Las elecciones seccionales del 2023 traen consigo un nuevo desafío para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las organizaciones políticas, encaminadas a evitar la infiltración de actividades ilícitas, frente al aumento de la violencia protagonizada por grupos delictivos.

El Gobierno reconoce que hay una dinámica delictiva que se “traslada hacia hechos violentos derivados de conflictos entre distintas organizaciones delictivas que luchan entre sí por el control de la economía ilícita, esto es, el control de rutas de tránsito y de los territorios donde se realiza el almacenamiento, transporte y comercialización de drogas”, se expone en el Decreto Ejecutivo 411, con el que se declaró el estado de excepción en zonas de tres provincias por los altos niveles de conflictividad y muertes.

Se añade que la Policía Nacional ha decomisado un “récord” de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el 2021 de 210 toneladas y en lo que va del 2022, 80 toneladas, del que el 74 % de la cocaína que llega a Centroamérica y América del Norte transita por la Ruta del Pacífico, de la que es parte Ecuador en sus zonas costeras.

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Bajo ese contexto, el Consejo Nacional Electoral organiza las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) previstas para el 5 de febrero de 2023.

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Las estimaciones apuntan que para estos comicios se postularán 90.000 candidatos para ocupar una de las 9.792 dignidades de elección popular como son alcaldes, prefectos, viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de juntas parroquiales. Y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

En el CNE y los movimientos y partidos políticos hay preocupación, pero prudencia para discutir el tema.

El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, se arriesgó a poner en debate este hecho, en lo que fue el primer consejo consultivo con representantes de organizaciones políticas que se realizó en abril pasado.

Refirió que este proceso electoral “tiene desafíos inmensos” en cuidar de la posible penetración de actividades ‘extrapolíticas’ y exhortó a hacer una vigilancia desde las autoridades como de los sujetos políticos.

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“En territorio es en donde vamos a poder mirar, capacitar, orientar, vigilar que situaciones… actividades extrapolíticas pudieran afectar la transparencia del proceso”, expresó Pita.

El presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, lo interpeló y le pedía nombres; pero Pita le aclaró que el “país está contaminándose agresivamente por actividades relacionadas con actividades ilícitas” e insistió en su llamado a “cuidar la transparencia”.

Varias organizaciones políticas están empezando sus actividades proselitistas definiendo a los precandidatos, y sus directivos cuentan, bajo reserva, que en esa tarea han observado que en provincias fronterizas, esencialmente de la Costa y la Amazonía, hay barrios en los que ni los trabajadores de aseo de calles y hasta miembros de la Policía Nacional pueden ingresar porque las bandas delictivas se los impiden.

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Sobre ello hay incertidumbre y temor de que estas tomen partido por una u otra candidatura política y dificulten el desarrollo de las campañas electorales, por ejemplo.

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Para actores de la sociedad civil, este suceso sui generis al que se enfrenta la autoridad electoral y las agrupaciones políticas podría prevenirse con el control y fiscalización para evitar que recursos del narcotráfico se infiltren en las campañas promocionales.

Para Ruth Hidalgo, catedrática y directora de la Corporación Participación Ciudadana, “desafortunadamente” estas actividades están penetrando en el país y el escenario de la “política es el ideal”.

Teme que esto ataque los espacios democráticos, como son los comicios sin que el Estado “esté preparado” con acciones preventivas que mitiguen la violencia que pueda alterar los procesos; y en esa línea, los sujetos políticos deben estar “conscientes de que van a estar expuestos y corriendo riesgos”.

“La autoridad electoral necesita cumplir un rol fundamental, no solo en alertar, sino en insistir para evitar que los partidos sean infiltrados económicamente en el financiamiento de sus campañas y para eso es importante que desarrolle mecanismos eficientes de fiscalización”, opinó.

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Sugirió que los grupos políticos deberían firmar un acuerdo público con la presión de la sociedad civil y la Función Electoral para que se comprometan a no aceptar recursos provenientes del narcotráfico, porque “es muy probable que el crimen organizado pretenda infiltrarse para tener posiciones políticas”.

A esto también, debería sumarse la cooperación internacional, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, porque la “respuesta debe ser institucional, debería formarse una comisión o un grupo consultivo, específico para que en las elecciones se dé protección a los candidatos y articule sistemas puntuales para evitar la infiltración”.

El problema, a su criterio, es que se podrán ver unos 90.000 candidatos y será imposible controlar y a su vez brindarles seguridad de la Policía. “Estamos en una situación compleja, que es difícil de controlar y ojalá no decante en un problema de infiltración porque se complicará, producto además del debilitamiento estructural del Estado”.

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Carlos Aguinaga, analista y directivo del colectivo Voces por la Democracia, no desestima que la ‘narcopolítica’ está en el Ecuador desde tiempo atrás, sobre la que no se han aplicado controles adecuados para evitar la infiltración.

