QUITO .- Una vez, que el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el 17 de mayo de 2023 la muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional, el edificio del Legislativo permanece cerrado y custodiado por militares y policías. / EL UNIVERSO / Foto: Carlos Granja Medranda


Por sorpresa el pasado miércoles, el señor presidente de la República mediante Decreto n.º 741 y cadena nacional a las 07:00 comunicó su decisión de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, bien basado en el artículo 148 de la Constitución; mandando con ello a su casa a 137 asambleístas que nada o muy poco han hecho por el país, a más de hacernos pasar vergüenza local e internacionalmente.

Muchos de ellos ya habían ‘vendido’ su voto, y ahora se quedaron sin pan ni pedazo. Cabe indicar que durante los dos últimos años, los legisladores se habían dedicado a boicotear la gestión del presidente Lasso, bajo la excusa de su deber de fiscalización, aplicada supuestamente orquestando 16 juicios políticos y más de 1.300 pedidos de información a los diferentes ministerios, incluyendo data desde el año 2000 en adelante. Lasso, aparentemente, ya contaba con 52 votos en contra de su destitución (6 más de los mínimamente requeridos), pero se determinó por la muerte cruzada, porque los sediciosos asambleístas iban a seguir obstruyendo su gestión por los dos años restantes, gestando nuevos e innumerables ‘golpes de Estado legislativos’; cuya única finalidad, obviamente, era hacerse a toda costa y a cualquier precio del Ejecutivo.

Publicidad

Vale recordar que el plan abyecto era designar autoridades que les puedan ser serviles y así impulsar la nulidad de todos los juicios ejecutoriados contra su líder, para que este regrese a postularse a las próximas elecciones y termine el saqueo del país iniciado en el 2007.

Una vez en la calle ahora, inmediatamente vinieron los llantos, manotazos de ahogado y las típicas leguleyadas para que se revierta dicha disolución, pero esta vez la ideologizada y gran causante ‘política’ de esta situación, viendo que el pueblo literalmente se le podía venir encima, rechazó de plano las seis acciones procesales planteadas para tales fines espurios. Hay que reconocer que muchos asambleístas salieron premiados solo habiéndolos cesado en sus funciones, deberían ir a la cárcel como mínimo, por todos sus vastos, públicos y desvergonzados actos de corrupción a los que nos tienen acostumbrados. Lastimosamente, estos también se pueden candidatizar para estas nuevas elecciones exprés por lo que resta de sus períodos legislativos. (O)

César Eduardo Benítez Jiménez, abogado, Guayaquil