Una denuncia por el cometimiento de un presunto delito de asociación ilícita para tráfico de influencias para beneficiar a dos postulantes, se presentó en contra de cinco representantes de la ciudadanía que integran la comisión ciudadana que lleva a cabo el concurso público para elegir al titular de la Defensoría Pública.
Desde el 28 de marzo de 2023, el concurso para elegir a esta autoridad está suspendido por una medida cautelar que se levantará una vez que la comisión ciudadana cumpla con los plazos reglamentarios para convocar a los 15 concursantes a rendir el examen escrito.
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Fue el juez Danilo García Mera, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montecristi (Manabí) quien dictó una medida cautelar dentro de una acción de protección que interpuso el ciudadano Jorge Maldonado Sornoza, en contra de la comisión ciudadana de selección.
Sin embargo, ese mismo 28 de marzo la comisión ignoró esa medida cautelar e instaló un acto público en el que 12 de los 15 postulantes que aspiran a llegar a ser defensor público rindieron el examen escrito de 60 preguntas.
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Incluso, la comisión divulgó las calificaciones de doce de los quince aspirantes que se presentaron a esta etapa del proceso.
El demandante, Jorge Maldonado, alegó que la comisión ciudadana convocó a rendir la prueba de conocimientos en menos de 72 horas, incumpliendo el reglamento de selección.
El 25 de marzo el presidente de la comisión, William Falconí, informó al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se convocó a los concursantes a dar este examen el martes 28 de marzo desde las 09:00.
Ello, pese a que el artículo 39 del reglamento determina que se “convocará a los postulantes admitidos a rendir el examen escrito, el cual deberá efectuarse al término de 15 días contados a partir de iniciada la etapa de calificación de méritos”.
Según las resoluciones aprobadas por la comisión, el inicio de la calificación de méritos se dio el 17 de enero, pero la convocatoria a rendir la prueba escrita se hizo el 25 de marzo.
A estas anomalías, se sumaron otras que se oficializaron con una denuncia de delito de acción pública ante la Fiscalía General del Estado.
El asambleísta de la bancada del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), Ferdinan Álvarez, presentó este 31 de marzo una denuncia en la Fiscalía General en contra de cinco de los miembros de la comisión que representan a la ciudadanía, por supuestamente beneficiar con sus actos a dos postulantes a ser defensor público.
Entre los denunciados están el presidente de la comisión, William Falconí, Diana Villacís, Vicente Vásconez, Gina Bravo y Jorge Tipán, a quienes los acusa de incurrir en un posible delito de asociación ilícita para tráfico de influencias en beneficio de “los postulantes Jorge Ballesteros Ballesteros y Rodrigo Frías Toral”, recoge el texto.
El legislador no denunció a los cinco comisionados que representan a las funciones del Estado, pues alega que los otros que representan a la ciudadanía “han actuado durante todas las fases del concurso generando actos, decisiones y resoluciones favorables a los intereses de los postulantes” porque “existen nexos entre cada uno de ellos”.
Es decir, “los miembros de la comisión tienen referencias de conexión o antecedentes en común” que constan en los expedientes para sus postulaciones presentados en el Consejo de Participación Ciudadana.
Agrega que en contra de la comisión ciudadana hay varias acciones de protección contradictorias, pero los comisionados “se arrogaron funciones y para beneficiar a los dos postulantes continuaron” con el proceso.
Además, que los siete catedráticos que elaboraron el examen escrito fueron seleccionados en un sorteo público que no contó con la presencia de la notaria María del Pilar Flores Flores, quien fue la designada por el pleno del CPCCS para dar fe de ese acto.
Al contrario, la comisión resolvió por su cuenta elegir una notaria distinta y exigió al CPCCS el pago de sus honorarios.
Sobre la base de estos hechos, los vocales del CPCCS fueron convocados este lunes 3 de abril a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para explicar las acciones que han tomado frente a estos hechos.
Sin embargo, la presidenta Gina Aguilar no supo explicar qué había sucedido y justificó que “por alguna razón” la comisión debió, por ejemplo, nombrar un notario distinto en la elección de los catedráticos.
El asambleísta Ferdinan Álvarez, quien preside esa mesa legislativa, reveló que hasta uno de los docentes elegidos para elaborar el examen renunció porque “no se prestaría a una sinvergüencería así”; aunque desconocía a qué “sinvergüencería” se refería.
El catedrático que renunció fue Edwin Aceldo y en su lugar se posesionó a Esther Silvestre, a pocas horas de que culmine el plazo para elaborar el banco de 60 preguntas.
Los legisladores también increparon que los siete catedráticos electos pertenecían a una sola universidad de Santa Elena.
Los consejeros del CPCCS que se presentaron en la Comisión argumentaron que las comisiones ciudadanas son ‘autónomas’ y que por ello evitaron interferir.
No obstante, la asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Nathalie Viteri les llamó la atención de que la ley y los reglamentos para la elección de autoridades permiten a los consejeros vigilar la transparencia del concurso y requerir la información necesaria en cualquier etapa del proceso de selección.
Pero Gina Aguilar les pidió comprensión, pues recién este martes tendrán información sobre las denuncias en contra del trabajo de los comisionados.
El asambleísta de UNES Ricardo Chávez los exhortó incluso a “tirar abajo” esa comisión ciudadana por las recurrentes quejas.
Para este martes, el Consejo de Participación Ciudadana prevé instalar una plenaria para escuchar, por separado, a los diez miembros de la comisión ciudadana; es decir, primero se escuchará a los cinco comisionados delegados de las funciones estatales y luego a quienes representan a la ciudadanía.
También intervendrían los legisladores José Chimbo de Pachakutik (PK) y Ferdinan Álvarez (UNES). (I)