Tres inmuebles de Álex Bravo pasan a manos del Estado por sentencia en caso de corrupción en Petroecuador

Tres inmuebles ubicados en la provincia de Esmeraldas y avaluados en $ 240.000 de propiedad del exgerente de Petroecuador Álex Bravo pasaron a manos del Estado ecuatoriano como parte de la sentencia que el exfuncionario petrolero mantiene en ejecución por el delito de cohecho, al ser uno de los responsables de la trama de corrupción que operó en Petroecuador.En enero pasado, como parte de la sentencia en firme por el delito de cohecho ocurrido en el interior de Petroecuador, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Tribunal de Ejecución del caso que se encuentra en Pichincha que inicie la ejecución forzosa y embargo de los bienes a nombre de los trece sentenciados, entre quienes están el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y el exgerente Álex Bravo.La PGE obtuvo de Inmobiliar, instancia pública encargada de administrar bienes relacionados a procesos judiciales, una lista de la que se desprendía que existen al menos 20 bienes, entre viviendas, oficinas, y automóviles de propiedad de Pareja Yannuzzelli, Bravo, Paquita de Mora, Arturo Escobar, Glenda Meza, Ramiro Luque, Humberto Guarderas, Andrés Baquerizo, Arturo Pinzón, Jaime Baquerizo, Sonia Calero, Rosa Pareja y Carlos Pareja Avilés.Como parte de este proceso, el Registro de la Propiedad de Esmeraldas marginó a pedido de la PGE las respectivas transferencias de dominio de una vivienda de dos pisos con una superficie de 312,50 metros cuadrados; un terreno con una superficie de 3.324,52 metros cuadrados; y una casa con una superficie de 102,50 metros cuadrados.Los dos primeros inmuebles están ubicados en la parroquia Simón Plata y en las calles Manuela Cañizares, entre Colón y Olmedo, todas en la ciudad de Esmeraldas. Los inmuebles al momento se encuentran en custodia y administración de Inmobiliar, hasta que se realice el remate respectivo.En la causa por cohecho el Estado, a través de la PGE, espera recuperar de los sentenciados $50,4 millones , que es la suma de $12,6 millones de reparación y $37,8 millones de pena pecuniaria.Por su parte, la Procuraduría General del Estado recordó en un comunicado que, al ser la responsable del proceso de ejecución, no cesará en su tarea para que los sentenciados por casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país. Así, asegura la institución, se garantizará la eficiencia de la administración de justicia.Además de lo que adeuda Bravo en el caso por cohecho, la Procuraduría espera recuperar $364.204 del proceso con sentencia ejecutoriada que el exfuncionario petrolero mantiene por el delito enriquecimiento ilícito. (I)

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