El trámite de 371 solicitudes de amnistías que realiza la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional avanzó con la comparecencia de varios dirigentes y ciudadanos de organizaciones sociales involucrados con los sucesos de octubre del 2019 y que buscan ser beneficiados por este recurso, contemplado en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La sesión de la Comisión se instaló de manera virtual este 14 de enero, en la que se recibió al presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay; a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a María Hernández, coordinadora del Comité de familias víctimas de las protestas de octubre del 2019 Marco Otto; a Pablo Torres, de Vigilia Permanente de Sucumbíos, entre otros.

Su exposición se centró en los procesos legales que enfrentan por su presunta participación en las violentas jornadas de protesta del 2019, cuando se rechazó el decreto ejecutivo 883 que expidió el expresidente Lenín Moreno que eliminó los subsidios a los combustibles.

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Sucuzhañay afirmó que están siendo criminalizados, después de que el expresidente Moreno tomó una decisión que afectaba a la población, por la que se acogieron al derecho a la resistencia y “por defender ese derecho, el Estado nos criminalizó y persigue a los ciudadanos”.

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Cuestionó que se los acusa de cometer actos criminales, pese a que el movimiento indígena ha tenido la característica de mantener una resistencia pacífica.

“Querer involucrar al movimiento indígena como vándalos, eso jamás ha existido”, dijo y pidió a la Comisión que considere sus argumentos porque son ellos (los asambleístas) quienes tienen las herramientas jurídicas para que el Estado no los criminalice.

Leonidas Iza es investigado por secuestro, organización terrorista, sabotaje, paralización de servicios públicos y rebelión por el ‘levantamiento indígena de octubre del 2019′. Pidió que él y quienes enfrenten investigaciones por esos hechos sean amnistiados al ser víctimas de la criminalización de la protesta generada desde el Estado.

Hizo un recuento de varios hechos que se produjeron durante los doce días de manifestaciones, de las que reconoció fueron “brutales”, pero cree que lo que se debería investigar es de dónde vino la violencia, pues “hubo infiltración” externa.

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“No podemos admitir ninguno de los delitos que nos imputan”, expresó Iza ante la mesa legislativa, e insistió que la protesta social está siendo estigmatizada. “Jamás fuimos a Quito para destruirla. Hubo 2.100 eventos (de protestas), por lo que esta movilización no fue solo del movimiento indígena” sino por el descontento social, afirmó.

El dirigente dejó “en manos” de la Comisión la decisión, para que se pare con la “persecución” a los dirigentes sociales.

María Hernández, coordinadora del colectivo Marco Otto (uno de los ciudadanos que falleció en el puente de San Roque en el contexto de la movilización), es hermana del parlamentario andino del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández. Ella medió por él, por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y otros actores políticos que están siendo investigados por el delito de rebelión, también por las protestas del 2019.

La mujer aseguró que detrás de los procedimientos legales, lo que hay es una “persecución política”, porque “hubo dedicatoria”.

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Exhortó a los legisladores a leer los expedientes judiciales para que constaten que no existen pruebas de que incurrieron en ese delito; y en ese marco que se “pare la persecución política”, el “odio”, pues se está construyendo una teoría porque son ‘correístas’, es decir, afines al ex presidente de la República, Rafael Correa.

Pablo Torres, del colectivo Vigilia Permanente de Sucumbíos, habló por sus coidearios, como el exlegislador Yofre Poma, que fueron procesados por el delito de paralización de servicio público.

Alegó que se demostró que la empresa pública Petroecuador no pudo demostrar que hubo pérdidas de más de $ 1 millón por la paralización de la producción de petróleo, cuando se produjeron las manifestaciones.

Denunció incluso que sus compañeros fueron “secuestrados y desaparecidos” por 24 horas, cuando se los detuvo para las investigaciones.

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Otros dirigentes que se presentaron fueron Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis (Fedotaxis), que también pidió que se le conceda la amnistía porque es investigado del presunto delito de paralización de un servicio público.

Aseguró que oponerse a una política gubernamental no es un delito, pese a ello fue privado de la libertad de manera ilegal, lanzado a un calabozo y torturado.

“El culpable de los hechos ocurridos en octubre del 2019 se llama el gobierno mentiroso de Lenín Moreno”, reclamó Calderón.

La ciudadana María Tenesaca narró que era acusada de haber secuestrado a militares y que enfrentaba una investigación penal, por la que era hostigada. Que incluso cuando se reúne con sus compañeros, le envían boletas recordándole que debe presentarse a diligencias para amedrentarla.

Exhortó a los asambleístas a recibir el beneficio porque esto es una “persecución política” en su contra.

Desde el correísmo, la legisladora de UNES Fernanda Astudillo recriminó que ninguna autoridad del Estado ha sido mutilada por las protestas de octubre o enfrenta un proceso legal, pero que el “pueblo fue masacrado” y atacado “brutalmente”.

“Lo que pasó en octubre fue un delito de lesa humanidad”, decía Astudillo, para que sus colegas reflexionen sobre la necesidad de que se consideren los argumentos expuestos por los comparecientes para otorgar las amnistías.

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La Comisión legislativa no tiene un calendario específico para ir tramitando los pedidos o cuándo tendrá un informe para debate del pleno de la Asamblea Nacional.

El artículo 120 de la Constitución, sobre las atribuciones del Legislativo, dispone en su numeral 13 “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.

En tanto, el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que la Asamblea podrá expedir la resolución “por delitos políticos o conexos con los políticos. La competencia se ejercerá a petición de parte en cualquier etapa preprocesal y procesal penal”. Es decir, no se requeriría que el procesado tenga en una sentencia en firme.

La norma aclara que “se entiende por delitos políticos aquellos cometidos o presuntamente cometidos por una o varias personas contra la organización y funcionamiento del Estado, motivados en fines de reivindicación social colectiva en un contexto político-social de agitación interna o conflictividad social. Los delitos conexos son aquellos actos delictivos o presuntamente delictivos ligados a fines políticos colectivos, aunque en sí mismo constituyan delitos comunes”. (I)