Ataques con coches bombas y granadas más extorsiones en varios sectores. Esos son los problemas en cuanto a seguridad que se han reportado en Quito, la ciudad capital de la República, donde los ciudadanos tienen expectativa con el nuevo gobierno electo este domingo, 15 de octubre.
En la capital hay hechos delictivos que antes no sucedían y que han sido atribuidos a los grupos de delincuencia organizada (GDO).
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Se han atendido 45 alertas de explosivos, de las cuales 18 han sido reales y 27 falsas. En marzo, por ejemplo, hubo una alerta real en La Bota; en mayo, en Cotocollao; y, en agosto, en la Jipijapa, todas en el norte de la capital.
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Hubo al menos seis atentados con granadas en La Magdalena, en El Quinche, en La Mariscal, en Cotocollao, entre otros sectores.
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Además, hubo tres explosiones tipo coche bomba: el 7 de abril en Quitumbe, con tacos de dinamita y un cilindro de gas en el interior de un vehículo robado en una gasolinera, sin explosión; el 30 de agosto, un vehículo de color rojo fue quemado en su totalidad y en el interior hubo dos cilindros de gas; y el 31 de agosto un vehículo tipo camioneta fue calcinado en su totalidad, en cuyo interior había dos cilindros de gas deformados.
Ese es el diagnóstico de la situación de violencia e inseguridad en el Distrito Metropolitano de Quito que consta en una presentación que hizo la Secretaría de Seguridad en el Concejo Metropolitano, con el objetivo de elaborar un plan de seguridad y convivencia ciudadana.
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En Pichincha, de acuerdo con ese documento, hay presencia de grupos delictivos organizados como Los Tiguerones y Los Lobos.
Según Jean Paul Pinto, experto en seguridad, va a ser fundamental la coordinación con el Municipio en términos de cooperación que no solo implica financiar camionetas, sino trabajar en un plan de seguridad que incluye reunirse con representantes barriales, empresariales, universidades, gremios.
El especialista sugirió que ese plan incluya recuperación y protección de espacios públicos, organizaciones en los barrios, territorializar la inteligencia para que la ciudadanía sea fuente de información junto con las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), a fin de crear canales de comunicación seguros que detecten vehículos o motocicletas sospechosas, así como personas extrañas.
Además que los agentes metropolitanos colaboren en esas tareas con rondas de seguridad en los barrios y detectar aspectos sospechosos.
“La única forma de prevenir esos temas de los coches bombas es chequeando algún carro que no sea del sector, sin placas”, dijo Pinto.
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Con la salida de Fausto Salinas como comandante general de la Policía hubo el nombramiento de nuevos jefes en los distintos distritos del país. En Quito fue nombrado el general Wilson Pavón Carrera.
Desde los comités barriales hay expectativa de la nueva administración estatal, mientras que la gestión municipal de Pabel Muñoz destaca el número de UPC que se están interviniendo con recursos de la tasa de seguridad del Distrito Metropolitano de Quito.
Hasta el pasado 12 de octubre, dentro de una primera fase del proyecto “Una UPC más para Quito” se han entregado 11 UPC rehabilitadas, informó el Municipio con un monto que bordea los $ 130.000.
Para Dora Naranjo, presidenta del comité barrial de seguridad de El Batán, en el norte de Quito, debe haber un equipo gubernamental que sepa del tema y no escoger a las amistades, familiares o recomendados de altos funcionarios.
Adicionalmente, sostuvo, se deben entregar los recursos a la Policía y al ECU911 para que haya cámaras, monitoreo constante así como atención inmediata a aquellas personas que llamen por emergencias.
Otro pedido que hizo es que haya patrullaje constante en los barrios. Al Municipio sugirió controles a las motos.
También planteó que haya coordinación entre los dos niveles de gobierno.
“Muchos negocios hoy en día han cerrado por las extorsiones, las vacunas. Mucha gente ya no va a los locales por miedo a ser asaltado, da miedo caminar en las calles o a veces andar en el vehículo hasta ciertas horas”, reflexionó Naranjo.
Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del cabildo, mencionó que plantean trabajar de manera articulada y coordinada con el Gobierno central de manera complementaria, tal como lo dispone el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) y fortalecer el trabajo de prevención de violencia y delito con apoyo policial.
Para la funcionaria también se debe aumentar el personal policial. Con la última graduación de agentes pasaron de 4.070 a 5.197. Tomando en cuenta referencias internacionales debe subir a alrededor de 7.800. (I)