Desde el domingo 8 de octubre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, renovó el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional. El Decreto Ejecutivo 890 tendrá una vigencia de 30 días.

Este decreto se mantendrá como el anterior, emitido el 10 de agosto, luego del asesinato al excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Entre los elementos relevantes establece la suspensión de derechos de inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia a nivel nacional.

Para Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esperar resultados a partir de este decreto del Gobierno sería un “despropósito”.

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A su juicio, se deberían analizar las medidas que podrá tomar cualquiera de los dos candidatos a la Presidencia, Daniel Noboa o Luisa González.

El presidente Guillermo Lasso renueva el estado de excepción por 30 días más en Ecuador

“Hemos superado el número histórico de decretos de estados de excepción por temas de seguridad en los últimos 40 años, es el presidente que más decretos ha emitido y no tienen un resultado efectivo”, expresó.

También dijo que el tiempo de gobierno de quien asuma Carondelet no alcanzará para luchar contra el crimen organizado, el mayor de los problemas que afecta al Ecuador. Añadió que es necesario que se diferencien los tipos de crimen: común y organizado y que con esto se tomen medidas que sienten las bases para una lucha efectiva.

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Por ejemplo, uno de los ejes en los que se puede afectar directamente es atacando sus estructuras económicas, controlando el lavado de dinero para que estas estructuras no puedan financiarse sus armas y logística.

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Mientras tanto, dijo que deberán trabajar en el levantamiento de información como parte inicial para tener una política pública basada en la evidencia de los registros. Es decir, normas y leyes que faciliten la lucha contra el crimen.

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“Yo creo que no pasa de un decreto más, lo único que busca es dar continuidad a los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos meses. Obviamente eso es tratar de poner una curita en algo que es una herida realmente grande”, enfatizó.

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Por su parte, Alexandra Zumárraga, experta en temas de sguridad, explicó que todo el país se ha acostumbrado a vivir bajo estos estados de excepción, en un constante estado de emergencia y respuesta ante la criminalidad del país.

Sin embargo, su lectura de este último decreto responde a la necesidad de movilización de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional por las votaciones. Según Zumárraga, existe una alerta de posibles actos violentos durante y después de la jornada de elecciones presidenciales anticipadas, convocada para este domingo 15 de octubre.

Por ello, destacó que es muy posible que en la última reunión del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) hayan tomado la decisión de extender el estado de excepción con el fin de poder movilizar efectivos.

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Además, recalcó que si algo ha permitido este tipo de decretos ha sido para realizar requisas o allanamientos sin la necesidad de la orden de un juez, pues esto demoraba el trabajo para encontrar lugares con drogas, armas y demás elementos prohibidos.

El nivel de alerta de nuevos actos violentos dependería en gran medida de la información previa, durante y después de la jornada de votaciones. De hecho, podrían ocurrir dentro de las cárceles, o trasladarse fuera de los centros penitenciarios, involucrando a la sociedad civil.

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Pese a que este esfuerzo parece lógico según el análisis de Zumárraga, puntualizó que no han resultado efectivos los anteriores estados de excepción ante una escalada del crimen organizado, delincuencia y cantidad de muertes violentas registradas en el país.

Los equipos de inteligencia e investigación estarían pendientes de estas amenazas. Por el momento, los ciudadanos piden que el crimen disminuya sus niveles y que se tomen decisiones concretas para frenar el terror en el que viven varias ciudades. (I)