Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se desenvuelve entre unas ‘mayorías móviles’

En el desarrollo de cuatro concursos de selección de autoridades de control que está ejecutando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), podría estar surgiendo una ‘mayoría circunstancial’ de cinco de siete consejeros.

Fue el presidente del Consejo, Hernán Ulloa que, en la sesión del 14 de julio, exaltó que con cinco votos a favor se aprobó la elección, por sorteo público, del notario que dará fe de los actos que se den en la designación del titular de la Contraloría General del Estado. Esta sesión no pudo instalarse por dos ocasiones previas por la ausencia de la vicepresidenta, María Fernanda Rivadeneira, quien es parte de la mayoría y que habría estado atravesando temas de índole personal.

“Como presidente me queda por hacer cohesionar las voluntades de los consejeros y darles las garantías de que estamos obrando bien y que, si hay que rectificar, pues tendremos que hacerlo. La idea es que este pleno con votación de cuatro, ahora de cinco, luego de seis y ojalá se haga unánime de aquí para adelante”, señaló al final de la plenaria, en la que David Rosero, quien hace minoría con Sofía Almeida y Javier Dávalos, votó a favor de la resolución con la que se designó al notario.

Según Ulloa, el organismo está “demostrando madurez política, que aun con diferencias puede resolver sobre temas trascendentales para el país y cumplir con la exigencia del pueblo” de elegir autoridades.

La administración de Hernán Ulloa llegó a sus cinco meses el pasado 9 de julio, y de doce procesos de selección de autoridades que están a la cola de renovarse, solo uno concluyó: el del superintendente de Compañías, con Marco López, designado por una terna enviada por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Los procesos que no avanzan a la impugnación ciudadana en la composición de las comisiones ciudadanas de selección son del defensor público, del contralor del Estado, de la renovación de dos vocales principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Otro mediante terna del Ejecutivo es el de superintendente de Bancos, que está en su etapa final, pues solo resta que Raúl González, el único que quedó habilitado de otras dos candidatas, exponga su plan de trabajo. Aunque la sesión se suspendió y se reinstalaría en las próximas horas.

Justamente, en este proceso, fue descalificada Rosa Guerrero Murgueytio, al aceptarse una impugnación ciudadana planteada en su contra, en la que se alegaba un presunto conflicto de interés y que su título profesional en Ciencias Políticas no estaba relacionado con las materias en economía y finanzas como lo exige el Código Monetario y Financiero.

Durante la etapa de revisión de requisitos su título fue observado. Pero Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán aprobaron una resolución para que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) se pronuncie, respecto de si podía ser ese un título afín a economía y finanzas.

La respuesta del organismo fue afirmativa y se la habilitó a continuar en la designación. Aunque de tres impugnaciones que se presentaron a su postulación, se aceptó la del ciudadano Diego Trujillo Llumiquinga.

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La audiencia pública para resolverla se debía realizar el 16 de junio, pero debido al paro nacional impulsado por el movimiento indígena se suspendió el acto.

El 6 de julio, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, con mayoría de legisladores del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), convocó a los consejeros para que expliquen por qué Guerrero estaba habilitada pese a su título y tener un presunto conflicto de interés.

Ferdinand Álvarez (UNES), presidente de esa mesa, y quien impulsa el juicio político en contra de Ulloa y los otros tres vocales de la mayoría, fue el más indignado y les pidió tomar acciones para evitar la selección de una candidata que incumplía requisitos.

Seis días después, el 12 de julio, se reinstaló la audiencia pública de impugnación ciudadana en la que Guerrero se defendió de la objeción. Al final, Bravo mocionó que se admita la objeción y se la descalificó con los votos de él, Estupiñán, Ulloa, Javier Dávalos y David Rosero.

La consejera Sofía Almeida se abstuvo y Rivadeneira no asistió al pleno.

De forma paralela, Ulloa convocó a varias sesiones que no pudo instalar pues le faltaba una consejera para hacer mayoría: María Fernanda Rivadeneira. Una de estas, era para sortear al notario para el concurso de elección del contralor.

Para evitar consumar plazos reglamentarios, el presidente declara permanentes las plenarias hasta poder llegar a acuerdos con sus pares.

El jueves en que se realizó el sorteo, con la presencia de dos veedores ciudadanos, Ulloa se acercaba constantemente a Rosero y mantenían conversaciones en voz baja.

Al final, Rosero sorprendió con su voto a favor de la resolución del sorteo; mientras que Sofía Almeida y Javier Dávalos, que estaban conectados por una plataforma virtual, se pronunciaron en contra e increparon la legalidad de esa sesión, pues, supuestamente, no se convocó con 24 horas de anticipación.

Cinco votos fueron a favor: Ulloa, Bravo, Estupiñán, Rivadeneira (que sí asistió de forma virtual) y Rosero.

El consejero, vicepresidente hasta el 9 de febrero, cuando la nueva mayoría se conformó y lo destituyó a él de esa dignidad y Almeida de la presidencia, aclaró que su respaldo se dio para avanzar.

“Mi voto fue para que avance el proceso y fluya. Esto no niega las críticas fundamentadas de mi consejería de cómo se están organizando los procesos. Por ejemplo, para conformar las comisiones se convoca la calificación de méritos con unos parámetros y a mitad del camino se cambian estos valores y los postulantes son los perjudicados”, advirtió.

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Mencionó que Rivadeneira no ha asistido a algunas sesiones, aunque desconoce los motivos. De todas maneras, para Rosero hay un hecho que trastoca las decisiones en el CPCCS, por la debilidad que enfrenta el gobierno de Guillermo Lasso, luego de los hechos ocurridos en el paro nacional de 18 días.

“Luego del paro, parece que muchas cosas coyunturales cambiaron, a lo que se suma la pérdida de capacidad del Gobierno para llegar a consensos”, incluso en los temas de selección de autoridades, reflexionó.

Después de la destitución de Almeida en la presidencia, ella mantiene una posición privativa en las decisiones plenarias: vota en abstención y acompaña razonamientos de que se estarían cometiendo irregularidades en los concursos de designación de autoridades.

La consejera asegura que más que una nueva mayoría consolidada (en la que entraría el voto de Rosero), lo que hay son “decisiones que se toman de manera circunstancial y eso no quiere decir que las cosas sean como Ulloa dice”, aseveró Almeida, en referencia a que habría “madurez política” en el organismo.

Cuestiona a Ulloa porque su ofrecimiento al llegar a la presidencia fue de acelerar las designaciones, pero después de cinco meses “todo está dilatado”.

“Hasta el momento, solo se ha hecho calificación de méritos de los candidatos a las comisiones ciudadanas en tres concursos: de defensor público, de contralor y de la renovación del Consejo Electoral. No se ha hecho nada. No hay avances, qué se está tramando por detrás, porque las comisiones ciudadanas son las que realmente van a hacer los concursos. ¿Por qué no se avanza, por qué tanto retraso? Parecía que fuera a propósito para tomar decisiones a ciertas conveniencias”, apuntó. (I)