Protestas y más demandas de inconstitucionalidad preparan sectores sociales para ‘echar abajo’ las leyes de Solidaridad, de Integridad Pública y de Inteligencia, promovidas por el gobierno de Daniel Noboa y aprobadas por su bancada Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional en los casi primeros 40 días de gestión.

Para el próximo 11 de julio, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular tienen previsto salir a las calles a protestar en contra de la administración de Daniel Noboa por la puesta en vigor de tres leyes que, consideran, representan una regresión de derechos de los trabajadores y de persecución para los activistas sociales.

En una declaración de prensa este 1 de julio de 2025, dirigentes de organizaciones sociales que son parte del Frente Popular detallaron sus preocupaciones por estas normas, especialmente por la Ley Orgánica de Integridad Pública que reformó casi 20 leyes, entre ellas la Orgánica de Servicio Público (Losep).

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El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, contó que el próximo viernes, 11 de julio, se plegarán a la movilización convocada por la Unión Nacional de Educadores y a otra prevista para el miércoles 16 por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE).

“Daniel Noboa no representa una alternativa para resolver los problemas del país. La Asamblea tiene una mayoría que está aplicando una arremetida brutal en regreso de derechos, de las libertades, para profundizar en políticas neoliberales, avanzar a las privatizaciones y el achicamiento del tamaño del Estado. Está claro que lo que se busca es cumplir con las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, señaló Erazo.

Resaltó con indignación que, en menos de 45 días de este periodo de gestión de Noboa, la bancada gobiernista de ADN aprobó tres leyes de carácter económico urgente que “son atentatorias a los derechos de la juventud, de las mujeres y de los trabajadores”.

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Este viernes tienen previsto presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) en contra de la Ley de Integridad Pública y, además, participarán como amicus curiae en las acciones legales en contra de estos tres cuerpos legales.

Según Erazo, la norma de Integridad Pública modificó artículos de la Losep que propiciarán los despidos en el sector público.

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Con él coincidió el presidente de la Federación Nacional de Servidores Universitarios, Politécnicos del Ecuador (Fenasupe), Roberto Rodríguez, que cuestionó que la norma es “un paso para que se pueda despedir a los servidores”, dejándolos en la indefensión, ya que además elimina el incentivo jubilar, agregó.

Según Rodríguez, la modificación del artículo 89 de la Losep, que trataba sobre la estabilidad laboral, los perjudica porque se establece que aquellos servidores que obtengan por tres ocasiones una calificación “satisfactoria” en una evaluación podrán ser removidos.

A esto se suma que se eliminó la posibilidad de que sea el “Ministerio del Trabajo el que sustancie los sumarios administrativos”.

“Ya no habrá control del Ministerio del Trabajo, sino que será potestad del jefe inmediato. Esto es una regresión de derechos y pedimos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de estas leyes”, enfatizó Rodríguez.

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José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE), aseguró que los trabajadores no están en contra de las evaluaciones, sino de que a través de procesos administrativos se despida a los profesionales.

“El problema es que se elimina el artículo 89 de la Losep que garantiza la estabilidad a los servidores y pueden ser removidos con el acto administrativo, pero quien lo ejecutaba era el Ministerio del Trabajo y había un debido proceso. Ahora, eso no va a existir”, dijo.

Es decir, añadió Villavicencio, los jefes inmediatos van a ser “juez y parte” y su efecto tendrá sobre la estabilidad de 635.000 funcionarios, a los que se sumarían otros 65.000 que se encuentran con nombramiento provisional.

Explicó que con las reformas sí se habrían incrementado los años para jubilarse, y que el fondo sería empujar una reforma a la Ley de Seguridad Social.

“La ley es clara: 30 años de aporte o 360 imposiciones, 60 de edad; 15 años de aporte y 65 de edad; 70 edad y 10 años de aporte... Pero lo que hizo la Asamblea es que el servidor para beneficiarse de ese derecho, la compensación que establece la Losep, que debe pagarse cinco salarios al sector privado, hasta un tope de 150, tiene que trabajar cinco años más. O sea, 65 años. Porque si se jubila a los 60 de edad o 61, no le van dar un solo centavo. No le van a pagar las compensaciones; y, en el caso de los docentes, 75 de edad. Con esto dirán después que es momento de reformar la Ley de Seguridad Social para ser coherentes con las leyes que hemos aprobado. Señor presidente y asambleístas, el pueblo no somos pendejos, la cara tenemos, pero es de uso personal, así que no nos vean la cara”, increpó Villavicencio.

La mencionada ley ingresó al trámite legislativo con el carácter de económico urgente y se aprobó el 24 de junio en la Asamblea Nacional.

Luego pasó al presidente de la República, Daniel Noboa, que no la vetó y dispuso su publicación en el Registro Oficial desde el 26 de junio de 2025.

Por el momento, en la Corte Constitucional hay tres demandas de inconstitucionalidad en contra de este texto legal: de la UNE, de las cooperativas de ahorro y crédito, y de abogados en el libre ejercicio.

Para este miércoles está prevista una declaración de la Federación de Médicos, también preocupada por estas medidas legislativas. (I)