Tribunal convoca a escuchar sentencia por peculado al exalcalde Jorge Yunda y otros trece acusados: la notificación destraba año y medio de suspensión

Luego de haberse repetido dos audiencias de juzgamiento y 469 días después de que el Tribunal Penal de Pichincha suspendió la audiencia de juicio para deliberar la sentencia a la que arribaría en el caso Pruebas PCR, por peculado, en el que es procesado el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda y otras trece personas, el presidente de la Sala, José Jiménez, convoca a las partes procesales el próximo 22 de septiembre para que conozcan el fallo oral de la causa.

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La notificación de la convocatoria se hizo el 29 de agosto pasado, una vez que Jiménez completó la “suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días del ejercicio de funciones”, el cual se cumplió el 22 de agosto, y asumió nuevamente la ponencia del Tribunal

“Se convoca a reinstalación de la audiencia de juicio, la que tendrá lugar conforme disponibilidad de agendamiento, para el 22 de septiembre próximo, a las 09:00. En las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el piso 3, sala 6 deberán estar presentes los sujetos procesales con los que se dio inicio la audiencia de juzgamiento. El actuario debe encargarse de las gestiones que correspondan a fin de que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal”, refirió Jiménez en su providencia,en la que aclara que con este decreto han sido contestados una serie de escritos en los que se solicitaba se reinstale esta diligencia.

La Sala de Juicio está integrada por Jiménez y los jueces provinciales Lady Ávila y Dilza Muñoz. Ellos, el 17 de abril de 2024, suspendieron la audiencia de juzgamiento, luego de varios días de diligencia en los que se escucharon al representante de la Fiscalía de Pichincha, a los abogados del Municipio de Quito y a las defensas del exalcalde Yunda, quien es acusado como autor mediato; del exsecretario de Salud Lenín Mantilla y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S. A., ubicados como autores directos; y de once personas más señaladas como coautoras, entre quienes están Ximena Abarca, exsecretaria de Salud del Municipio de Quito, y Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del cabildo quiteño.

La teoría acusatoria que maneja Fiscalía señala que se produjo un perjuicio al Estado a raíz de la suscripción de un contrato, en abril de 2020, para comprar 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19, por un valor de $ 4,2 millones. Además, otros contratos adicionales firmados fueron de “externalización” que produjeron un perjuicio por más de $ 2,2 millones, probando así, de acuerdo con la Fiscalía, que se configura una conducta que se subsume en el delito de peculado.

Conocida la convocatoria, Ximena Abarca, una de las catorce personas procesadas, señaló: “Más de 1.900 días esperando justicia. ¿Quién nos devuelve el tiempo de vidas perdido? A estas alturas no hay dudas de que este caso siempre fue persecución política .No obstante, siempre orgullosa de nuestro trabajo cuidando la vida de las y los quiteños durante la pandemia”.

En cambio, Linda Guamán sostuvo: “Después de 1.500 días de que fui vinculada,dos audiencias de juicio repetidos y dos años con grillete, incluso en embarazo y lactancia, llegará el momento de escuchar la sentencia.He vivido en carne propia lo que significa la criminalización de la ciencia. Espero que este 22 de septiembre se marque el inicio de la reparación y de la verdad”.

Juan Pablo Albán, quien fue en su momento abogado del cesado alcalde de Quito Jorge Yunda, en su cuenta personal de la red social X escribió: “Ya era tiempo. La demora en anunciar el fallo pasó hace rato de excesiva absurda. La Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura (CJ) deberán estar muy atentos a que no haya nuevas postergaciones de último momento y con ello nuevas violaciones a las garantías judiciales más elementales”.

Tras varios intentos fallidos, el 6 de febrero de 2024 se instaló la fase de juzgamiento en el caso pruebas PCR contra el exalcalde Yunda y otros. Este proceso penal no avanzaba de la etapa de juicio desde finales de septiembre de 2021, fecha en la que la primera audiencia de juzgamiento se suspendió debido a la recusación que presentó la defensa de Yunda contra el juez Fabián Fabara, parte del a ese momento Tribunal de Juicio.

A Fabara los abogados del exalcalde de Quito lo acusaron de haberse mostrado parcializado en la causa y la recusación planteada por ellos quedó en firme recién a mediados de 2022.

Integrado formalmente el nuevo Tribunal de Juicio y una vez el Consejo Nacional Electoral confirmó que Jorge Yunda no fue electo en los sufragios seccionales de 2023, los jueces Jiménez, Ávila y Muñoz, el 17 de mayo de 2023, decidieron declarar la nulidad desde la convocatoria a la audiencia de juicio desarrollada a partir del 29 de septiembre de 2021.

Con la resolución de los jueces provinciales se formalizó el que la etapa de juzgamiento contra 14 personas procesadas por peculado vuelva a cero, es decir, tanto la Fiscalía de Pichincha, el Municipio de Quito, como acusador particular, y las defensas de los acusados debían volver a presentar la prueba pericial, testimonial y documental que confirman las teorías del caso que se manejan desde cada uno de los sujetos procesales.

El exalcalde Yunda y su abogado han rechazado la teoría acusatoria de Fiscalía, indicando que el hoy exfuncionario municipal actuó de la forma correcta para salvar vidas en un momento de pandemia. Marcelo Icaza, abogado de Yunda, dijo durante la audiencia que la Fiscalía no tiene seguimientos, escuchas o chats de mensajes en telefonía móvil que demuestren que hubo irregularidades en la compra de estos dispositivos médicos, cuyo objetivo era disminuir los contagios.

Icaza aseguró haber demostrado que las pruebas médicas cumplieron con las especificaciones técnicas; mientras que Yunda criticó que este caso haya iniciado por una noticia en un medio de comunicación, en el que se aseguró que las pruebas de detección del virus tienen baja sensibilidad. Recordó el exalcalde que la Arcsa ha ratificado que las pruebas eran y son válidas y lograron evitar los contagios en la emergencia sanitaria.

La abogada Alexandra Vaca, acusadora particular en representación del Municipio de Quito, relató en la fase de juicio que el contrato de pruebas PCR que realizó el cabildo quiteño bordeó los $ 3,7 millones con la empresa Saludmed y la sospecha es que no se recibieron pruebas de diagnóstico PCR de polimerasa, sino de otras características: RT-Lamp, provocando un supuesto daño por $ 2 millones. (I)