De las once preguntas que envió a la Corte Constitucional (CC) el presidente Daniel Noboa en su propuesta de consulta popular, diez son enunciados de acciones, reformas legales o políticas públicas relacionados con el combate al problema de la inseguridad.

En las dos primeras se pregunta a la ciudadanía si quieren que las Fuerzas Armadas amplíen sus labores contra la delincuencia y el crimen organizado, y el control de armas y explosivos.

En otras siete se habla, sin dar detalles, de proponer a la Asamblea Nacional reformas a por lo menos tres cuerpos legales (Código Orgánico Integral Penal, Ley de Extinción de Dominio y Ley de Movilidad Humana) para el endurecimiento de penas, eliminación de beneficios penitenciarios para los sentenciados en ciertos delitos, tipificación de delitos, mayor control migratorio, y confiscación de bienes.

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En una se pide la evaluación de todos los servidores judiciales por parte del Consejo de la Judicatura y de la Contraloría General del Estado.

Mientras que la última se refiere al regreso de los casinos, cuya operación fue prohibida también en consulta popular en el 2011.

Según el presidente Noboa, “esta consulta tiene tres claros objetivos: uno, la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia; dos, estamos cansados de que haya mayor protección para los delincuentes que para las fuerzas del orden, debemos proteger a quienes combaten a estas mafias y la consulta exige el apoyo del Sistema de Justicia para que los sentenciados tengan penas más altas y que las cumplan; y tres, promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas”.

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Pero analistas consultados por este Diario comentan que el plebiscito, tal como está planteada, no contribuirá al combate a la delincuencia. Coinciden en que “es una pérdida de recursos para el Estado” porque esas cuestiones bien podrían evacuarse en proyectos de leyes y que se basa en lo que se llama “populismo penal”.

El abogado penalista Julio César Cueva refirió que todos los temas que se plantean “ya están legislados”.

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Así, por ejemplo, explicó que en el 2023 se realizó una reforma en el Código Penal en la que determinó que en delitos muy graves tenía que cumplirse la pena completa en prisión y que no se le dictará prisión preventiva a los policías que maten delincuentes en el cumplimiento de su trabajo; la evaluación a los jueces ya está prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial; y la entrega de armas y municiones confiscadas en delitos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ya se recogió en una resolución de la Corte Nacional de Justicia y también esta en el COIP.

Agregó que la idea de endurecer penas con el fin de supuestamente disuadir a los delincuentes es puro “populismo penal”.

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En los anexos no se desarrollan los cambios legales específicos que busca Noboa sino que se menciona que se incluirán en proyectos de leyes que la Asamblea debe evuacuar en 60 días.

“Es un absurdo. ¿Cuántos millones nos va a costar -en un país que no tiene plata- pedirle a la gente que apruebe mandar un proyecto de ley? ¡Pero si es potestad del presidente, no necesitas peguntarle eso a la gente!”, cuestionó.

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Además, en el caso de que la Asamblea no cumpla el plazo para aprobar la normativa que envíe Noboa, no es que pierde su atribución de legislar sobre esos temas, comentó.

Mientras que Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, dijo que esperaba una posición más firme del régimen, con cambios de fondo en la institucionalidad, para afianzar la lucha contra la delincuencia.

“Lo que se nos ha presentado es un ‘vaso con hielo’: frío y sin contenido. Principalmente porque varias de estas preguntas ya constan en las leyes, como la pregunta 3 en que se habla de que los servidores policiales puedan tener medidas sustitutivas y que ya consta en el COIP; de igual forma, en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza ya se indica que los servidores policias y militares procesados no será distraidos de sus funciones... En las preguntas 1 y 2 no se plantean reformas constitucionales y legales al rol de las Fuerzas Armadas, que actualmente ya ejecutan esas acciones, todo es repetitivo, por lo que considero que es innecesario preguntar sobre ello”, indicó.

Muñoz explicó que usualmente se realiza una consulta popular para que sea de aplicación directa, como lo que hizo Lenín Moreno en su consulta del 2018 en la que prohibió que los condenados por cohecho y peculado sean funcionarios públicos, y en las preguntas ya contenían en los anexos las reformas pertinentes para que entraran en vigencia al ser aprobadas.

Señaló que esta consulta le costará mucho dinero al país y que pudo resolverse enviando un proyecto de ley a la Asamblea con todos estos temas, aprovechando la mayoría legislativa que ahora apoya a Noboa.

“Aquí se evidencia un apuro inusitado por parte del Gobierno al enviar las preguntas sin las reformas para que en 60 días la Asamblea apruebe sus leyes. Algo que, encima, no guarda concordancia con el pocedimiento parlamentario para el trámite ordinario de una ley establecido en la ley Orgánica de la Función Legislativa”, señaló Muñoz.

Revise aquí los anexos de las preguntas de la consulta popular de Daniel Noboa

En tanto, el activista Fausto Camacho, dirigente del grupo Voces por la Democracia que presentó una propuesta de consulta popular al Ejecutivo la semana pasada, opinó que Noboa ha despediciado la oportunidad para recomponer la institucionalidad democrática, “que era la aspiración de muchos ecuatorianos”.

“Son temas obvios, con un enfoque de populismo penal en el sentido de que hay enunciados de endurecimiento de penas, uso de armas y otros, que pudieron tratarse en la Asamblea sin necesidad de gastarse 50 millones de dólares. Se dice que Noboa enviará luego proyectos de leyes sobre estos temas, ¿y que si gana el No ya no podria enviarlos? Claro que puede”.

Camacho indicó que la consulta no “blinda” la legislación que salga del Ejecutivo. La Asamblea podrá debatirla y cambiarla porque es su facultad, no se está limitado su capacidad de deliberación, insistió.

Al activista le preocupa que Noboa no haya tomado en cuenta en su propuesta otros temas urgentes e importantes, como la revisión del rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la designación de autoridades, y del sistema de partidos políticos.

La Corte Consitucional tiene 20 días para analizar la propuesta de Noboa, quien ha pedido a la ciudadanía que comparta y debata las preguntas con sus familiares y amigos.

Pregunta 11, un riesgo

El abogado Julio César Cueva y el activista Fausto Camacho tienen reparos en la pregunta 11 de la consulta popular de Daniel Noboa referida a la reactivación de los casinos.

“Me pregunto si no resultará mas caro el remedio que la enfermedad. Porque más que generar empleo o tributos, lo que los casinos van a generar es la posibilidad de que empeore el lavado de activos. Crear ese tiepo de negocios en estas circunstancias va a ser inconveniente en la lucha contra la delincuencia”, opinó Cueva, quien señaló que lo que busca Noboa es “obtener un alto porcentaje de aprobación para catapultar una reelección y no para resolver los problemas del país”.

Camacho indicó, en tanto, que el empleo que el mandatario espera que generen los casinos “no creo que sea suficiente y se corre el riesgo de que se abran nuevos espacios de dinero sucio, de por sí la dolarización nos convirtió en un sitio ideal para lavar dinero malhabido”. (I)