La reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio por el caso de presunta delincuencia organizada en el que están vinculados el expresidente de la República Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otros cinco procesados se suspendió para el próximo sábado 19 de junio.

La diligencia estaba prevista a realizarse hoy, 12 de junio, a las 09:00 en el Complejo Judicial Norte de Quito, pero la jueza penal de Pichincha Verónica Medina se vio obligada a suspenderla, debido a que a la fiscal a cargo del caso, Lidia Sarabia, no se presentó de forma presencial, sino telemática.

Medina suspendió el martes último la audiencia, para precautelar que la procesada Isabel M. tenga una defensa en igualdad de condiciones y no afectar sus derechos. Y pidió que la Defensoría Pública designe para la procesada un profesional que cuente con el tiempo y que tenga el conocimiento del expediente y los hechos que se van a tratar.

Asimismo, solicitó a las partes procesales que asistan de manera presencial, sin embargo, la fiscal asistió mediante una plataforma telemática, lo que derivó en un incidente.

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La magistrada dejó “en claro” que la diligencia no se realizó por el incumplimiento de la fiscal a la disposición dispuesta, y que incluso la estaba induciendo al error, al justificar que no asistió presencialmente por motivos de salud.

Sarabia, en cambio, aseguró que no ha “desobedecido”, y que había sido autorizada a comparecer de manera telemática.

Los abogados defensores de Bucaram y Bucaram Pulley cuestionaron a la fiscal y aseguraron que se encontraba de vacaciones en España.

Finalmente, Medina resolvió convocar a la reinstalación para el próximo sábado y de manera presencial a las 09:00.

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A la audiencia no solo están convocados Bucaram Ortiz, Bucaram Pulley e Isabel M., sino también el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B., y los ciudadanos Bryan P., Verónica A. y el israelí Sheinman Oren.

La Fiscalía investigaba inicialmente a nueve personas por supuestamente haber planificado y ejecutado actividades delictivas entre marzo y octubre del 2020, dentro de la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria.

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El 15 de abril pasado, la jueza María Elena Lara, quien fue recusada por la defensa de Bucaram Ortiz y Bucaram Pulley dejó la causa, resolvió los pedidos de procedimiento abreviado planteados por los también exagentes de la AMT procesados por delincuencia organizada Cléver A. y Samuel S.

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En esa audiencia los dos exagentes fueron sentenciados a cinco años de cárcel, luego de que consintieron expresamente tanto la aplicación del procedimiento abreviado como la admisión del hecho que se les atribuye. Además se les ordenó el pago de una multa de 15 salarios básicos unificados ($ 6.000). La Fiscalía también solicitó se aclare la sentencia definida para los dos exagentes.

El 8 de junio, la jueza Medina no aceptó los vicios de nulidad planteados por los procesados, pues dijo que no existe causal para declarar la nulidad de lo actuado y que tampoco procedería el pedido hecho para que se excuse ella de continuar conociendo el caso. Con ello se declaró válido todo lo actuado por Fiscalía durante la etapa de instrucción fiscal.

No se ha conocido de ningún dictamen abstentivo de parte de la fiscal Lidia Sarabia, quien está a cargo de la acusación, por lo que se presume que contra los siete procesados existiría un pedido de llamado a juicio. En audiencia las partes anunciarán las pruebas periciales, testimoniales y documentales que presentarán si son convocados a la etapa de juzgamiento.

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La instrucción fiscal en este caso se abrió el 13 de agosto de 2020 con la formulación de cargos del expresidente Bucaram Ortiz y los tres entonces agentes de la AMT. Más adelante fue vinculado al proceso Jacobo Bucaram Pulley, luego de que fue expulsado de Colombia, y otros cuatro ciudadanos más, entre ellos el israelí Sheinman Oren, quien fue el único sobreviviente de un ataque ocurrido en la Penitenciaría del Litoral.

La Fiscalía en agosto pasado formuló cargos bajo el supuesto que existía un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre del 2019 y agosto del 2020. Una de las actividades ilícitas cometidas por los integrantes de esta estructura habría sido la obtención de beneficios económicos en el contexto de la comercialización de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador en 2020. (I)