La bancada Acción Democrática Nacional (ADN), a través de la Comisión de Relaciones Internacionales impulsa reformas a la Ley de Movilidad Humana para fortalecer el control migratorio, optimizar los procesos de deportación, evitar el uso del país como ruta de tránsito irregular, así como establecer mecanismos más eficaces para la repatriación de cadáveres.
La presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo (ADN), señaló que incluirán en las reformas lo que la ciudadanía pide en las calles: una migración ordenada, una migración segura, y además se incluirá el tema de las deportaciones, con ello, la persona que represente un peligro para el país “será deportada y no podrá regresar en 40 años al Ecuador”.
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Insistió que la Corte Constitucional lo que ha rechazado son temas de forma y no de fondo, por lo tanto, en las reformas a ley de Movilidad se volverá a incluir el tema de la deportación; persona que represente un riesgo para el país, será deportada inmediatamente en 24 horas y no podrá regresar al país en 40 años.
La mesa se reunió este 3 de octubre en la sesión No.22, donde recibió a la canciller, Gabriela Sommerfeld, quien planteó que las reformas deberían ir a fortalecer el control migratorio, la protección de la seguridad nacional y la mejora de la atención a la comunidad ecuatoriana en el exterior.
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En el caso del control migratorio y seguridad nacional, se plantean medidas para agilizar los procesos de deportación en casos de riesgo, mejorar los requisitos para visas y naturalización, y evitar el uso del país como ruta de tránsito irregular.
Respecto a protección internacional con enfoque en seguridad, las reformas buscan equilibrar el respeto a los derechos de las personas refugiadas con la necesidad de proteger al Estado frente a amenazas de seguridad.
En torno a la comunidad ecuatoriana en el exterior, la canciller habló de que las reformas actualizarán los procesos para registrar retornos al país, se ajustan normas sobre repatriación de cadáveres y se promueve la migración circular como una forma segura y beneficiosa de movilidad para los trabajadores ecuatorianos.
Otra de las propuestas es la incorporación de la visa de transeúnte para evitar que Ecuador sea utilizado como país de tránsito hacia terceros destinos. Propuso también ampliar las causales de terminación y revocatoria de visas, de manera que no solo se apliquen a sentencias mayores a cinco años de prisión, sino a cualquier condena ejecutoriada, reforzando así la protección de la seguridad interna.
El legislador Xavier Ordóñez, señaló que la idea es regular de manera más estricta el ingreso de ciudadanos extranjeros al país.
La propuesta surge tras los incidentes ocurridos durante las manifestaciones en Otavalo, provincia de Imbabura, donde el 22 de septiembre de 2025 fueron detenidos dos extranjeros presuntamente vinculados al grupo considerado terrorista Tren de Aragua.
En esa localidad, el comando de la Policía Nacional fue violentado y hubo daños a bienes públicos. Según el Gobierno, los extranjeros ingresaron al país de manera irregular y estaría implicado en los altercados que incluyeron la quema de una unidad policial.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional al momento discute un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, y en unas semanas más presentará el informe para segundo debate.
Muchos extranjeros que ingresaron acogiéndose al concepto de ciudadanía universal no tuvieron mecanismos de control de sus actividades por parte del Estado y tampoco se dimensionó el impacto a nivel de demanda de servicios sociales.
La actual Ley de Movilidad Humana es un instrumento jurídico limitado con vacíos legales y se pretende ajustar los textos referentes a deportaciones, pues un ciudadano extranjero detenido por cometer actos contra la seguridad interna se aplicaría de manera expedita.
Cualquier extranjero que quiera ingresar al país debe presentar antecedentes y registro migratorio, se propone.
El legislador Xavier Ordóñez manifestó que en las reformas que se introducirán en la ley pretenden ordenar la entrada de extranjeros a nuestro país.
Aclaró que no se pretende cerrar las fronteras, pero sí ordenarlo, se quiere tener control estricto y saber quiénes entran; por ejemplo, citó Ordóñez, lo sucedido en Otavalo: se capturó a personas supuestamente vinculadas al Tren de Aragua que entraron de manera ilegal.
Dijo que hay videos de extranjeros en nuestro país agrediendo a los ecuatorianos. Todo eso será normado y la obligación de la Asamblea Nacional será ajustar los textos de la Ley de Movilidad Humana.
El legislador Ordóñez insistió en que se trata de tener una migración ordenada, controlada y saber quiénes ingresaron al país, dónde están y qué hacen. Dijo que hay muchas personas que ingresaron en situación de vulnerabilidad y que eso se respeta, pero se necesita saber qué están haciendo en Ecuador, cuánto tiempo tienen aquí y qué planes de vida tienen.
El representante de ADN señaló que las reformas que se aplicarán respetarán lo que establece la Constitución, donde se habla de la ciudadanía universal. Pero “eso no quiere decir que no podamos normarlo de alguna manera, y más aún, en un estado de guerra interna que tenemos en este momento”, agregó.
El asambleísta que representa a la circunscripción del exterior por América Latina, el Caribe y África anunció que están buscando la manera de no caer en inconstitucionalidades, pero darle al pueblo lo que nos pide, que es seguridad. (I)