La Fiscalía General ya denunció un ‘hostigamiento’ hacia Diana Salazar desde la bancada de UNES

“La decisión de disolver la Asamblea Nacional fue precisamente para detener un plan en el que primero venían por mí, luego por la fiscal (Diana Salazar), luego por el contralor (Carlos Riofrío), por el procurador (Carlos Larrea) y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional ha perdido efectividad este macabro plan”.

Esto fue lo dicho por el presidente de la República, Guillermo Lasso, la noche del miércoles último, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, horas después de que firmó el Decreto Ejecutivo 741 con el que definió la muerte cruzada, disolvió la Asamblea y solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque inmediatamente a elecciones anticipadas para elegir primer mandatario y legisladores para lo que resta del periodo que concluye en mayo de 2025.

Hace poco más de un mes, la Fiscalía emitió un comunicado que de alguna forma evidenciaba lo que ahora el presidente Lasso califica como parte de un “macabro plan” para sacar también del cargo a la fiscal general, Diana Salazar. En el documento se explicaba que desde abril de 2019 hasta abril de 2023 la institución ha sido objeto de “hostigamiento por parte de varios asambleístas del movimiento político Unión por la Esperanza (UNES)”.

Al disolver la Asamblea se detuvo un ‘macabro plan’ para tomarse las instituciones del Estado, dijo Guillermo Lasso sobre la muerte cruzada

Según la institución liderada por Salazar desde 2019, “bajo el mal entendido amparo fiscalizador y el abuso del mismo”, asambleístas del correísmo habrían enviado un sinnúmero de oficios con el título de requerimiento de información, en los que se habrían solicitado datos que corresponden a investigaciones previas -que cuentan con las reservas de ley- y causas judiciales.

“Todo con el único fin de intentar construir pretextos para activar juicios políticos, con la presunta causal de un injustificado incumplimiento de funciones y así asegurar la impunidad. Incluso en casos que ya cuentan con sentencia ejecutoriada como en la causa denominada “Sobornos 2012-2016″, anotaba la Fiscalía.

En respuesta a ese comunicado, la entonces asambleísta de la Revolución Ciudadana Paola Cabezas refería no saber quién le hizo creer a la fiscal Salazar que es una funcionaria “iluminada o privilegiada” que no debe pasar por el control político de la Asamblea Nacional. La hoy exlegisladora defendió la facultad que tienen los asambleístas para fiscalizar los actos de diversos órganos del poder público y de las funciones del Estado.

“La señora fiscal debe tener claro que entre sus funciones como funcionaria pública está el responder. Si eso para ella es hostigamiento, porque alguien le hizo creer y como fue electa por el Consejo de Participación Ciudadana del Trujillato, ella creía que en no iba a tener que responder, pues que pena decirle que ella, al igual que los funcionarios que están sujetos a lo que dice la ley, tiene que pasar por el control político de la Asamblea y las veces que sean necesarias ella tiene que asistir al Legislativo”, anotaba Cabezas en una entrevista radial en Notimundo, mientras recordaba que quien hostiga y persigue, la que utiliza el espacio de poder que tiene es justamente la fiscal general en funciones.

Datos de la Fiscalía indican que la titular de la institución ha asistido a la Asamblea a más de 40 comparecencias solicitadas, pero, se aclara, estas convocatorias se habrían transformado en un espacio de “confrontación y escarnio”, alejándose de cualquier intención fiscalizadora.

Para Cabezas lo que le habría “molestado” a Salazar es el pedido hecho por la legisladora del correísmo Ana María Raffo, para recabar información relacionada con su tesis a la universidad en la que la fiscal general se graduó como doctora.

Sobre este hecho, desde la Fiscalía se dice que al no encontrar rastros de irregularidades en la presenta administración, el “hostigamiento” habría escalado al nivel de entrometerse en la vida personal de la fiscal general, recordando la solicitud realizada por Raffo, “aun sabiendo que la hoja de vida es pública”.

Diana Salazar: Estamos haciendo lo que se debe, si eso molesta a ciertas estructuras, ellos tendrán que explicarlo

“Con este hostigamiento únicamente buscan asegurar la impunidad en los casos, puesto que los “requerimientos de información” se han convertido en una pesquisa sistemática cuyo fin es controlar e intervenir en actividades que se resuelven dentro de las fronteras del poder judicial. La Fiscalía recuerda (...) que quienes pueden observar las faltas en las actuaciones de los fiscales -tanto en investigaciones como en causas judicializadas- son los jueces de garantías penales y no los representantes del Legislativo”, se resaltó desde la Fiscalía.

Un día después de que los integrantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se posesionaron en sus cargos, el 15 de mayo último la organización Acción Jurídica Popular solicitó mediante su cuenta de Twitter a ese organismo información sobre las notas obtenidas por la fiscal Diana Salazar. El CPCCS tiene como nuevo presidente a Alembert Vera, abogado que ha representado al expresidente Rafael Correa y al exministro Walter Solís, ambos con una sentencia en firme por el delito de cohecho pasivo agravado, parte del caso Sobornos.

Al mensaje en la cuenta de Acción Jurídica Popular se adjuntaron dos fotos y se anotaba: “el primer texto es de la tesis de la fiscal general, cuyo autor es Julio Varela, quien no fue citado por ella. ¿Plagio? Hay más”.

Salazar respondió usando la misma red social, calificando de difamaciones lo que se ha difundido en medios y redes. “Aclaro a la opinión pública que no son más que nuevos intentos de manchar casos sentenciados y así conseguir impunidad. Aquí está la prueba. Seguiré haciendo mi trabajo”. En el mensaje se incluyó una imagen con datos que aparentemente desvirtuarían la existencia de un plagio.

Ya con la muerte cruzada en vigencia y ante la inminente convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, la fiscal Diana Salazar dejó claro que no está entre sus planes ninguna candidatura política y que su único interés es cumplir con sus funciones de fiscal general, “cargo en el que permaneceré por mi compromiso con el país y con la justicia”.

En horas de la mañana de este jueves 18 de mayo, el exlegislador independiente Fernando Villavicencio afirmó que en el CPCCS se “pretendería vulnerar el sistema informático para borrar o alterar información del archivo del concurso de selección de la fiscal general del Estado para perjudicar a Diana Salazar”.

Ante ello, el expresidente Correa en su cuenta de Twitter respondió: “Diana Salazar: ¡allane! Son suficientes pruebas los delirios de un delincuente como Villavicencio. Además, entre delincuentes se entienden”.

Desde la Fiscalía, mediante un comunicado, se rechazó lo que se dijo parece ser un “intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación de la máxima autoridad” de la Fiscalía General de los atrchivos del CPCCS.

“Este hecho es parte de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de la doctora Diana Salazar en sus funciones y que tienen como único afán generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración. (...) La Fiscalía (...) ha solicitado que el CPCCS envíe una copia certificada de los archivos contenidos en ese proceso, de manera que no se altere la información que ahí reposa”, se indicó. (I)