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Renato González: Detrás de Jorge ‘el Mago’ Chérrez hay políticos, poderes económicos y poderes criminales muy influyentes

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) busca recuperar aproximadamente $ 960 millones irregularmente manejados a modo de inversión.

Quito. 02/11/2022. El coronel Renato González es actualmente el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) e impulsa las denuncias y los procesos penales por los actos de corrupción que ocurrieron en porcesos de inversión con dineros del seguro social policial. Cortesía/El Universo. Foto: El Universo

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El director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Renato González, en entrevista con Diario EL UNIVERSO habló sobre la situación actual de los procesos penales abiertos en Quito y Guayaquil dentro de la trama de corrupción ocurrida en el interior de la institución, a partir del manejo irregular e ilegal que se dio a recursos económicos que pertenecían a la seguridad social policial.

Para el oficial, los “atracos” ocurridos en el denominado caso Isspol contaron con la complicidad de las más altas autoridades de la época. Cree que hasta el momento no se han investigado todos los delitos que en esa trama han ocurrido, ni tampoco están siendo procesados todos quienes participaron en la desviación de dineros, que fueron movidos bajo la modalidad de inversiones.

Ya han pasado más de 26 meses de las primeras denuncias y hasta el momento no hay sentenciados como responsables de la desviación ilegal de fondos del Isspol, a la que hicieron pasar como inversiones...

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Así es. Lastimosamente, el sistema penal y procesal penal ecuatoriano, desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, en el 2014, está montado de tal manera que la investigación de delitos contra la Administración pública, delitos financieros, en definitiva, delitos graves, sea muy lenta. Que los potenciales victimarios posean una serie de recursos horizontales y verticales les permite tener estrategias dilatorias.

Es por eso que en el país, luego de 26 meses de investigación, no tenemos absolutamente un solo sentenciado. Causa tal envidia el sistema de justicia de Estados Unidos, en el que ya tienen dos autores confesos: Luis Álvarez, exdirector de Operaciones del Decevale, por haber recibido $ 2,6 millones de sobornos de Jorge Chérrez Miño; el exdirector de Riesgos del Isspol Jhon Luzuriaga, quien confesó haber recibido $ 1,3 millones en sobornos, también de Chérrez. Eso nos demuestra que el sistema estadounidense más bien ha hecho avances significativos y no así la justicia ecuatoriana.

Al tema del sistema penal y procesal penal vigente, del que usted habla, ¿quizá se puede sumar el poco interés de la justicia o la existencia de grandes intereses tras la intención de que no resuelvan estos casos?

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Más que el poco interés por parte del sistema de justicia, yo me inclino por los intereses que hay de por medio. Recordemos que el tema Isspol es un caso de crimen organizado, político, económico transnacional; y las organizaciones criminales que además atacan esta magnitud de fondos, que son casi $ 950 millones, tienen filtrada a la totalidad de instituciones públicas, y no se diga de instituciones privadas. En virtud de lo cual ellos tienen facilidades para clandestinamente ir torpedeando los diferentes procesos investigativos. Doy un caso: a la jueza Gianella Noritz, quien está llevando la investigación del Decevale, le han planteado tres o cuatro intenciones de recusación, es decir, constantemente y muy bien sincronizados, una vez va una parte, otra vez va otra parte, en la siguiente va una tercera parte. Todos ellos tienen una perfecta coordinación para ir alargando los procesos.

Entonces, ¿usted ve que existe interés en la Fiscalía y los jueces para impulsar las causas?

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Debo destacar personas con nombres y apellidos, como es el caso de César Suárez; en su momento, Víctor González; ahora confiamos en la labor que puedan desempeñar Álex Trujillo y Ruth Amoroso, todos de Fiscalía. Pero también debo resaltar el rol que ha tenido la jueza Gianella Noritz, quien muy valientemente fue la que inmovilizó hace más de un año los recursos que estaban en el Banco Central, y eso permitió que no se desangren $ 26 millones más en el pago de intereses. Esas personas, a mi criterio, son la excepción. Son los abogados, los jueces, los fiscales que demuestran agallas, valentía y fortaleza para enfrentarse al crimen organizado. Pero, lastimosamente, el sistema judicial en su conjunto le debe mucho al Isspol.

Audiencia preparatoria de juicio en el caso Isspol-Bonos contra Jorge ‘el Mago’ Chérrez se declara fallida; la diligencia pasa para enero de 2023

Al 2022, ¿cuántos procesados y cuántos procesos están abiertos por la trama de corrupción que ocurrió en el Isspol?

