El 40 % de agremiados a la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), que la integran más de 5.000 miembros, reporta haber sido víctima de un episodio de inseguridad, y el 20 % víctima de algún tipo de extorsión, según una encuesta realizada por esa organización, la semana pasada.
Su presidenta, Mónica Heller, mencionó que la reacción es la colocación de rejas en sus locales, reducir los horarios de funcionamiento, cambiarse a barrios más seguros.
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Expresó que no todos los sectores económicos se afectan de la misma manera, y a modo de ejemplo señaló que los restaurantes, bares, discotecas son más vulnerables. Ese sector reporta una pérdida de entre el 30 % y 40 % de ventas en abril.
“En general, el comercio el mes de abril está reportando ya una contracción en su actividad”, dijo.
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Además, que la inseguridad repercute en el turismo.
Para buscar alternativas ante la inseguridad, hubo una reunión de dirigentes de la CCQ con miembros de la Policía.
Control migratorio, capacitación en medidas de autoprotección, retomar espacios públicos, tasa de seguridad para reducir inseguridad y no en gasto corriente, línea de comunicación directa para los ciudadanos a través de 1800 extorsión, acompañamiento legal fueron algunas de las medidas analizadas.
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El general Víctor Herrera, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, expresó que el delito de mayor incidencia en la capital es el robo a personas.
La Mariscal, Iñaquito, en el norte, y el centro histórico son las zonas donde hay más afectaciones.
Además hay casos de extorsión, cuyo principal problema es la falta de denuncia.
Por ello, a través del departamento legal de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) se propone hacer la denuncia respectiva.
Con respecto a las plataformas digitales de pedidos hacia los domicilios, Herrera mencionó que recibirán un listado de quienes forman parte de ese tipo de trabajos, pero -agregó- que el inconveniente es la informalidad.
Algunas recomendaciones de la Policía, pues se han dado casos de personas que se hacen pasar por repartidores para cometer atracos, son que no ingresen puestos en la cabeza casco ni utilicen mascarillas, y que se queden en los exteriores de los domicilios o locales comerciales.
El oficial añadió que hacen operativos y como resultado ha habido desarticulación de organizaciones criminales.
Marcelo Yarpas, quien pertenece a una asociación de repartidores de plataformas digitales de alimentos, pidió que no se los criminalice debido a que hay personas que se disfrazan como ellos para cometer delitos.
Aseguró que a ellos les roban sus equipos de trabajo como mochilas y motos, que luego son utilizadas para delinquir.
Yarpas sostuvo que un control a las actividades delictivas en su sector no les compete, pues es una tarea estatal.
Herrera indicó que de 34 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que hay en la capital, 22 están parcialmente abiertas, y espera que para Quito se asignen 1.117 nuevos agentes con lo que se reabrirán las unidades que estén cerradas y se potenciará la presencia policial en la ciudad.
Cada quince días habrá reuniones de evaluación y seguimiento a los acuerdos entre empresarios y la fuerza pública. (I)