En un comunicado suscrito por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, el Gobierno de ese país hizo pública el pasado 9 de marzo su decisión de declarar “no elegible” para entrar a su territorio al exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz y parte de su familia, por tener evidencia del cometimiento de actos de corrupción. Dicho de forma más sencilla, los vetaron.

Y el embajador de ese país en Ecuador, Mike Fitzpatrick, en otro comunicado posterior fue más duro: el “veto” tiene un tiempo indefinido, y es la muestra de que “nadie, por más alto cargo” que tenga o haya tenido “está por encima de la ley”.

Es la primera vez que un político ecuatoriano de ese nivel (un expresidente de la República) es señalado públicamente de esta manera por los diplomáticos de EE. UU., observan algunos analistas locales de la política exterior de esa nación. Y si lo hicieron, agregan, es porque deben tener sustentos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz (i) "no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública". Foto de Archivo.

A Bucaram lo tachan, sin rodeos, de corrupto, pues dicen tener “evidencia creíble” al respecto. Y hasta hacen lo que se podría considerar una advertencia: no dudarán en usar “todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de las personas corruptas en Ecuador y la región”, y seguirán tomando “medidas enérgicas contra el financiamiento ilícito, congelando e incautando activos robados, denegando o revocando visas, utilizando sanciones anticorrupción específicas y acciones penales y civiles de ejecución”.

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Esto contrasta con la discreción que estos mismos diplomáticos mantuvieron, meses atrás, cuando se conoció por boca del propio embajador que se les habían cancelado las visas a los que describió como “narcogenerales” y a ciertos jueces y juristas relacionados con casos de narcotráfico y de corrupción. Nunca dieron sus nombres alegando que los registros de visas son reservados según sus leyes por lo que “no comentamos sobre casos individuales”.

Solo trascendieron el del general Víctor Araus, quien se hallaba en un litigio con la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno por las calificaciones recibidas para su ascenso a general, y el del jurista y expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral Jorge Acosta. Y eso porque ellos mismos lo dijeron públicamente, pero negaron cualquier nexo con actividades ilegales o ilícitas. Ni la Policía Nacional ni la Función Judicial dijeron tampoco a quiénes se refería el embajador.

Pero este tema no es nuevo. En el 2006 también se conoció del retiro de las visas del exdiputado y excandidato presidencial socialcristiano Xavier Neira, su hermano Jorge y su socio Eduardo García.

El entonces portavoz de la misión diplomática, Aaron Sherinian, confirmó la noticia y señaló que su país prohíbe el ingreso a personas “sospechosas de corrupción pública, incluyendo a funcionarios públicos o privados”, sin precisar los motivos por los cuales se resolvió esto.

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El político declaró que la decisión fue una represalia. Su estudio jurídico ejercía por aquel entonces la defensa de la empresa argentina Acromax en juicios contra la farmacéutica estadounidense Pfizer por las patentes (permiso para fabricación y distribución) del principio activo llamado sildenafil, presente en medicamentos contra la disfunción eréctil.

El político Xavier Neira, que perteneció a las filas del PSC, perdió su visa. Él denunció que fue víctima de una confabulación de la embajada con la multinacional Pfizer. Foto Archivo

Luego, con los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks, se reveló que, en efecto, hubo pedidos desde la embajada norteamericana para retirar estos visados basándose en “información sobre soborno y manipulación judicial, en el contexto de un caso de cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual que involucra a Pfizer”, que supuestamente habían ejercido Neira y sus socios. Ellos se declararon “víctimas de una colosal confabulación entre Pfizer y algunos diplomáticos americanos que violaron leyes para servir intereses de transnacionales farmacéuticas”.

Declarar a una persona “no elegible” para entrar al país o negarle y revocarle la visa son decisiones soberanas de Estados Unidos, pero tienen diferencias.

