La remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), resuelta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en abril pasado, empieza a generar reacciones.

En una sesión realizada este 12 de junio en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, el asambleísta Segundo Chimbo (PK) planteó una moción para que se convoque a comparecer a los cuatro vocales del CPCCS y expliquen por qué removieron de su cargo a Murillo, el pasado 23 de abril.

Consejo de Participación Ciudadana removió a Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura

Sin embargo, no fue aceptada por el presidente de la Mesa, Alejandro Jaramillo (ID), quien alegó que el pedido no cumplía con los procedimientos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Chimbo sustentó que deben ser convocados de manera urgente solo los cuatro consejeros: Sofía Almeida, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, quienes votaron a favor de la remoción del ahora exconsejero.

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Apuntó que los cuatro vocales se “atribuyeron una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional”, en referencia a la remoción o destitución de las autoridades de las funciones del Estado.

Los vocales del CPCCS se acogieron a un informe suscrito por el exministro del Trabajo, Andrés Isch, del 20 de abril, en el que se esgrimió que Murillo estaba impedido para ejercer cargo público, porque recibió una compensación de $ 30.000 en el 2012 para desenrolarse de la Función Judicial.

Y que para regresar al servicio público sin devolver dicha compensación podía hacerlo para cargos de libre nombramiento y remoción, por lo que la vocalía del CJ es un cargo de periodo fijo.

Ministro del Trabajo concluye que el removido exvocal Fausto Murillo no tiene impedimento legal para ejercer cargo en la Judicatura

Sin embargo, el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Donoso, atendió un recurso de revisión presentado por Murillo el 8 de junio, en el que se concluye que “no tiene impedimento para el ejercicio de las funciones de vocal del Consejo de la Judicatura”.

En esta nueva resolución, se señala que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) es aplicable solo de “manera subsidiaria a los servidores de la carrera administrativa de la Función Judicial”.

Por lo que los vocales del Consejo de la Judicatura, “si bien son servidores judiciales administrativos, al ser nombrados para un período fijo de seis años y en virtud del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, no pertenecen a ninguna carrera y, por ende, no les es aplicable la Ley Orgánica del Servicio Público”.

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Se aclara que el artículo 226 de la Constitución determina que el “límite de la competencia de los servidores públicos es lo expresamente establecido en ella y en la ley; en tal virtud, los servidores públicos no pueden hacer más allá de lo que dichas normas expresamente señalan, cuando sus actuaciones pueden generar afectaciones a los derechos constitucionales de los administrados como ocurre en el caso materia de este análisis”.

Fiscalía abrió una investigación previa a cuatro vocales del CPCCS por destitución de Fausto Murillo

Murillo fue elegido en un concurso por ternas que realizó el CPCCS-Transitorio y tomó posesión en la Asamblea Nacional en enero del 2019.

En ese entonces, ese impedimento fue observado por una comisión técnica que revisó los requisitos de los candidatos, pero el pleno del Transitorio ratificó la designación.

Dos años después, Isch pidió la remoción de Murillo al CPCCS, y los cuatro vocales acataron el pedido.

Chimbo insistía en que se someta a votación de los legisladores el llamado a comparecer y que era urgente que acudan el martes próximo para que expliquen su decisión, pues el CPCCS prevé elegir a sus nuevas autoridades (presidente y vicepresidente) para el próximo periodo de dos años.

Jaramillo, visiblemente irritado, le negó el pedido porque, según dijo, no se cumplían procedimientos legislativos, establecidos en los artículos 76 y 77 de la ley.

“La ley está diciendo las facultades que tenemos los asambleístas y que tiene la Asamblea Nacional. Les estoy diciendo que reflexionen, tenemos que cumplir un procedimiento. Si no cumplimos con ese procedimiento, no podemos traerles ahorita a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana con prevenciones de ley o con la Policía. Le hago una pregunta, asambleísta Chimbo: ¿Para cuándo quiere que vengan los señores vocales? ¡¿Para mañana, para hoy a la noche?! Le pido de favor, aquí hay un formalismo y un trámite que se tiene que seguir”, le regañó Jaramillo.

El mismo resultado tuvo la solicitud planteada por el asambleísta Ricardo Vanegas (UNES), para que se convoque a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y otros funcionarios, y expliquen sobre la publicación de un supuesto tuit en el que se “intimidaba” a tres jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

La Comisión de Justicia se reunió este sábado para conocer el plan anual en el que trabajarán para lo que queda del 2021, propuesto por Jaramillo. (I)