Gobierno aclara que la ley urgente sobre competitividad energética no invoca la privatización

En el segundo día de análisis del proyecto económico urgente de competitividad energética, la Comisión de Desarrollo Económico recibió las explicaciones de la ministra de Producción y Comercio Exterior, Sonsoles García, sobre la necesidad de viabilizar el proyecto que busca inversión privada en planes energéticos y aclaró que no se trata de una privatización.

Posterior a esa comparecencia se recibió a varios representantes del sector privado dedicados a la generación de energía, quienes pidieron mayor claridad sobre seguridad jurídica que se brindará para la inversión en el área energética, por lo que plantearon ajustes en la normativa.

Comisión legislativa inicia análisis de la ley urgente de competitividad energética

La funcionaria de la cartera de la Producción, en una exposición telemática, realizó un barrido sobre el proceso de inversión extranjera directa para la transición energética, y al referirse al Ecuador dijo que entre el año 2018 y el 2022 el promedio de inversión alcanzó $ 6.900 millones y el año que más se atrajo la inversión fue el 2020 luego de la pandemia COVID-19; es decir, nuestro país tuvo una participación aproximadamente del 0,7 % de toda la inversión extranjera directa registrada solamente en el sector eléctrico a nivel mundial.

En los últimos cinco años fueron aprobados 16 contratos de inversión en el sector eléctrico que suman $ 780 millones, con una generación de más de 990 empleos directos para el país.

Destacó que uno de los objetivos del proyecto urgente relativo a inversión es que el Estado puede delegar de forma excepcional a empresas privadas y a empresas de economía popular y solidaria la participación en actividades del sector público en energía eléctrica y del servicio en el alumbrado público mediante procesos de selección cuando sea necesario para satisfacer el interés público o cuando el servicio no pueda ser proporcionado por las empresas públicas.

García aclaró que la delegación excepcional al sector privado no es privatización del servicio o infraestructura eléctrica que debería ser provista por el Estado ecuatoriano, sino más bien lo que se busca es tener eficiencia y eficacia dentro del proceso de energía eléctrica. “La privatización está prohibida por la Constitución y no es el fin de lo que busca este proyecto de ley”, reiteró.

También se refirió a la excepcionalidad para la incorporación de fuentes renovables de energías a través de zonas francas, pero siempre que esté en emergencia el sector eléctrico o que se declare estado de excepción para que estas puedan ser incorporadas dentro de proyectos multiempresariales en zonas francas y se pueda crear, para la generación y transmisión, infraestructura para la energía eléctrica adicional; y siempre y cuando el sector privado lo pueda hacer dentro de las zonas francas que ya están constituidas, pues no serán zonas francas uniempresariales, ni se crearán zonas francas para este propósito, sino que operarán en las zonas ya constituidas.

Además, dijo que los proyectos pueden ser de generación o transmisión eléctrica para poder satisfacer la demanda nacional.

Para poder atraer más inversión extranjera directa, en lo que refiere a las energías renovables, es importante, dijo García, hacer hincapié sobre la residencia fiscal en Ecuador, pues hoy en día lo que el Ecuador necesita es tener transparencia tributaria, y por lo tanto, no se debe como Gobierno central y como comisión legislativa tratar de incentivar la creación de estructuras que ayuden a evadir el pago de tributos locales, sino más bien tener reglas claras para que el inversionista extranjero directo quiera posicionarse en Ecuador y quiera tributar.

Las críticas al proyecto vinieron del delegado del correísmo ante la comisión, Blasco Luna, quien reclamó que en la ley existe una contradicción, porque se habla que traer inversión extranjera y en la misma ley se eliminan posibles inversiones estatales de otros países, por lo que pidió que se ajusten los textos para no restringir la participación de otros gobiernos en proyectos energéticos, como la República Popular de China.

También pidió que se aclare que este proyecto urgente no es que permitirá de manera inmediata tener un sistema eléctrico y evitar los cortes de energía, para ello, hay que hacer ajustes.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), explicó que la exclusión, en el proyecto, de las empresas estatales extranjeras para invertir en proyectos eléctricos se debe al hecho de que puede no seguirse un proceso público de selección con igualdad de condiciones con los privados y podría tergiversarse a ser una delegación directa de Estado a Estado sin seguir los procedimientos regulados y adecuados.

Sin embargo, si garantiza que las empresas estatales extranjeras van a participar en igualdad de condiciones con las empresas privadas, “yo estaría de acuerdo en que debería mantenerse, pero con esa puntualización, para que no se tergiverse de que pueda hacerse una asignación directa de Estado a Estado, y evitar que sea realmente el inversionista de mejor condición y más apto para hacer la inversión el que se asigne“, dijo.

La ministra Sonsoles García, al responder esta inquietud del legislador Blasco Luna, indicó que cuando hay una inversión, sobre todo, en sectores estratégicos de Estado a Estado, es de régimen especial y no va a concurso público.

El legislador Jorge Álvarez (PSC) intervino para señalar que en la ley se debe garantizar el cumplimiento de la ley de servicio público de energía eléctrica, en la que quedó prohibido que las tasas por el servicio de recolección de basura sean indexadas a las tarifas del servicio público de energía eléctrica, porque encarecen y elevan el valor final de la planilla de luz. (I)