Lo primero se basa en una legislación puntual norteamericana referida a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y las violaciones a los derechos humanos, y su consecuencia es la prohibición de ingreso al país. La decisión la emana el propio Departamento de Estado con sede en Washington. Estados Unidos la ha aplicado a decenas de personajes latinoamericanos en los últimos años, entre ellos los expresidentes Raúl Castro (Cuba), Arnoldo Alemán (Nicaragua) y Porfirio Lobo Sosa (Honduras).

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Lo segundo usualmente es una iniciativa de la embajada local y tiene motivaciones diversas, incluso algunas no relacionadas con la corrupción. Eventualmente podría revertirse.

Los juristas y docentes Pablo Encalada y Nicolás Salas coinciden en que Estados Unidos tiene el derecho a decidir quién entra o no a su territorio, pero al momento de revelarse al público podría estigmatizar o descalificar a las personas señaladas. Esto ya roza en la “intromisión” en cuestiones internas de Ecuador.

Encalada señala que estos anuncios son una suerte de “condena moral”, pero además podrían considerarse como un llamado de atención al sistema de justicia local. “Porque lo que está diciendo es ‘usted, justicia de Ecuador, no ha podido resolver estos casos; me tomo la atribución de declararlos corruptos y me niego a permitirles la entrada a mi país’”, opina.

Agrega que no tendrían que hacerse públicos, pues menoscaban la presunción de inocencia. En el caso puntual de Bucaram, expresa que si bien el expresidente tiene una “mala reputación” no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria por corrupción en su contra.

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Salas señala, asimismo, que se están afectando dos garantías: la presunción de inocencia, pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la de jurisdiccionalidad, que dice que para que una persona sea condenada debe pasar por un juicio.

“Cuando hay una descalificación en ese sentido lo que hacen es influir sobre el sistema de justicia de Ecuador para que eventualmente esa sea la resolución que se tome (en los casos)”, dice él, y agrega que le parece curioso que se haya hecho público el caso de Bucaram cuando los mismos diplomáticos extranjeros han dicho que estos temas son reservados.

El abogado de Bucaram, Alfredo Arboleda, dice que la declaración de Estados Unidos sobre su cliente coincide con la convocatoria a una serie de diligencias en el proceso penal que se le sigue por supuesta delincuencia organizada para la comercialización de insumos médicos en la pandemia, y que no quieren pensar que se trata de un intento de presionar a la justicia.

En tanto que el abogado del general Araus, Diego Chimbo, considera que lo que busca ese país es amedrentar a quienes se atreven a criticar sus prácticas. Cuenta que no solo su cliente perdió su visa, a él también se la revocaron. Y no entiende por qué, pues si Estados Unidos dice que las retira por narcotráfico o corrupción, él no está inmerso en nada de eso y tampoco ha defendido a narcotraficantes o corruptos. En la notificación que le llegó a su correo electrónico dice: “Sus vínculos no son lo suficientemente fuertes en el Ecuador y por consiguiente su visa fue revocada”.

Pero Carlos Estarellas Velázquez, académico y exsubseretario de Relaciones Exteriores, opina que “las visas son un privilegio que le da un país a un extranjero, entonces por diversos motivos, más aún por corrupción, las puede cancelar, al igual que impedir la entrada al país”.

Lo que le llama la atención, no obstante, es “lo lamentable que está el Ecuador, que tenga que ser Estados Unidos el que tome estas medidas de sanción (…), porque la Función Judicial y los fiscales no actúan, no hay contralor titular, los organismos de control están con encargados”. “La imagen internacional que damos es terrible”, indica.

Estarellas afirma que los estadounidenses “deben tener suficientes pruebas” para tomar esas decisiones. Por lo cual cree que la Función Judicial y la Fiscalía deben tomar acciones urgentes para acelerar las investigaciones de casos de corrupción, pues la ciudadanía espera respuestas.

El exdiplomático considera que el Gobierno ecuatoriano puede pedir legalmente a su par de EE. UU. que se transparenten los nombres de los supuestos corruptos. Y que en esta coyuntura tendría que plantearse la suscripción urgente de un nuevo tratado de extradición entre ambos países, pues allá también hay corruptos ecuatorianos y “lo lógico” es que también se los pueda traer al país. (I)