En el 2011, el entonces presidente Rafael Correa convocó a consulta a los ciudadanos del cantón La Concordia, sin el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), que se había excedido en el término legal para ejercer el control previo de dicha convocatoria.

Aquel evento cruza mi mente cuando leo en EL UNIVERSO que ahora Correa cree que Lenín debe esperar el dictamen de la CC sobre el pedido de consulta y referéndum, que incluyen la reforma del Consejo de Participación Ciudadana y la eliminación de la reelección indefinida.

Correa anticipa que impugnará los dos decretos ejecutivos de Moreno con las respectivas convocatorias. Por su lado, asambleístas afines amenazan enjuiciar políticamente al presidente por el envío de las convocatorias al Consejo Nacional Electoral (CNE), algo que en su momento también hizo Correa.

Cuesta creer que el exmandatario, luego de seis años, haya olvidado que en su Decreto Nº 946 del 28 de noviembre de 2011 (R. O. Nº 595, 13 de diciembre, 2011) expresó: “(…) Que en el cantón La Concordia existe inconformidad entre la ciudadanía de la localidad, con respecto a la pertenencia del referido cantón a la provincia de Esmeraldas; (…) Que mediante oficio Nº T.3252-SNJ-11-1316 de 19 de octubre de 2011, recibido en la Corte Constitucional el día 20 de los mismos mes y año, el Presidente de la República solicitó el informe de constitucionalidad, previo a convocar la consulta popular por el asunto en cuestión; Que ha transcurrido el plazo establecido en el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aplicable por mandato del artículo 127 de la misma ley, sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la convocatoria a consulta popular; Que, conforme al mismo artículo 105 supradicho, ante la falta de respuesta por parte de la Corte Constitucional, se entenderá que el dictamen ha sido favorable; (…)”.

En aquel entonces, el CNE a los poquísimos días dio paso por unanimidad de sus miembros al decreto ejecutivo de Correa y convocó a la consulta (previo informe jurídico favorable del asesor legal del organismo). En esa ocasión, el CNE estaba integrado por Domingo Paredes, que lo presidía (recordado por su pedido a Rafael Correa para que no realice su enlace ciudadano un sábado, víspera de las elecciones, pero igual lo hizo). A Paredes lo acompañaban los consejeros Juan Pablo Pozo (que fue condecorado por Correa antes de entregar el mandato a Moreno), Paúl Salazar, Roxana Silva y Nubia Magdala Villacís. Algunos continúan en el cargo, en atención al pronunciamiento del procurador general del Estado.

Los resultados de la consulta en La Concordia, efectuada el 5 de febrero de 2012, fueron proclamados por el CNE. La mayoría decidió pertenecer a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Nadie objetó la convocatoria de Correa ni la presunción legal del dictamen favorable tácito originado por el silencio de la Corte Constitucional. Como dicen los jóvenes “no hubo pito”. Solo concordia en La Concordia y en Alianza PAIS. (O)