Amenazas de destitución del cargo, sumarios administrativos si no se cumplían las órdenes y pedidos directos del contralor (s) Pablo Celi para desvanecer, en la Contraloría General del Estado (CGE), al menos cinco glosas relacionadas con la empresa Nolimit S. A., aparecen en las versiones de los subcontralores Luis Miño y Nelson Dueñas, las cuales fueron usadas como elemento de convicción por la fiscal general, Diana Salazar, para formular cargos contra nueve personas, entre ellas el contralor Celi.

La noche del 13 de abril pasado, en la que se formularon cargos en este caso, no era la primera vez que los nombres de Miño y Dueñas aparecían en lo que ya se perfilaba pasaría de ser una fase de investigación reservada a un proceso penal.

Un día antes, el 12 de abril pasado, en el pedido de allanamientos y órdenes de detención que la Fiscalía le hacía al juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en lo que hoy se conoce como el caso Las Torres, la fiscal Salazar hacía el recuento que de las cinco glosas desvanecidas, las cuales sumarían aproximadamente $ 13 millones, al menos cuatro de ellas fueron suscritas por Miño y una por Dueñas, ambos en calidad de subcontralores.

Roberto Barrera, empresario sentenciado en Estados Unidos, abre el calendario de versiones en caso Las Torres que involucra a contralor (s) Pablo Celi

En su versión el director nacional de responsabilidades de la CGE, Luis Miño, reconoció que fue Pablo Celi quien le designó como subcontralor para el tema Nolimit y recordó no solo haber suscrito el desvanecimiento de cuatro glosas, sino también que “hubo una disposición directa y verbal por parte del señor doctor Pablo Celi de la Torre, contralor general subrogante”, para que se suscriban dichos desvanecimientos.

Publicidad

La fiscal Salazar ya explicaba que el mecanismo utilizado en esta trama de corrupción, como ya se había visto en el caso del excontralor general del Estado Carlos Pólit, consistía en el desvanecimiento de glosas a través de la subrogación en el organismo. Miño contó en su versión que desde que Pablo Celi ingresó al cargo le designó en al menos quince ocasiones como contralor subrogante.

Según Miño, Celi también le ordenó que suscribiera el desvanecimiento de glosas para otras empresas e hiciera válidos informes técnicos. Si no cumplía, dijo, estaba la amenaza de la remoción de su cargo o un sumario administrativo para su destitución.

La defensa de Pablo Celi, Jorge Luis Ortega, ha insistido en varias ocasiones en que cuando se desvanecieron las glosas su cliente estuvo fuera del país en comisión de servicios internacionales entre el 8 y el 20 de septiembre de 2018. Además, Ortega aclara que el artículo 41 de la Ley Orgánica de la CGE establece que ningún funcionario estará exento de su responsabilidad por órdenes de superiores.

El lunes último, el empresario inmobiliario Roberto Barrera, quien fue detenido y condenado en Estados Unidos por haber intermediado en el pago de sobornos en una red de corrupción en Petroecuador, rindió su versión en el caso Las Torres, en el que además del contralor Celi están siendo investigados su hermano Esteban Celi; el exsecretario de Presidencia de la República José Agusto Briones y su hermano Luis Agusto Briones; Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores; Silvia L.; Ángelo R.; Andrés L. y Elsie C.

Barrera aceptó conocer desde hace diez años a Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi que también fue sentenciado en Estados Unidos por actos de corrupción, porque acudía a la misma iglesia evangélica. Refirió que De la Torre insistía en regalarle un dinero por ser su consejero espiritual por más de ocho años. Ese supuestamente era un regalo personal debido al cariño como a un padre que le tenía De la Torre.

Se le habría planteado que lo mejor era depositar el dinero que se le ofrecía en Estados Unidos y como Barrera no tenía cuenta en ese país le pidió a un amigo de nombre Roy que si podía depositar en su cuenta ese dinero. Finalmente el amigo de Barrera habría recibido el depósito de $ 150.000 y ese dinero le fue entregado a él en Ecuador en cheques.

Publicidad

La fiscal general, Diana Salazar, participó de los allanamientos en los que fueron detenidas nueve personas que son acusadas del delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Foto: Cortesía

El empresario dijo que de Nolimit conocía que era una empresa que prestaba servicios petroleros a Petroecuador, que fue sentenciado en Estados Unidos al ser vinculado a lo que los americanos llaman conspiración por haber tenido contactos con Raúl de la Torre y conocer a Pablo Flores, exgerente de Petroecuador.

Sobre la procesada Natalia Cárdenas manifestó no conocerla, pero recordó que conoció su nombre en Estados Unidos cuando fue detenido, pues Raúl de la Torre mencionó ese nombre porque supuestamente ella sería partícipe en un asunto con Nolimit.

Cárdenas en la versión usada en la formulación de cargos del caso Las Torres explicó que ingresó como asesora a Petroecuador en 2018 y poco después lo hizo Raúl de la Torre. Indicó también que el ahora exgerente Flores tuvo mucha presión de parte de Pablo Celi y de alguien de la Secretaría General de la Presidencia de la República para contratar a De la Torre.

En su versión Cárdenas señaló que en 2019, el entonces gerente Flores quiso desvincular a De la Torre, pero recibió llamadas de funcionarios de la Presidencia de la República.

La Fiscalía durante la formulación de cargos dijo que José Agusto Briones, abusando de su cargo de secretario de la Presidencia de la República, solicitó a Pablo Flores, de Petroecuador, que mantenga en la institución a José Raúl de la Torre, quien era el que exigía la entrega de “dádivas” a la empresa Nolimit S. A. por $ 1,5 millones.

Empresario clave en caso Las Torres ya está libre en EE. UU.

Barrera también se refirió en su versión al exgerente Pablo Flores y que si conoció que él quería separar de la asesoría a Raúl de la Torre. Contó que en una ocasión De la Torre le señaló que Flores lo iba a separar de la asesoría y que ante eso él llamó a alguien de la Presidencia, quien a su vez se contactó con Flores para decirle que no lo hiciera y lo mantuvieron en el cargo hasta que fue detenido.

El también funcionario de la CGE que aparece como quien suscribe una de las cinco glosas desvanecidas, Nelson Dueñas, en su versión usada en la formulación de cargos manifestó que no puede precisar el número exacto de resoluciones que firmó desvaneciendo responsabilidades, pero apuntó que en ocasiones Daniel Fernández de Córdova iba personalmente a su despacho a decirle que había resoluciones que debía firmar por disposición de Pablo Celi.

“Dentro de esas resoluciones es muy factible que haya estado la resolución de desvanecimiento de glosa en contra de la empresa Nolimit”, concluyó. (I)