Según César Montúfar, profesor universitario y político, el régimen de la revolución ciudadana que dirigió Rafael Correa consiguió diseñar una trama de delincuencia organizada estatal. La del correísmo no fue una corrupción que se produjo de manera aislada en la que, violando la ley, uno o varios individuos se beneficiaron a sí mismos o a otros; tampoco se trató de una corrupción generalizada, o hipercorrupción, que se da en situaciones de caos y descontrol totales. La de los correístas fue una corrupción institucionalizada, que no es de individuos solitarios, sino una en que los propósitos ilícitos se fusionan con el ordenamiento legal.

En este tipo de corrupción una maquinaria corporativa entra en funcionamiento, y, para ello, se requiere una serie de prácticas que la faciliten, la protejan y le den cobertura legal. Las formas en extremo autoritarias que por más de una década impuso Correa fueron parte de ese sistema que necesitó, en primer lugar, de un proceso de concentración de poder que propició acabar con el pluralismo político y erigir un partido hegemónico: Alianza PAIS jugó el rol de ser la estructura institucional de la impunidad, con el fin de asegurarse, en todos los niveles de control del Estado, que nada ocurriera con la existencia y vigencia de este sistema.

Para ello, se dio paso a la formación de una red de poder que supuso contar con fuentes de financiamiento. Sigue presente en la sociedad ecuatoriana la interrogante sobre quiénes pagaron las campañas electorales de Correa: ¿las FARC?, ¿Hugo Chávez?, ¿Odebrecht, que empezaba sus trabajos en Toachi-Pilatón? En todo caso, la Asamblea de Montecristi también fue uno de los espacios que se instrumentalizaron para consolidar este sistema delincuencial, especialmente con la serie de mandatos y disposiciones transitorias que fue fundamental para que este proyecto cuajara. En esta lógica cobra sentido la designación del contralor Carlos Pólit.

En segundo lugar, fue necesaria una legitimidad plebiscitaria que se manifestó no solo en el hecho de que, según los correístas, ellos ganaron todas las elecciones, sino especialmente por haberse tomado la función electoral. En tercer lugar, la consolidación de un Estado de propaganda posibilitó, finalmente, desactivar los mecanismos de control en la Asamblea y en todas partes, judicializar la protesta, perseguir a los medios de comunicación con serias amenazas para el desarrollo de la investigación. No hay que olvidar que Rafael Correa, al jurar sobre la base de un mandato del pueblo y no sobre la Constitución, se colocó al margen y más allá de la ley.

Varios instrumentos legales se usaron para esta trama: la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), el Código Orgánico Integral Penal (2014), los decretos ejecutivos… En fin, de 2007 a 2017 hubo un concierto de voluntades liderado por Rafael Correa y ejecutado, entre otros, por su secretario jurídico, su vicepresidente, su procurador, sus fiscales generales, su Consejo de la Judicatura, su contralor… Con todo esto, según Montúfar, la revolución ciudadana generó una estructura de impunidad que prohijó la corrupción estatal que, cada día con mayor estupor, hoy estamos atestiguando y comprobando.(O)