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Incorporar informes de análisis de riesgo, el pedido del Ministerio del Interior a la Corte de Justicia para casos de arrestos domiciliarios

El costo para el Estado sería de unos $ 20 millones anuales. El Gobierno pide que haya una reforma legal para que se reduzca ese número.

El Gobierno plantea que haya reducción de personal policial destinado a arrestos domiciliarios. Foto: El Universo

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El Ministerio del Interior pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) incorporar informes de análisis de riesgos cuando se decida que haya arrestos domiciliarios.

Juan Zapata, ministro del Interior, a modo de ejemplo, mencionó que en Loja hay 116 efectivos destinados a arrestos domiciliarios cuando hay 800 agentes o en Guayaquil existen unos 400 policías destinados a esa actividad. Sostuvo que esta situación reduce la capacidad operativa.

Esa medida, señaló en una rueda de prensa, es para embarazadas, personas con enfermedad catastrófica, de la tercera edad, que por sí solo ya se justifica, pero hay casos en donde no existe ni un mínimo de seguridad ni de humanidad para los agentes.

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Byron Guillén, juez de la sala Penal de la CNJ, expresó que dentro de las atribuciones de la entidad está el emitir resoluciones que regulen aspectos que no tengan claridad.

Agregó que contribuirán a que el juez, en cada caso, pueda adoptar con mayor claridad un fallo que no solamente tome en cuenta la vida de la persona sino también la del policía y su dignidad.

326 arrestos domiciliarios a escala nacional implica destinar 1.304 uniformados. Zapata mencionó que el costo para el Estado, tomando en consideración sueldos, logística, infraestructura, es de unos $ 20 millones anuales.

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El ministro se refirió, además, a arrestos domiciliarios de líderes de grupos de delincuencia organizada que ponen en riesgo a uniformados policiales por el nivel de peligrosidad de esas personas.

Indicó que ha habido casos de ataques armados que produjeron heridos a agentes dado que esos domicilios no contaban con las seguridades respectivas. No se han producido muertos, aunque sí heridos. En algunos casos han usado su arma de dotación.

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‘No puede ser posible que 1.300 policías estén dedicados a vigilar arrestos domiciliarios’: Ministerio del Interior y Judicatura revisarán esa situación

Zapata espera que se pueda reducir entre un 10 y 20 % del personal destinado. A junio 2023 había 60.000 policías, según el Ejecutivo. Los 1.304 policías que prestan resguardo representarían más de un comando provincial policial, dijo.

No hay un tiempo específico para la emisión de la resolución. El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, señaló que será lo más pronto posible.

De los arrestos domiciliarios, un 71 % son por delitos sexuales, narcotráfico y delitos contra la vida. (I)

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