En 26 meses, de 462 solicitudes de declaratoria jurisdiccional previa por supuesto dolo, error inexcusable o manifiesta negligencia de servidores judiciales presentadas por el Consejo de la Judicatura (CJ), solo 63 de ellas, es decir, el 13,64 % del total, recibieron una respuesta positiva de parte de jueces superiores al funcionario cuestionado.
La declaratoria jurisdiccional previa es un requisito indispensable para la aplicación de sanciones disciplinarias a los servidores judiciales que presuntamente han incurrido en faltas gravísimas de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, contenidas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
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La Corte Constitucional (CC), en su sentencia 3-19-CN-20A de agosto de 2020, ordena que sea un juez el que defina si existe error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo para que un funcionario judicial pueda ser sancionado. Esta potestad hasta antes de la sentencia de la CC estaba en manos del CJ e incluso en períodos anteriores, como el de Gustavo Jalkh, fue criticado por ser usado para destituir a jueces que fallaron en contra del régimen de ese momento.
A finales de julio de este año, ante una manifiesta negligencia el entonces juez multicompetente de Manglaralto (Santa Elena) Diego Moscoso fue destituido por el pleno del CJ. Haber actuado con falta de competencia en razón del territorio en la tramitación del habeas corpus solicitado a favor del exvicepresidente Jorge Glas, así como por haber causado indefensión al no citar con la acción al legitimado pasivo dentro de la causa, fueron los hechos que generaron que el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Santa Elena emita una declaratoria jurisdiccional previa contra Moscoso por cometer un error inexcusable.
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“La baja tasa de resolución favorable para los requerimientos de declaraciones jurisdiccionales previas impide que el CJ pueda continuar con los procesos disciplinarios a los servidores judiciales investigados por las mencionadas infracciones gravísimas”, señaló la Judicatura mediante un comunicado.
El 63,2 % de solicitudes de declaratoria jurisdiccional previa por supuesto dolo, error inexcusable o manifiesta negligencia o 292 casos recibieron una respuesta negativa de los órganos jurisdiccionales correspondientes.
El 20 de mayo pasado, por supuestamente recibir dos denuncias disciplinarias gravísimas, el Consejo de la Judicatura requirió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la declaración jurisdiccional previa contra Iván Saquicela, actual presidente de la Corte Nacional, ante una presunta negligencia manifiesta.
Ese caso, para finales de junio último tuvo una resolución negativa para la Judicatura. Luego de analizar un informe respecto a una denuncia administrativa que hablaba que el presidente de la CNJ incurrió en una falta gravísima en la sustanciación del proceso de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos, el pleno de la Corte Nacional, por unanimidad, resolvió que Saquicela no incurrió en manifiesta negligencia.
La decisión se da en torno a la denuncia de tipo administrativo presentada por el abogado en libre ejercicio Álex Guamán el 19 de mayo último. Esta tenía que ver con la supuesta demora que habría habido en el trámite de extradición del expresidente Correa.
Como parte del período analizado, desde julio de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022, 107 de las 462 solicitudes, es decir el 23,16 %, no tuvieron contestación.
Hasta el 30 de septiembre, los 107 procesos pendientes de trámite se encontraban en órganos jurisdiccionales superiores como la CC (20), CNJ (8), Corte Provincial de Pichincha (34), Corte Provincial de Esmeraldas (13), Corte Provincial de El Oro (9), Corte Provincial de Guayas (6), Corte Provincial de Imbabura (4), Corte Provincial de Los Ríos (4), Corte Provincial de Manabí (7), Corte Provincial de Cañar (1) y Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos (1). (I)