Las cuatro conclusiones a las que arribó el forense argentino Roberto Meza Niella en la reconstrucción del tercer producto relacionado con el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela forman parte de las 26 aclaraciones que pidió su viuda, Patricia Ochoa Santos.

El 11 de julio de 2023, Roberto Meza entregó a Patricia Ochoa y a la Defensoría del Pueblo la reconstrucción del tercer producto. El martes último concluyó el término de 20 días para presentar observaciones y aclaraciones; y, en el trazo final de este proceso, corren otros 30 días para que se aclaren esas dudas.

Ese plazo finalizaría a mediados de septiembre, y desde el equipo de Meza se informó que están trabajando en las respuestas.

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La reconstrucción de este informe es una orden de la Corte Constitucional (CC), que en el trámite de una acción extraordinaria de protección concluyó que se vulneró el derecho a la verdad de Ochoa y su familia por no haber podido acceder a este tercer producto de una investigación no judicial que se realizó en el gobierno de Rafael Correa.

Este informe fue parte de una consultoría que contrató un comité interinstitucional presidido por el extinto Ministerio de Justicia, que creó Correa para que se investigara el asesinato de Jorge Gabela en diciembre del 2010.

Por el crimen se procesó a cinco personas, pero Patricia Ochoa exigió ahondar en las investigaciones, ya que hubo advertencias de persecución al general por sus denuncias de irregularidades en la compra de los siete helicópteros Dhruv que hizo el Ministerio de Defensa en el 2008 por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

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De los siete helicópteros, cuatro se accidentaron y los tres restantes están inoperativos en los hangares de la FAE.

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En el 2013, como base de la pericia, Roberto Meza debía “definir en forma objetiva y probada el móvil del crimen”, y para ello presentó tres productos. En el segundo, se habría señalado que el “acto criminal tenía relación con un acto ajeno a la delincuencia común y encontró méritos en hechos relacionados con la actividad laboral de Jorge Gabela”.

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Esa conclusión dio paso al tercer producto, en el que se debía determinar a los presuntos autores intelectuales.

En julio del 2013 se entregó ese documento, pero no fue hasta el 2015 que la exministra de Justicia Ledy Zúñiga informó que, según la pericia, el crimen se relacionaba con delincuencia común y descartó la relación con las denuncias del general.

Ese documento estaría incompleto y, a su vez, se consideró extraviado de los archivos del Estado.

Por ello, la Corte Constitucional concluyó que se violó el derecho a la verdad y ordenó que Meza lo reconstruya con el apoyo de una comisión de coordinación.

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El presidente de dicha comisión, Arturo Moscoso, aclaró que Meza deberá tramitar las observaciones al informe y que, en el caso de que se requiera información adicional, actuarán “como intermediarios con la Función Ejecutiva para obtener los documentos que se necesite” en esta última fase.

En ese contexto, la familia Gabela espera más información sobre las conclusiones a las que llegó Meza sobre el asesinato y cómo se dio el proceso de compra de los helicópteros Dhruv.

En dichas conclusiones, Meza describió que existen “suficientes indicios” para ubicar a dos generales de la FAE en servicio pasivo, Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa, con “motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales” del crimen.

Quito, martes 12 de julio del 2023 Rueda de prensa por la entrega del tercer producto a la señora Patricia Ochoa y a la Defensoría del Pueblo por parte de la comisión de coordinación con el perito Roberto Meza en el caso Gabela. Fotos: Rolando Enríquez/API Foto: API

Consideró que con la muerte de Gabela “terminarían las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv”.

A lo que articuló que en “la relación de mandos dentro de las instituciones, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv”.

Así también, que existió “por parte de agentes de la FAE un sistematizado seguimiento al general Gabela desde el 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional”.

