 50-60 millones de dólares por una consulta híbrida en plena crisis económica? ¿Es pertinente para abordar los problemas de inseguridad, desempleo, crimen organizado, corrupción e impunidad?
Pedro X. Valverde Rivera, analista y abogado
Considero que dada la situación de inseguridad que vive el Ecuador, cualquier esfuerzo encaminado a mejorar las condiciones de las fuerzas del orden y a obstruir la operación de la delincuencia, en todas sus formas, es bienvenido.
Dicho esto, a mí me parece que la mayoría de las preguntas suman en ese sentido.
Lo que pasa es que estamos en un año electoral y quienes tienen aspiraciones para el 2025 van a verle todos los defectos a la consulta, al igual que quienes están contratados para criticar todo lo que hace este Gobierno y hacen votos para que fracase, igual que el anterior.
En relación con el comentario de que muchas de estas reformas bien podrían canalizarse mediante leyes, cabe recordar que el proceso de formación de ley es mucho más lento y, además, para ello el Gobierno va a tener que satisfacer los caprichos de sus socios que le van a facturar, con seguridad, los votos para aprobar las leyes. Es decir, el Gobierno no tiene los votos para pasar una ley. Si no, recordemos el peregrinar del anterior Gobierno para pasar sus leyes.
En cuanto al momento, creo que es el adecuado por cuanto los niveles de popularidad del Gobierno siguen altos y, como ya sabemos, al final estas consultas populares no son otra cosa que una medición de popularidad del gobierno que la propone.
Mauricio Gándara Gallegos, analista
La consulta planteada adolece de muchas fallas. Por propuesta del presidente, la Asamblea aprobó, el 21 de diciembre último, una reforma parcial del artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional; según la Constitución, esta reforma parcial necesitará de la aprobación de la ciudadanía; para ello, el CNE deberá convocar a referéndum en el plazo de 45 días. Pero el presidente Noboa propone nuevas funciones para las Fuerzas Armadas, que están en contradicción con las asignadas por la Constitución vigente y por la enmienda que acaba de aprobar la Asamblea; funciones que son propias de la Fiscalía y de la Policía Nacional.
En efecto, a las Fuerzas Armadas se las autorizaría a “iniciar acciones” para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales… Esto es desnaturalizar las funciones de las Fuerzas Armadas; una cosa es brindar apoyo complementario y otra autorizar el inicio de acciones. Esto es manifiestamente inconstitucional. El 29 de marzo último se aprobó legislación que prevé cooperación con la Policía. Creo habría sido más conveniente el utilizar la consulta para obtener autorización para una reorganización de las cortes de justicia que, según la operación Metástasis, han sido tomadas o infectadas por el narcotráfico. Este es el problema más urgente por resolver. De la honestidad de los jueces depende no solo la vida pública, sino los derechos de las personas en su vida diaria.
Adrián Santiago Pérez Salazar, abogado
Las preguntas que Daniel Noboa pretende llevar a referéndum han levantado serios cuestionamientos y hay una probabilidad significativa de que no consigan el visto bueno de la Corte Constitucional. Esto es así porque el Ejecutivo no ha precisado cuál sería el efecto jurídico concreto que tendrían estas reformas. No determina qué normas específicas serían modificadas ni cómo. Por ejemplo, en la pregunta 4 se habla de aumentar las penas a una serie de delitos, pero sin especificar cuál sería ese aumento.
Pero al margen de estos graves problemas de forma, también hay cosas cuestionables de fondo. En particular, si lo que se pretende con esta consulta es aliviar nuestra grave crisis de seguridad, entonces el Ejecutivo ha olvidado añadir un ingrediente fundamental al popurrí de temas que pretende llevar a las urnas: una reforma judicial comprehensiva. Uno de los elementos cruciales que explica por qué el Estado está de momento perdiendo la batalla contra las mafias es la fragilidad del sistema de justicia de este país. Jueces fáciles de corromper o intimidar hacen que los esfuerzos de nuestras fuerzas del orden sean en vano. ¿De qué sirve capturar a narcos y sicarios si al día siguiente un juez en quién sabe dónde los pone en libertad? El “garantismo constitucional” introducido por la Constitución de Montecristi, tan lindo que sonaba en papel, debe ahora ser seriamente modulado. Hasta que no haya una reforma judicial real no habrá esperanzas para nuestro país.
Alfonso Reece Dousdebés, analista
La consulta popular es la expresión de la máxima autoridad de la República: el pueblo ecuatoriano. No se debe utilizar un recurso tan extremo para temas que bien pudieran resolverse por trámite ordinario. Se repite el error de querer afianzar la popularidad del Gobierno mediante la convocatoria a un referéndum en el que, consultando sobre temas de aparente popularidad, se quiere obtener un triunfo fácil que apuntale al régimen. Los dos presidentes anteriores intentaron con similar subterfugio obtener victorias que refuercen su legitimidad, los resultados fueron pobres o decisivamente negativos.
Las preguntas 1 y 2 reiteran una distorsión muy enraizada en la opinión pública ecuatoriana, que es la de creer que haciendo intervenir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia se conseguirán mejores resultados. El camino para prevenir el delito pasa por fortalecer en todo sentido a la Policía Nacional y no distrayendo a los militares de sus tareas específicas. Las que van del número 3 al 10 se pueden y deben tramitar en la legislatura, se refieren a propuestas de seguridad que a lo mejor ayudan, pero son materias menores, que no conforman en conjunto una reforma de fondo de las estructuras de lucha contra el crimen. ¿Que la legislatura puede oponerse? Para eso existe el manejo político de funcionarios con experiencia y criterio, que mediante gestión legislativa y la creación de opinión pública presionen su aprobación.
He expresado en mi columna mi opinión contraria a la prohibición del juego, pero ¿merece este asunto ser tratado a nivel de un plebiscito nacional?
(O)