Le puedo dar un aproximado. Por ejemplo, en Guayaquil ya pasaron la etapa de evaluación y preparatoria de juicio el caso Citadel, Ecuagram, Delcor, SMS; y se encuentra en etapa de evaluación y preparatoria de juicio el caso Decevale. En Quito aún no se logra inaugurar la audiencia preparatoria de juicio en el caso por peculado. También conocemos que en la Fiscalía de Pichincha se adelantan investigaciones que implican a altos expersoneros del Isspol. También estamos en instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada. Adicionalmente, por las diferentes versiones que hemos rendido en los procesos, sabemos que hay varias investigaciones previas; pero estas están en una etapa preprocesal que son de carácter reservado y no podemos difundir detalles. Esa es la realidad. Hay varias investigaciones en el país. Lastimosamente, la más avanzada es el caso Citadel, en el que ya terminó la audiencia preparatoria de juicio y estamos a la expectativa de que se convoque a la audiencia de juicio, pero para los dos eslabones más débiles, que ni siquiera se encuentran en el país: Luis Álvarez y Gonzalo Navarro. Aquí fueron sobreseídos Adriana Rumbea y Xavier Neira Salazar, ante lo que nosotros presentamos una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para que se analice este fallo en primera y segunda instancia.

¿Y quizá un número estimado de procesados?

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El número estimado supera la treintena de personas, porque en algunos casos se repiten los nombres. Normalmente va a encontrarse a Jorge Chérrez en varios de los casos, a Luis Domínguez Viteri; hay el caso de los exgenerales Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño. Como explico, en varios casos hay diez o doce procesados, pero algunos de ellos se repiten.

En los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito, integrantes de diversos colectivos de policías en servicio pasivo realizaron un plantón, a la misma hora que se daba audiencia sobre el caso Isspol, para exigir justicia y celeridad en las investigaciones por el delito de peculado. Foto: Cortesía

¿Cree que el 2023 será el año en que se concreten los casos judiciales y se tenga en el país a los responsables?

Lo más penoso es que los delitos que se están investigando en estos procesos que están más avanzados son delitos menores; son delitos de falsedad de información en el mercado bursátil, sancionados con penas de máximo tres a cinco años. Por eso es que buscan estrategias dilatorias, porque pretenden acogerse a la prescripción de la pena, o también están jugando con los tiempos políticos, a la expectativa de que un futuro régimen presidencial les sea más beneficioso para la impunidad.

En Estados Unidos avanzan más rápidamente los casos penales que estarían relacionados con el desvío irregular de fondos provenientes del Isspol. ¿Analizan la posibilidad de ser parte de los procesos en ese país, actuar ante la justicia estadounidense para que dineros como los que aceptó haber recibido Jhon Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, como sobornos de Jorge Chérrez, pasen al Isspol, pues es la víctima?

Es nuestra obligación. Por eso es que en semanas anteriores ya se recibió en el Consejo Directivo (del Isspol) a diez consorcios jurídicos que plantearon sus propuestas. Lastimosamente, no se ha podido convocar a sesión para que se seleccione con cuál de estos estudios jurídicos realizaríamos la fase contractual. Es imprescindible que el Isspol tenga un estudio jurídico que le represente y patrocine en el exterior, no solo en esta audiencia, sino también en otras latitudes en donde tenemos la certeza de que se encuentran recursos; y que, a más de recuperarlos, buscaremos que se impongan las sanciones penales a todos los responsables.

La disposición de la Superintendencia de Compañías para que se dé el traspaso de $ 290 millones que estaban en cuentas del Banco Central y que ahora deben retornar al Isspol, ¿les significa una luz al final del túnel, pues son $ 950 millones los que hay que recuperar?

Esto nos satisface muchísimo, y el país debe considerarlo como un hito histórico nacional e internacional que demuestra que, cuando existe la decisión, la voluntad y la perseverancia de las distintas instituciones del Estado, todo se puede. Esto no se puede personalizar como un triunfo individual. Aquí ha existido una conjunción de voluntades, partiendo desde el primer mandatario; el procurador general del Estado; el propio superintendente de Compañías, que emitió la resolución; el mando institucional, que ha dado confianza al equipo que se encuentra en el Isspol, y otra serie de actores, inclusive los denunciantes iniciales (...). Me refiero a María Paula Romo, exministra de Gobierno; a Patricio Carrillo, que fue el comandante general de la época de las denuncias iniciales; y al general Jorge Villarroel, que fue el director del Isspol de ese entonces. Toda esta sinergia que se ha generado en el interior del Estado ecuatoriano hoy nos permite presentarnos con una recuperación cercana al 30 % del valor atracado, lo que constituye un factor motivacional que nos demuestra que sí se puede vencer a la corrupción.