Para analizar el documento reconstruido de 73 páginas, personal de la Defensoría del Pueblo mantuvo reuniones con Patricia Ochoa y sus abogados; y, según las actas que son públicas por disposición de la Corte, el pedido de la familia es que se pida al perito que determine de ”manera clara el móvil del crimen y aclare las cuatro conclusiones respecto a la autoría del asesinato, y las motivaciones personales y económicas”.

Ochoa pide detalles de quienes eran los miembros de la Junta de Defensa Nacional cuando Meza elaboró el tercer producto en el 2013.

Espera acceder a las actas y grabaciones sobre la compra de los Dhruv que se dieron en la Junta de Defensa; cuáles fueron los problemas que surgieron con la llegada al Ecuador de estas aeronaves; quiénes formaron parte de las comisiones de contratación; y quién las recibió.

Solicitó también conocer cuál fue la institución o persona jurídica que tiene la información del polígrafo que se aplicó a los cinco procesados por el asesinato del general en el 2013.

Ello, debido a que uno de los procesados, Jaime A., alias el Cojo, habría dicho al perito que quien disparó a Gabela en diciembre del 2010 se hacía llamar alias Francis.

A su vez, que alias Francis le había contado al Cojo, que, supuestamente, recibió pagos por parte de “un general de la FAE” para cometer el hecho.

Sin embargo, según Meza, el video de esa entrevista no consta en los archivos.

En esa línea, Ochoa pidió conocer quiénes fueron las personas del Ministerio del Interior de ese entonces que le retiraron las computadoras a Meza cuando culminó su pericia.

Quiere saber si hubo financiamiento público para la persecución a su esposo y que se ahonde en la identidad y estado de alias Francis.

Según la reconstrucción, Francis respondería a la identidad de “Francisco Israel Cruz Vargas” y no estaría muerto, como se informó en el 2012.

Meza reveló el 11 de julio que, según información del Consejo Nacional Electoral (CNE), Francisco Israel Cruz Vargas, que tenía también la identidad de “Derly David Salazar Vargas”, votó en los comicios presidenciales del 2021, por lo que no estaría muerto.

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Para Ochoa, es relevante que se aclaren las distintas versiones que estaría dando el Cojo sobre el crimen y qué información se llegó a determinar en el segundo producto de que hubo delincuencia organizada alrededor del asesinato.

Meza en su análisis integra la pregunta “¿Qué general podría tener motivos para ordenar el crimen de Gabela?” y enuncia dos motivaciones de los posibles autores intelectuales, “profesionales y económicas”, que involucrarían a los generales en servicio pasivo Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa, de acuerdo con su pericia.

La Defensoría del Pueblo critica el informe de Meza, pues asegura que “no se da a conocer la teoría del delito, tampoco existe sustento científico, especialmente cuando se expresa la motivación de los posibles autores intelectuales, las cuales son agrupadas en dos causas: profesionales y económicas; mientras que en las conclusiones señala causas personales y económicas, limitando el análisis a un concepto de fuerza detractora de carácter emocional que le impulsa a un individuo a cometer un delito”.

En el oficio remitido a la Corte, la Defensoría critica lo hecho por Meza porque no tiene “fuentes primarias” y que el móvil del crimen “está basado en declaraciones de prensa, no en una teoría del delito, porque se establecen preguntas cuyas respuestas no son contestadas en el informe y ni se explica que sean parte de una metodología científica aplicada para la elaboración del informe”.

El documento firmado por el defensor encargado, César Córdova, anticipa que no se “pretende generar condiciones para deslindar de responsabilidades civiles y/o penales según lo defina la autoridad competente; tampoco significa, de ninguna manera, allanarse a una postura sea de política partidista o de las partes en los procesos judiciales que correspondan para determinar responsabilidades”.

Al contrario, justifica que “es necesario recalcar que lo que se enuncia no determina supuestos de culpabilidad o controversia en los casos judiciales específicos que determinarán, de ser el caso, responsabilidades”.

Esto en el contexto de que la Corte Constitucional ofició a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado a que investigue y establezca responsabilidades alrededor del manejo documental de este tercer producto. (I)