En Ecuador se han reportado 230 llamadas a nivel nacional por abandono de niños y adolescentes

La historia de un recién nacido abandonado en el suburbio de Guayaquil se viralizó días atrás. En cuestión de horas la foto de un policía cargando al bebé hallado en una funda circulaba en redes sociales.

Noticias relacionadas

Apareció la madre de recién nacido hallado en una funda en el suburbio; autoridades decidirán si vuelve con la familia

Una niña de 12 años quiso quemar vivos a su abuela y su pareja en Balao; denunció que ha sido violada

Días después se conoció que una adolescente de 15 años se identificó como la madre. La menor supuestamente escondió el embarazo a sus padres, y tras el alumbramiento lo habría abandonado, aún conectado al cordón umbilical, en las calles 26 y la Q.

Cada año en Ecuador se reportan casos similares, de recién nacidos dejados en las calles, terrenos baldíos. Pero también se registran casos de abandonos de niños de más edad y hasta adolescentes.

El sistema ECU911 ha recibido 230 llamadas a nivel nacional por abandono de niños, niñas y adolescentes entre enero y octubre de este año. En Guayas, se han dado 28 casos, en Imbabura 28, en Morona Santiago 27, en Pichincha 23 y en el resto de las provincias 124.

Algunos de los abandonos de recién nacidos se asocian a problemas económicos o por embarazos no deseados. También se han suscitado abandonos de niños que llegan con dolencias a los hospitales infantiles y son dejados por sus familiares una vez que son internados.

“Sus padres se van y no vuelven. Los llamamos y no contestan. Es una situación que da mucha pena. El personal médico del hospital termina cuidando y engriendo a esos niños”, cuenta una pediatra de un hospital público de Guayaquil.

El abandono es un delito. Un adulto que abandone a un menor a su cargo podría pasar varios años en la cárcel.

En el artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP) se estipula que la persona que abandone niñas, niños y adolescentes será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si el menor tiene lesiones de ese abandono puede subir la pena a cuatro años, pero si se produce la muerte del niño el tiempo de prisión será de 16 a 19 años, sin contar los agravantes.

Un caso que alarmó a muchos el año pasado terminó con una condena de 25 años para Alexandra P., una madre que abandonó a su bebé recién nacida en una quebrada en enero de ese año, en la parroquia San Bartolomé de Pinillo del cantón Ambato.

En la audiencia de juicio, la fiscal demostró la responsabilidad de la acusada con pruebas testimoniales y la autopsia reveló que la causa de muerte fue una falla multiorgánica debido a las condiciones en las que fue abandonada, lo que provocó el desarrollo de larvas en sus ojos y partes íntimas.

Psicología perinatal

El psicólogo Cristian Arias, presidente de la Asociación de Bienestar Infantil, asegura que en Ecuador hacen falta políticas públicas en el área de salud mental y temas que fomenten competencias parentales. “Poco o nada se ha hecho en los últimos gobiernos en ese sentido”, dice.

“Hay que crear campañas de orientación, prevención, donde se fomenten los buenos tratos en la infancia, donde se fomenten competencias parentales”, recomienda el profesional, y agrega que hay países como Canadá y Chile que ya tienen políticas claras al respecto.

El psicólogo destaca que desde la asociación que preside hace dos años se propuso a la Asamblea incluir como obligatoriedad el acompañamiento en salud mental a lo largo del embarazo y en los primeros tres años de vida de un niño para asegurarse de que este sea criado por personas capaces, sin embargo, solo recibieron la notificación del recibido de la propuesta.

Dice que no fueron convocados para dar más detalles de la propuesta y la necesidad que hay de un acompañamiento psicológico antes del nacimiento (psicología perinatal), solo se considera el acompañamiento ginecológico.

Arias sostiene que eso ayudaría mucho en los casos de embarazos adolescentes, pues una menor que va a ser madre necesita un sistema familiar dispuesto a acompañar.

“Esto es algo vital, como profesionales no estamos inventando el agua tibia porque Ecuador es el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta”, asegura el psicólogo.

Las cifras registradas por el INEC del 2019 -publicadas en 2020- demuestran que en ese año hubo un total de 51.711 embarazos correspondieron a madres menores a los 19 años. De ellos, 1.816 corresponde a madres de entre 10 y 14 años de edad.

Decisión de las autoridades

Los médicos del hospital que atienden al bebé que fue abandonado en el suburbio lo llaman cariñosamente Francisco Joaquín. Él está estable y aunque apareció la supuesta madre, serán las autoridades las que determinen el destino del menor.

La Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños (Unipen) ya notificó el jueves pasado la aparición de la familia para que el juez encargado tome la decisión.

Un proceso judicial largo para la adopción

Cuando la familia de un menor abandonado no aparece, el pequeño suele ser enviado a una casa de acogida. Los familiares tienen seis meses para aparecer y podrían recuperarlo, pero deben pasar por un proceso. El Estado procurará que el menor pueda ser, en primera instancia, reinsertado en su núcleo familiar, en el cual se garantice su bienestar.

Cuando un niño no es reclamado por su familia o esta declina en hacerse cargo, el Estado asume la potestad y tras un proceso judicial el menor entra a una fase de adopción.

La familia adoptante es escogida de un banco de postulantes que previamente han pasado por procesos de evaluación y capacitación. Esos procesos pueden durar meses para que esas parejas sean elegibles. La familia adoptante no ve físicamente al niño hasta que acepta adoptarlo al conocer primero el expediente.

Aceptada la adopción, la familia puede ver al menor y tener un tiempo de aceptación y adaptación que por lo general dura una semana antes de que puedan llevarse al menor a casa. Tras eso deben comprometerse a iniciar el proceso legal ante un juez para avalar la patria potestad y proceder al registro del nombre o cambio de apellidos. El Estado da un seguimiento de dos años a los niños que son adoptados. (I)