Más allá de los $ 290 millones, ¿qué otros dineros han podido recuperar?

En los meses anteriores, nosotros ya habíamos recuperado un aproximado de $ 27 millones en las diversas operaciones irregulares, y hay que sumarles estos $ 290 millones. Y ya dan una cifra cercana a los $ 320 millones.

¿Qué otros dineros son factibles de recuperar en el corto tiempo y están en l a mira del Isspol?

Adicionalmente a los $ 40 millones del Citibank Nueva York y los $ 125 millones que están confiscados en Estados Unidos, debemos ir tras de $ 1,3 millones confiscados a Jhon Luzuriaga y de los $ 2,6 millones confiscados a Luis Álvarez. También al Decevale la administración le planteó un discovery a la First Corporation, que es una institución financiera del sur de la Florida y de Centroamérica, que tenía $ 25 millones, y ante el escándalo le consultaba a Jorge Chérrez el origen de esos recursos y él les manifestó que eran del Isspol. Aparte de eso, hay una posibilidad de una empresa brasileña, que en los mensajes de Luis Álvarez se mencionaba que tiene $ 85 millones en bonos del Isspol, de Seguros Sucre y de Aseguradora del Sur. Eso, de lo que nosotros tenemos claridad. Pero adicionalmente, cuando esté contratado el consorcio jurídico internacional, dentro de sus principales obligaciones está la ubicación, rastreo y sobre todo la recuperación de capitales en otras latitudes.

‘El caso Isspol es un claro ejemplo de crimen organizado político-económico transnacional’

Usted ha dicho que los distintos casos Isspol se dieron en su momento con la complicidad de autoridades ecuatorianas del más alto nivel. ¿Esas personas de las que habla aún siguen sin enfrentar a la justicia?

Hay que comprender dos conceptos: la verdad histórica, que es la verdad de los hechos, y la verdad procesal, que es lo que la Fiscalía puede demostrar a un juez, a un tribunal. En muchos de los casos, esa distancia es mayor o menor dependiendo del avance de las investigaciones. En el caso Isspol, yo considero que la diferencia es abismal entre la verdad histórica y la verdad procesal. Además, como dicen los abogados, en derecho se deshace como se hace. Entonces, apliquemos el mismo principio para entender lo que pasó. Si para recuperar $ 290 millones se requirió la conjunción de esfuerzos y el apoyo frontal del presidente de la República, de la Procuraduría General del Estado, de la Superintendencia de Compañías, del propio Banco Central, de otros organismos de control, como la Superintendencia de Bancos, imaginemos que lo mismo sucedió en el momento de los atracos en el Isspol. Tenían que estar en conocimiento de las más altas autoridades; de lo contrario, esto no sucedía. Por ejemplo, el registro de la operación swap en el Banco Central, el 8 de enero de 2016, se registró de manera manual. ¿Se puede creer que un gerente general del Banco Central no fue informado al respecto, que un ministro de Finanzas no se enteró de que de un día al otro ya no le pagan bonos de deuda interna al Isspol, sino a una filial del Citibank? Eso es incomprensible, inconcebible e inadmisible. Eso contó con la complicidad de las más altas autoridades de la época, y me refiero desde la Presidencia de la República.

¿Aún no están siendo investigados todos los que deberían ser investigados?

A mi criterio, todavía no están todos los que son, pero eso es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Hay que preguntarles a los fiscales en qué niveles de responsabilidad o qué elementos esenciales de convicción van encontrando para ir involucrando en las investigaciones a esta serie de sujetos.

Si se dieran esas vinculaciones, ¿Jorge el Mago Chérrez dejaría de ser el principal implicado en estos procesos de corrupción?

Nosotros siempre hemos manifestado que Jorge Chérrez únicamente es el más visible, pero él es un títere más de otros titiriteros mucho más poderosos. Por ejemplo, alguien que ha pasado desapercibido hasta el momento es el señor Héctor San Andrés Pesántez, cercano amigo de Suad Mansur, exsuperintendente de Compañías, y que también tiene participación en esta trama de afectación al Isspol. Esto como un ejemplo puntual, pero detrás de Chérrez hay políticos, poderes económicos, y hay poderes criminales muy pero muy influyentes. (I)

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