A los seis meses de haberse instalado, las señales económicas del Gobierno apuntan en direcciones contrapuestas.

Inicialmente el presidente reconoció lo difícil de la situación económica (mesa no servida) y extendió la mano al sector privado, llamado a tomar la posta de inversión. Conformó un consejo consultivo productivo y tributario público-privado. Todo lo cual, consistente con la agenda ProponLe que concertó con empresarios liderados por Pablo Campana, hoy ministro de Comercio Exterior. El suyo se perfilaba como un gobierno socialista, tipo los de Francia, Alemania y España.

Pero el presidente mantuvo a los funcionarios que manejaron la política económica del correísmo, los mismos que enviaron a la Asamblea un ambicioso proyecto económico que se desmarca de lo acordado en el consejo consultivo y profundiza las políticas del correísmo que dejaron la mesa desprovista: continuidad del populismo.

El proyecto sufre un fuerte revés en la Comisión de lo Económico, controlada por el ala correísta de AP. Su presidente, Pabel Muñoz, lo purga de lo que considera opuesto al Plan de Desarrollo, que se caracteriza por un socialismo de planificación centralizada y hostilidad con la empresa privada. Entre los puntos descartados: la propuesta de pasar el dinero electrónico a la banca privada, para alejar la posibilidad de que el Banco Central pueda emitir una moneda paralela. El correísmo en la Asamblea reforma un proyecto correísta en los aspectos en que no es suficientemente extremo.

A poco de enviar el proyecto a la Asamblea, el presidente Moreno manifestó su descontento con algunos aspectos del documento y cesó a los dos funcionarios clave del correísmo en su gabinete: consejero económico y delegado ante la Junta Reguladora. Esto llevó a pensar que acogería las críticas del sector empresarial. Al proyecto se lo llamó de “reactivación”, implicando que busca estimular la inversión privada, sin la que no hay reactivación.

Sin embargo, al ministro de Finanzas se le asignan las atribuciones de consejero económico y se convierte en principal gestor de la política económica. De la Torre asevera que no habrá cambios, lo que implica que continuaría la política de mantener el gasto público mediante endeudamiento masivo. En cuanto a las críticas del sector privado al proyecto, las desestima porque “no son ni siquiera la mayoría. Las grandes empresas… no quieren colaborar con el desarrollo del país”. De la Torre rompe con el sector privado mediano y grande, considerando que el Ecuador saldrá de su crisis gracias a las microempresas.

Mientras tanto, en Riobamba, el presidente lanza y resalta el Plan de Desarrollo, que es correísta hasta la médula, y es el documento basado en el cual los duros del gobierno anterior critican su gestión.

Una vez aprobado el proyecto de ley es de cajón que sufrirá un veto parcial. Pero ¿en cuánto se mantendría el texto como salió de la Asamblea, consistente con el Plan de Gobierno? ¿En cuánto se reintroducirá el texto original, ya que el ministro ratifica que la política económica permanece inmutable? ¿En cuánto se incorporarán las críticas de los sectores productivos, cuya inversión es clave para la reactivación?

De cómo salga el veto, sabremos al fin cuál será el rumbo económico del Gobierno. (O)