Cinco lotes de terreno a nombre del exgerente de Petroecuador Álex Bravo, los cuales estarían ubicados en el cantón Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre, son por los que la Procuraduría General de Estado (PGE) solicita que se ordene el embargo, como parte de la ejecución de la sentencia en firme por el delito de cohecho relacionado con la trama de corrupción ocurrida en el interior de la estatal petrolera ecuatoriana.

El embargo fue pedido al Tribunal de Ejecución que lleva adelante la etapa de recuperación de una sentencia que encontró a trece personas culpables, entre ellas Bravo y el también exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli. El Tribunal de Juzgamiento de Pichincha ordenó en su momento que todos deben pagar $ 12′604.979 de reparación y $ 37′813.886 de pena pecuniaria.

Tres inmuebles de Álex Bravo pasan a manos del Estado por sentencia en caso de corrupción en Petroecuador

Según la Procuraduría, los nuevos bienes registrados a nombre de Álex Bravo están ubicados en el cantón Esmeraldas: dos lotes de terreno identificados con los números 6 y 11, cada uno de 98 m² y que están ubicados en la urbanización Julio Estupiñán Tello; y tres lotes de terreno identificados con los númetros 9, 10 y 11, cada uno de 160 m² y ubicados en el barrio La Habana de la parroquia Tachina.

Dentro de este mismo caso, la PGE ya recuperó tres inmuebles localizados en el cantón Esmeraldas y avaluados en $ 240.000. Estos tres inmuebles también eran de propiedad del exgerente Bravo y ahora pasaron a manos del Estado ecuatoriano como parte de la sentencia que el exfuncionario petrolero mantiene por ser uno de los responsables de la trama de corrupción que operó en Petroecuador.

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En enero de 2021, como parte de la sentencia en firme por el delito de cohecho, la PGE solicitó al Tribunal de Ejecución del caso que se encuentra en Pichincha que inicie la ejecución forzosa y embargo de los bienes a nombre de los trece sentenciados.

La Procuraduría obtuvo de Inmobiliar, instancia pública encargada de administrar bienes relacionados con procesos judiciales, una lista de la que se desprendía que existen al menos 20 bienes entre viviendas, oficinas, y automóviles de propiedad de Pareja Yannuzzelli, Bravo, Paquita de Mora, Arturo Escobar, Glenda Meza, Ramiro Luque, Humberto Guarderas, Andrés Baquerizo, Arturo Pinzón, Jaime Baquerizo, Sonia Calero, Rosa Pareja y Carlos Pareja Avilés.

Por cohecho y al ser autores del delito, recibieron cinco años de cárcel los exgerentes Pareja Yannuzzelli y Bravo; así como también De Mora y Arturo Escobar, exasesores de gerencia de Petroecuador; y los contratistas Meza, Luque, Guarderas, Pinzón y Jaime y Andrés Baquerizo. A dos años y seis meses de prisión fueron condenados los cómplices, como Sonia Calero, Rosa Pareja y Carlos Pareja Avilés.

Procuraduría tras $ 5 millones depositados en Panamá en caso Petroecuador; Ecuador pretende ser víctima en proceso por blanqueo de capitales

Con el fin de que el Estado ecuatoriano sea definido como víctima en un proceso penal por blanqueo de capitales abierto en Panamá y que tendría relación con los sentenciados por el delito de cohecho, ocurrido dentro de la trama de corrupción de Petroecuador, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, presentó la documentación respectiva ante el Juzgado Tercero de Causas Penales de Panamá.

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En enero de 2021, la Procuraduría ya hablaba de que existía un aproximado de $ 4 millones congelados en cuentas en Panamá, los cuales se sospechaba que estaban relacionados con la causa por cohecho que tiene una sentencia en firme y en proceso de ejecución en Ecuador contra trece personas, entre ellas los exgerentes de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo.

Según la PGE, las autoridades panameñas alertaron a Ecuador de que, además de los $ 4 millones depositados en bancos panameños, Pareja Yannuzzelli, Bravo y otros enviaron $ 1 millón a ese país. En total, en Panamá existirían $ 5 millones de los condenados por cohecho, los cuales, se asegura desde la Procuraduría, deben ser recuperados y repatriados, pues son recursos “robados a los ecuatorianos”.

Durante la audiencia de juicio en 2017 se aseguró que el cohecho en este caso se cometió entre 2012 y 2016, cuando Pareja Yannuzzelli, Bravo, Escobar y De Mora, aprovechándose de sus cargos como funcionarios públicos, recibieron y entregaron “transferencias indebidas” de dinero a cambio de contratos en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Para el 2017, investigaciones de la Fiscalía determinaban que entre el 2012 y el 2016, para este caso, se generaron 17 contratos principales y 18 complementarios que superan los $ 258 millones dentro del programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. (I)