La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional pidió a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre supuestas irregularidades en el proceso contractual y de ejecución relativo a la construcción de una biofábrica de insumos agrícolas, entre el Ministerio de Agricultura y la empresa Labiofam S. A., en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos.

La documentación también fue entregada al procurador del Estado, Íñigo Salvador, este 13 de octubre. Además existe una acción de control de la Contraloría del Estado sobre el contrato, en la que se determinan irregularidades.

Con base en ese informe, la Comisión pidió a la Fiscalía General que investigue posibles infracciones penales y que la Procuraduría ejerza la defensoría técnica ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo en el caso que se ventila contra el Estado.

El 26 de septiembre de 2013, el Ministerio de Agricultura y el director de Labiofam S. A., de la República de Cuba, suscribieron el contrato N.º 045-2013 para la implementación de una planta industrial de producción de bioinsumos a base de microorganismos benéficos, que incluye el desarrollo del diseño de ingeniería de detalle, construcción de obras civiles, fabricación, suministro, montaje del equipamiento y puesta en servicio del proyecto bajo régimen especial por un monto de $ 46′960.950,15 y con un plazo de 730 días.

El ministro de Agricultura designó al administrador después de 67 días de suscrito el contrato, el 2 de diciembre de 2013, quien luego de tres días solicitó a la dirección técnica del área de la dirección financiera la asignación presupuestaria del anticipo del 40 %, esto es, $ 18′784.380,06.

El pedido a la Fiscalía se realizó luego de que, el 27 de agosto, los asambleístas Xavier Santos (ID), Eduardo Mendoza (BAN), Alexandra Arce (UNES) y Mariano Curicama (BAN) visitaron la estación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del Estado, con el propósito de constatar el estado de la construcción de la planta de bioinsumos para la agricultura a base de microorganismos benéficos perteneciente al Ministerio de Agricultura.

La Comisión, el 29 de septiembre de 2021, resolvió poner en conocimiento de la Fiscalía del Estado la documentación recabada para que investigue si se cometió algún tipo penal y presente ante la justicia sus elementos de convicción, para que sancione a quienes hayan cometido actos en contra de los fondos públicos.

Poner en conocimiento del procurador del Estado, como representante legal del Estado, la documentación recabada por la Comisión de Soberanía a fin de que posea los insumos suficientes para que ejerza la defensa técnica en el proceso judicial N.º 17811-2020-00352 que se ventila en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Quito. (I)