Con 32 firmas de respaldo, aunque la ley exige al menos 34 apoyos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continúa procesando la solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior Patricio Carrillo, y los secretarios de Seguridad, Diego Ordóñez, y de Derechos Humanos, Paola Flores.

Análogamente, la misma Comisión de Fiscalización, el 3 de mayo de 2022, archivó la solicitud de juicio político en contra del entonces procurador del Estado, Íñigo Salvador, en vista de que varios legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) retiraron las firmas de respaldo, por lo que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 131 de la Constitución.

La solicitud de juicio político la presentaron los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez del bloque Pachakutik, por incumplimiento de funciones y por cinco motivos: inadecuado control y manejo de la fuerza pública en el paro de junio del 2022; matanza en las cárceles; inseguridad ciudadana; consecuencias del narcotráfico; y, femicidio de María Belén Bernal, en la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo.

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Segundo juicio a exministro Patricio Carrillo y a los secretarios Diego Ordóñez y Paola Flores con tropiezos constitucionales

Este pedido de juicio se procesa bajo protesta del presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, quien en cada sesión recuerda que el juicio no tiene firmas de apoyo.

En la sesión de este 13 de marzo, los legisladores tampoco dieron paso a un pedido de la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, que pidió que se aclare cuáles son las acusaciones a las que debe responder.

Ana Belén Cordero (CREO) coincidió con los representantes de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) en que no es el momento procesal para dar paso al pedido solicitado por Flores, por lo tanto, “la ministra tendrá que defenderse con lo que haya y con lo que pueda”.

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Lo que sí pasó es el pedido del legislador Ricardo Vanegas de que se excluya de las acusaciones en contra del exministro Patricio Carrillo lo relacionado con el femidicio de María Belén Bernal y el inadecuado control y manejo de la fuerza pública en el paro de junio del 2022, debido a que estos casos ya fueron juzgados en un proceso de juicio que evacuó la Asamblea Nacional, semanas atrás.

Retiro de firmas

Los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez de la bancada Pachakutik presentaron la solicitud de juicio en contra de Carrillo, Ordóñez y Flores, con 36 firmas de respaldo, pero antes de su calificación cuatro legisladores retiraron sus firmas, con lo que se quedó con 32 apoyos de los 34, que exige la norma.

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Los legisladores Mariano Curicama (BAN), Francisco León (BAN), Jesica Castillo (PK) y Rafael Lucero (PK), el 16 de febrero de 2023, remitieron una comunicación a la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificando el retiro de las firmas de respaldo al juicio al exministro Patricio Carrillo y a los actuales secretarios de Seguridad y de Derechos Humanos.

El 28 de febrero, el secretario de la Comisión de Fiscalización certificó que el juicio en contra de Patricio Carrillo Rosero, exministro del Interior; Diego Ordóñez Guerrero, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado; y, Paola Flores Jaramillo, secretaria de Derechos Humanos, no cumple con las firmas de al menos la cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional, en virtud de lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En esa sesión, el legislador Pedro Velasco (BAN) mocionó el archivo de la solicitud de juicio por no reunir los requisitos legales para su calificación”. La moción no fue aprobada por los miembros de la comisión, hubo 4 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.

Sin embargo, la asambleísta oficialista Ana Belén Cordero planteó la calificación del juicio, pese a no reunir los requisitos por falta de firmas. Esa moción tampoco fue aprobada, hubo 3 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

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El 1 de marzo de 2023, el legislador correísta Roberto Cuero (UNES) solicitó la reconsideración de la moción presentada por la asambleísta Ana Belén Cordero, y fue aprobada con 5 votos a favor y 3 en contra. Luego se procedió a avocar conocimiento y calificar la solicitud de interpelación con 5 votos a favor y 4 en contra.

Al momento, el proceso se encuentra en etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, y el plazo para ello vence el próximo 17 de marzo. (I)