La raíz de ello es el desconocimiento de cómo se forman las organizaciones políticas, porque no hay mecanismos claros para verificar de forma práctica que se realice la recolección de firmas de adhesión para ser reconocidas legalmente; así como se desconoce si se usa dinero para pagar empresas que se dedican a vender las identidades.

“Es muy fácil enquistarse en una alcaldía pequeña y fronteriza; en una prefectura, hay que poner un ojo de control muy preciso a la formación de las organizaciones, porque es a través de ellas que se da el ingreso”, dijo Aguinaga y cuestionó que el Código de la Democracia no aplique mecanismos de control inmediatos, sino que se espera a que haya una denuncia para actuar.

Su propuesta es que las autoridades electorales y el Estado en su conjunto elaboren un plan de seguridad democrática integral para que se pueda combatir el uso de recursos ilícitos en las campañas.

“Las campañas pueden ser una forma de lavar el dinero, debe mirarse y controlar. El Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) deben hacen controles cruzados con el CNE”, comentó.

Un criterio similar tiene Medardo Oleas, analista político y exvocal electoral, quien considera que debe efectuarse un control constante de los gastos de campaña.

Detalló que hay hechos inusuales que se están observando, como precandidatos que no tienen un partido o movimiento que los auspicie y están promocionándose en poblaciones fronterizas, y si logran posesionarse públicamente podría “ser fácil alquilar o comprar un movimiento que lo promueva”.

Añadió que la UAFE, la Contraloría General del Estado y el CNE, a través de las juntas provinciales electorales, deberían verificar el origen de los recursos, para evitar que “el narcotráfico se tome algunos municipios importantes en las fronteras y la Costa y desde ahí realizar actividades ilícitas”.

“Si no alertamos de estos peligros latentes, porque el dinero sucio en una campaña sí sirve, y si no controlamos eso, no vamos a tener a un buen alcalde, un buen administrador, sino al representante del narcotráfico gobernando para ellos”, comentó.

Geovanni Atarihuana, director nacional del partido Unidad Popular, criticó la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad de la población, por lo que cree que la mejor protección de los candidatos y activistas será la organización y la vinculación con la comunidad. “El pueblo debe ser la principal protección de nuestros candidatos”, dijo.

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Víctor Bravo, director ejecutivo del movimiento político Amigo, reconoció que la situación es preocupante, y apeló a que las autoridades den las garantías para desarrollar las actividades proselitistas.

“Estamos a puertas de un proceso electoral y debemos dar las garantías a todos los candidatos; hay que estar preparados frente a escenarios que compliquen la situación, que pongan en riesgo a los candidatos y a la ciudadanía, por lo que debe haber un plan articulado de seguridad para salvaguardar”, opinó.

El Código de la Democracia establece la potestad del CNE para controlar el gasto electoral, respecto del monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales.

El artículo 211 de la norma no limita las funciones del SRI, de la Contraloría y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a determinar responsabilidades y hacer controles.

El CNE debe desarrollar un sistema de interconexión de datos que permita reportar el ingreso público o privado para el financiamiento político, sin perjuicio de las limitaciones legales sobre la privacidad. Además, dispone que este sistema reporte incumplimientos al SRI, la UAFE, la Contraloría y la Fiscalía General del Estado.

Atentados y asesinatos a figuras políticas

En los últimos meses se ha reportado el asesinato o atentados a varias figuras políticas. Uno de ellos fue el de Patricio el Cholo Mendoza, quien postulaba a ser candidato a asambleísta por Avanza por la provincia de Los Ríos, en las últimas elecciones generales del 2021.

El hecho se dio en diciembre del 2020 cuando presuntamente salía de una entrevista en un medio digital y recibió siete impactos de bala que provocaron su muerte.

En enero del 2022 también se reportó la muerte del exasambleísta de Alianza PAIS (AP) William Garzón Ricaurte, en una finca de Puerto Quito, en Pichincha.

Exalcalde de Yantzaza fue asesinado en el sector de Yanacocha, en Loja

En febrero pasado, Andrés Macías, exalcalde de El Triunfo (Guayas), fue asesinado al estilo sicariato.

Ángel Erreyes Quezada, exalcalde de Yantzaza (Zamora Chinchipe), fue asesinado el 8 de mayo de 2022 en el sector de Yanacocha, en Loja. El hecho se habría producido mediante la modalidad de sicariato.

Ese mismo 8 de mayo también se reportó un atentado al exasambleísta de Alianza PAIS (AP) Rodrigo Collaguazo. Al salir de un evento familiar, sujetos le habían disparado y al ser trasladado a un hospital de Quito se confirmó que las balas no provocaron heridas de gravedad, por lo que se encontraba estable. (I)